Opinion | 03 Jul El reordenamiento de prioridades en las obras de OSE, en base a las directivas del Poder Ejecutivo, no permite ser optimistas en cuanto a una dilucidación más o menos cercana del proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas cloacales en Paysandú, que es un proyecto ya “añejado” y que lamentablemente sigue en la lista de espera pese a los anuncios, promesas y evaluaciones de pronta concreción.
En el caso de Paysandú, es notorio que desde hace décadas el ente nos debe una obra adecuada a los requerimientos de la ciudad, en cuyo saneamiento se han incorporado notorias mejoras en los últimos años, pero que sigue resultando insuficiente ante la expansión de la zona urbana.
Con todo, como señalábamos, en esta lista de obras pendientes el organismo ha encarado la puesta en marcha de un proyecto que ha incorporado zonas que se encuentran en la periferia y que carecían de este servicio fundamental, y que permitirá entre otras mejoras de calidad de vida para los vecinos también eliminar vertidos clandestinos a cursos de agua como el arroyo La Curtiembre y sangradores que también van a derivar al río Uruguay con su carga de aguas servidas.
Lamentablemente, con una red de saneamiento extendida, el organismo sigue vertiendo aguas negras al paterno, como lo ha hecho desde hace décadas, y pese al alto poder depurador por el caudal del río Uruguay, hay una carga contaminante que no debe ser admitida nada menos que en un río compartido, además, en su administración, a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), y donde asimismo tiene injerencia la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
Según la información recogida recientemente por EL TELEGRAFO, once plantas potabilizadoras --entre ellas las de Paysandú-- figuran en la lista de prioridades de la Comisión de Agua, Medio Ambiente y Cambio Climático, que trabaja en la agenda que encarará OSE en este período, de acuerdo a las directivas que indicó el presidente Tabaré Vázquez, y que cambiará el orden de lo planificado por el ente, dilatando en el tiempo la concreción de proyectos como la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Paysandú.
Una mala noticia para los sanduceros, que desde hace muchos años reclaman con toda razón que cesen los vertidos de aguas negras al río Uruguay, de una vez por todas, cuando además ya se solucionó el tema de los terrenos que debían ser expropiados para la instalación de la planta, aunque subsisten diferencias entre CARU y la Dinama respecto a los estudios de impacto para la obra.
Ocurre por lo tanto que, por una razón o por otra, la inversión se demora y ahora el emprendimiento ha quedado relegado en la lista de prioridades, porque el dinero con que se cuenta es insuficiente y como no podía ser de otra manera en la óptica del gobierno central, los recursos primero van para el sur y si queda algo, se atenderá lo que se necesita al norte del Santa Lucía. La obra de la planta de tratamiento de residuos cloacales de Paysandú, si bien es un proyecto que data de lustros, por lo menos, fue anunciada con bombos y platillos en 2005, a poco de asumir la Administración Pintos, pero en 2014 hubo un nuevo cambio de planes y volvió a demorarse el proyecto, con el argumento de que la planta sería reformulada para lograr mayor eficiencia y mayor poder depurador de las aguas residuales, ante las nuevas exigencias internacionales.
La realidad es que OSE se ha quedado sin dinero, y, según expresó el presidente del organismo, Milton Machado, “en la medida en que se mantenga esta estructura tarifaria, será muy difícil continuar financiando todas estas obras con costos en millones de dólares”.
Será por eso que por las dudas en el Interior ha pasado a cobrarse el cien por ciento del alcantarillado variable, es decir otro tanto que el consumo de agua potable, a cuenta de las inversiones que por ahora no se van a hacer, porque el ente está desfinanciado y sin duda arrastra un déficit significativo en inversiones no solo para extender y mejorar sus servicios, sino para reemplazar cañería e instalaciones que ya han cumplido su vida útil, a la vez de encarar reparaciones que no duren lo que un lirio, como suele acontecer.
Para Machado, “a OSE se le ha exigido mucho, intenta responder y estar a la altura en la medida de sus recursos y posibilidades”, y aclaró que “OSE se financia exclusivamente por lo que ingresa por la tarifa. Es cierto que OSE no aporta a Rentas Generales, pero tampoco recibe nada de ésta. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y responsables con la gestión financiera del organismo, priorizando ese tipo de cosas”.
El punto es que este anuncio de imposibilidad material de encarar obras imprescindibles para la población se conoce cuando ha transcurrido más de una década de bonanza económica en el país, que hubiera permitido con un manejo criterioso contar con un colchón de recursos y espacios fiscales para abordar emprendimientos del tenor requerido.
Pero sin duda el Estado, y las empresas estatales en particular tienen como común denominador un serio déficit en gestión, consumen muchos más recursos de los que debieran y devuelven a la vez al ciudadano apenas una parte de lo que éste paga muchas veces por tarifas abusivas en régimen monopólico, y con altos costos internos de funcionamiento en burocracia, como regla general.
En este caso en particular lo que expresa Machado respecto a los serios problemas de disponibilidad de recursos confirma esta regla, porque además se hicieron en su momento previsiones como la planta de efluentes cloacales de Paysandú para la que había recursos asignados, que se han esfumado más allá de la argumentación que se maneje respecto a prioridades en las que hasta ahora siempre nos han tocado las verdes.