Rurales | 05 Jul La incidencia del Impuesto de Primaria en el sector lechero “no sería de mayor impacto en los productores de la cuenca al norte del Río Negro, de acuerdo con el sondeo efectuado por EL TELEGRAFO con referentes de las gremiales de productores de Paysandú, debido fundamentalmente al área que se dispone para la explotación agropecuaria.
“De todas maneras y en las actuales circunstancias de crisis que vive el sector, con precios a la baja, falta de mercados para la colocación y un dólar alto, que determinan que los números sean en rojo, cualquier impuesto suma y complica”, coincidieron los entrevistados.
Los dirigentes explicaron que, para el sector lechero, un 60% de los costos de producción se lo lleva la alimentación --compra de semillas para la implantación de verdeos y praderas, y ración para los vientres-- y otro importante porcentaje la energía, tanto la electricidad como el gasoil.
En el caso del Impuesto de Primaria, “no son muchos los productores que deberían aportar al impuesto si se tiene en cuenta que son aquellos que tienen más de 300 hectáreas e índice Coneat 100” (o mayor). En este caso, los dirigentes recordaron que un buen número de los productores lecheros “son colonos y otros poseen campos arrendados, por lo que aún no saben qué decisión adoptarán en caso de superar esa cantidad de campo, si lo absorberán ellos o el titular del establecimiento”.
Respecto a la situación en el departamento de Paysandú, solo el 20% de los 53 productores socios a la Asociación de Productores de Leche de Paysandú (APLP) deberían pagar el Impuesto de Primaria, en tanto el 67% tiene superficie arrendada. Estos datos corresponden a la encuesta realizada entre diciembre 2014 y febrero 2015, por técnicos de la Estación experimental “Dr. Mario A. Cassinoni” (Eemac) de la Facultad de Agronomía
“Estamos hablando de unos pocos productores --10 aproximadamente-- que tienen un mayor capital que el resto y para quienes no habría una mayor incidencia por este impuesto, más allá de que reconocemos que en la actual situación del sector ningún impuesto es bienvenido”, expresaron desde la gremial.
En el caso de la Asociación de Productores de Leche de Parada Esperanza (APLPE), indicaron que “la incidencia es poca y son solo 5 o 6 productores los que se verían afectados por el impuesto”.
De todas maneras, entienden que “al ser 1,5 dólares por hectárea lo que debería pagar el productor, la incidencia no sería mucho y si se toma como referencia el grueso de la leche, no sería de importancia”. Especificaron que “no será relevante en un estrato de productores medianos para abajo”.

SIN RESOLUCIÓN
El proyecto que restablece el Impuesto de Primaria para los inmuebles urbanos, suburbanos y rurales mayores a 300 hectáreas con índice Coneat 100 presenta contradicciones e imprecisiones, que han determinado que aún no haya sido sancionada la ley.
En concreto, el proyecto pasó la semana anterior a estudio del Senado, que debe aceptar o rechazar las correcciones aprobadas en Diputados.
El problema se descubrió cuando el proyecto fue analizado por la comisión de Hacienda de Diputados, donde el experto constitucionalista Juan Pablo Cajarville dijo que se necesitaba para sortear el problema “una decisión política” de la bancada del gobierno. El error fue que el artículo primero del proyecto reinstalaba y remitía a artículos de otra ley, donde se extinguía el mismo impuesto.
Las otras dos modificaciones refieren a darle más precisión a la redacción de la norma que restablece el impuesto, y fueron promovidas por la bancada del Frente Amplio.
Uno de los momentos de mayor aspereza en la última sesión se produjo cuando desde la oposición se insistió en la desigualdad que causará esta ley porque por ejemplo la empresa Montes del Plata no pagará el impuesto, porque los emprendimientos de su tipo están exonerados por la ley forestal.
Otro de los aspectos en los que desde algunas gremiales del agro se insiste --caso de la Federación Rural durante su último congreso anual en Artigas-- es que el destino del impuesto sea efectivamente para Primaria y en particular las 1.125 escuelas rurales, aunque desde el Poder Ejecutivo ya se ha indicado que el monto recaudado será para Rentas Generales.
El restablecimiento de este impuesto alcanzará al 19% de los contribuyentes del sector agropecuario. Según el gobierno, el producto rendirá a las arcas del Estado unos $400 millones anuales (menos de 15 millones de dólares al cambio actual), y a los productores les significaría 1,5 dólares más de gravámenes por hectárea. Una de las propuestas discutidas en sala, promovidas por la oposición hace pocos días, plantea que la exoneración actúe como una especie de mínimo no imponible para las primeras 300 hectáreas.
“Es decir, que el productor de 350 hectáreas, que es un pequeño productor, pague por las últimas 50 y no por las primeras 300”, indicaron.

SIN NOVEDADES
Días atrás, el contador Federico Camy, de Guyer y Regules, y asesor de la Federación Rural en este tema, explicó que “el texto y los temas principales de definición del impuesto están aprobados y no hay novedades en ese asunto”. Además, aseguró que lo ocurrido fueron “matices de redacción en menciones a artículos que estarían derogados o modificados anteriormente, por lo que el proyecto se mandaría a la Cámara de Senadores para corregir esos detalles”; sin embargo, “todo hace indicar que después de eso quedaría cerrado el tema”.