Opinion | 07 Jul Con una inflación en el primer semestre del año que es la más alta desde 2003, teniendo en cuenta que el Índice de Precios al Consumo (IPC) se aceleró en junio por cuarto mes consecutivo y en 12 meses trepó de 8,41% al cierre de mayo a 8,53%, se confirma un panorama en deterioro para Uruguay en la presente coyuntura, que significa una reversión del escenario tras una década con un entorno internacional excepcionalmente favorable para el país y la región.
No es hora de tremendismos ni de tratar de romper con los esquemas, sino de pasar raya y ante los desafíos por delante, encarar correctivos para superar un período que esperemos sea breve, pero para el que es preciso elevar las miras y sobre todo identificar los problemas, las causas, eventuales medidas paliativas y asumir que ningún sector por sí solo puede afrontar toda la responsabilidad ni las consecuencias, sino que entre todos se podrá superar el reto del estancamiento en la economía.
En este contexto no debe subestimarse ni mucho menos que la suba de la inflación es un indicativo adverso que justamente se acentúa previo al comienzo de las negociaciones salariales que estarán signadas por las nuevas pautas dadas por el gobierno, y cuando se prevé una fuerte resistencia de los sindicatos para avanzar por ese camino. Además, nuevamente las pautas de inflación señaladas por el gobierno pecan de absoluta falta de credibilidad.
Es así que durante el primer semestre del año la inflación acumulada es de 5,64%, el mayor registro desde 2003 cuando el dato había sido de 6,09% para similar período. Los precios subieron en junio un 0,45% y fue el mayor incremento para ese mes desde 2009 cuando el guarismo había sido de 1,14%, aunque igualmente ha sido la menor suba mensual en lo que va del año.
La inflación interanual no estaba en los niveles actuales desde agosto del año pasado, y de esta forma el IPC completó 54 meses seguidos por fuera del rango meta fijado por el gobierno para todo el año (que es de entre 3% y 7%), y este es precisamente un punto distorsionante en la negociación salarial, como así también en las previsiones de las empresas, porque en este escenario es imposible otorgarle cierto grado de credibilidad a las pautas que expone el gobierno.
Así, el jefe de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía, Andrés Masoller, dijo al programa “No Toquen Nada” de Océano FM que “es probable que se requiera más tiempo, más de dos años, tres, cuatro, para lograr que la inflación se ubique en el centro del rango” (5%). “Eso no quiere decir que no estemos asistiendo gradualmente a una reducción de la inflación”, añadió.
Para el director del Centro de Economía, Sociedad y Empresa del IEEM, Ignacio Munyo, la suba de la inflación, si bien era esperada, “es una mala noticia” en vísperas de la negociación salarial que además deberá poner sobre la mesa las nuevas pautas del Poder Ejecutivo, de antemano fuertemente resistidas por el Pit Cnt.
“Más allá de la confianza del gobierno en un menor crecimiento del gasto público y menores presiones de demanda, anuncios como la potencial suba del combustible y la cláusula de ajuste del 12% (‘gatillo’ en caso que la inflación anualizada sea mayor al 12% durante la vigencia del convenio) no son señales que favorezcan la credibilidad del compromiso con una inflación del 5%. Si el compromiso fuera creíble, la negociación salarial sería mucho menos compleja”, expresó Munyo a El País.
Y en el ámbito de los economistas, los empresarios y los sindicatos las expectativas no resultan alentadoras, por cuanto los índices no dejan mayor margen para un optimismo fundado. Para la economista de Deloitte, Florencia Carriquiry, las cifras confirman que las presiones inflacionarias siguen “muy persistentes”. Los precios administrados (aquellos que fija el gobierno como tarifas o cuota mutual) siguen siendo claves para la contención de la inflación con un aumento acumulado de 3,8% en los últimos 12 meses.
Según Carriquiry, el espacio para mantener esta estrategia “ya no está” si se toma en cuenta que el petróleo está subiendo y hay falta de lluvias, lo que supone una realidad muy diferente a la de inicios de año para Ancap y UTE, y que además en el primer caso afronta un déficit considerable.
En ese marco, contemplando que el dólar seguirá subiendo en los próximos meses e incorporando además otras medidas (probable aumento de combustibles, reciente aumento del Imesi al tabaco y eliminación de la exoneración de IVA a las carnes de pollo y cerdo), la economista dijo que la inflación cerrará el año entre 8,5% y 9%, incluso tomando en cuenta un nuevo UTE Premia en diciembre.
Ahora, es notorio que los empresarios y los sindicatos, cada uno desde su óptica e intereses en juego, no ven con buenos ojos este escenario, porque en todos los casos están de por medio por un lado la rentabilidad y la subsistencia de las empresas y, por otro, se insiste en la necesidad de recuperar poder adquisitivo. Es decir, con pautas por encima de la inflación, y a la vez se pretende que se mantengan los niveles de empleo, lo que resulta imposible porque va contra las leyes de la economía.
Corresponde ser realistas y asumir que no va a aparecer la solución mágica para estos desvelos, y que en lugar de tironeos, presiones y reclamos, es hora de que el gobierno y los principales actores de la economía pongan las cartas sobre la mesa y se pueda actuar a la altura de las exigencias para encontrar respuestas.
No será fácil, porque cuando estamos nuevamente ante el síndrome de la frazada corta, se requiere contar con mayor riqueza de un momento a otro, lo que no está previsto en el corto plazo ni mucho menos, aunque sí debería encararse acciones para que resulte más barato producir bienes y servicios. Ello solo puede lograrse con una mayor productividad, y paralelamente que haya menor carga tributaria y costos de insumos para las empresas.