Nacionales | 05 Jul Un proyecto de ley presentado al Senado pretende establecer como procedimiento habitual en el sistema judicial el procesamiento de los padres cuyos hijos menores de 18 años cometan delitos, una medida polémica que ya se aplica, pero no regularmente.
“Lo que queremos es contribuir a la seguridad pública en Uruguay. Creemos que buena parte de la causa de que los muchachos cometan esos delitos es que se han criado solos, viven solos, nadie se hace responsable de ellos. Entonces lo que queremos es que cada padre sea policía de su hijo”, señaló a la agencia EFE el senador nacionalista Sergio Botana, autor del proyecto. Actualmente, el Código Penal prevé el delito de la “omisión de los deberes inherentes a la patria potestad”, que ha sido aplicado por algunos jueces en casos que involucran a menores infractores como forma de castigar a sus padres bajo la alegación de no haberlos cuidado.
Para Botana, sin embargo, la aplicación de ese instrumento jurídico hoy en día depende del juez, por lo que desea universalizarla a todos los casos de menores infractores. “Lo único que hace este proyecto es que cada vez que un menor cometa un delito, esa acusación se hace automáticamente al responsable del menor. Y tendrá el responsable del menor la carga de demostrar si lo cuidó”, añadió el senador.
Por otro lado, expertos advierten que la interpretación de la ley actual, vigente desde los años 1970, ha afectado en particular a mujeres cabezas de familia y de contextos vulnerables, que terminan encarceladas para pagar penalmente por los actos de sus hijos. “Hay más tendencia a que sean las madres porque hay múltiples hogares monoparentales en los que es la madre la que queda a cargo de los hijos y muchas veces sin asistencia no solo económica, sino de todo tipo”, declaró a EFE la defensora pública Mónica Gaggero.
El pasado marzo, una madre fue detenida después de que su hijo de 12 años fue acusado de participar en robos junto con un grupo de menores en un barrio periférico de Montevideo. “A pesar de no tener antecedentes fue procesada con prisión, cuando la ley habilita a que sea procesada sin prisión pudiendo imponerse algún otro tipo de medidas”, relató Gaggero, quien trabaja en el caso y agregó que esa madre pasó 50 días detenida hasta que la pudo liberar basándose en un informe sobre su salud e historia vital.
En 2013, el debate hizo eco en el país tras la prisión de tres madres de adolescentes que participaron en un asalto con un homicidio. Varias organizaciones sociales y un grupo de expertas en género y derecho de la Universidad de la República se manifestaron entonces en repudio a la decisión del juez de procesarlas por “omisión de los deberes inherentes a la patria potestad”. Recordaron que una de las impulsoras de la legislación aplicada, la referente nacional Adela Reta, alertó en 1982 de que esa “ley puede convertirse en una forma de sancionar la miseria y la incultura” si no se consideran las condiciones de “los obligados”. Además, el texto difundido por el grupo académico cuestionó por qué se detuvo a las madres sin involucrar a los padres de los jóvenes acusados.
En respuesta, el Poder Judicial publicó un comunicado argumentando que los hombres también son procesados por delitos de la patria potestad. Sin embargo, los datos demostrados en ese informe incluyen otro eje de la ley, que es la omisión de asistencia económica y que, según expertos consultados por EFE, suele recaer sobre los varones, lo que puede haber interferido en el resultado divulgado.
Según el documento, de 2010 a agosto de 2013, 142 personas fueron imputadas por delitos relacionados a la patria potestad, de las cuales 72 eran varones y 29 casos se refirieron a la asistencia económica. Para Gaggero, la medida en cuestión atiende a una presión de la prensa y ha servido como alternativa para la baja de la edad de imputabilidad penal, que fue rechazada en un referéndum el año pasado.
El proyecto de ley tramita ahora en el Senado y, en el caso de ser aprobado, pasará a la Cámara de Diputados.
SUNCA NEGOCIARÁ EL FUTURO DE OBREROS DEL ANTEL ARENA
Mañana habrá una reunión tripartita entre el Sunca, el Ministerio de Trabajo y la empresa constructora del Antel Arena para definir las pautas a seguir luego de la suspensión del proyecto por parte del presidente Tabaré Vázquez. El dirigente del sindicato de la construcción, Faustino Rodríguez, declaró a radio Montecarlo que se acordó realizar una retirada ordenada hasta el 15 de julio y que en la reunión del lunes se comenzará a dialogar para encontrar una salida negociada para los 150 trabajadores. “Vamos a acordar la salida con la perspectiva de solución para cada trabajador y que ninguno salga perjudicado”, dijo Rodríguez. En tanto, al ser consultado si Antel les había dado una respuesta sobre el comienzo de obra, el dirigente indicó que les informaron que la suspensión es indefinida: “Pueden ser tres meses como pueden ser tres años”. “No sabemos dónde estamos parados, pero hay mucha gente interesada en que siga la obra”, agregó.
PIT-CNT INDICÓ QUE NO HAY “GARANTÍAS”
El economista del Instituto Cuesta Duarte, Hugo Bai, sostuvo que tras las pautas establecidas por el gobierno “no hay garantías sobre cuál va a ser el crecimiento del salario real”. Bai declaró al programa “No toquen nada” de Océano FM que “el efecto lotería básicamente es la incertidumbre que tienen los lineamientos”. Agregó que “se explica por el lado de que uno, al momento de firmar el convenio, como no tiene claro cuál va a ser el comportamiento de la inflación, no puede tener garantías sobre cuál va a ser el crecimiento del salario real, que en última instancia es lo que más les preocupa a los trabajadores”.
Señaló que nadie imaginaba las dificultades que se le plantearon al Pit-Cnt con estos lineamientos. Además, dijo que están diseñados para el salario aumente menos de lo que crecerá la economía. “Si algunos grupos firmaran sobre estas bases, tendría que haber un descenso muy pronunciado de la inflación, más importante de lo que van bajando los aumentos nominales que propone el gobierno, para que se vayan concretando las mejoras salariales”, detalló.
“Estamos hablando de crecimiento del orden del 7,5 u 8%, y es muy difícil que la inflación caiga muy por debajo de eso como para que se constante aumentos salariales, por ejemplo, del entorno de lo que va a crecer el PBI, que el propio gobierno estima entre 2,5 y 3% por año”, añadió.
Bai manifestó que las proyecciones sobre inflación y crecimiento que manejan los analistas privados y el gobierno son compartibles, pero que la evolución futura de la inflación está fuera del alcance de la acción de los trabajadores. “Nosotros manejamos diferentes escenarios. Uno en que la inflación se puede mantener, que tenga a lo largo del convenio 8% en cada año. Y algunos otros escenarios más favorables a la idea del gobierno de tratar de ir reduciendo los precios de la economía y, en ese sentido, manejamos que puede llegar a caer un punto porcentual por año y eventualmente en 2018 ubicarse cerca del centro de la meta, que actualmente es 5%. En ese caso, el impacto de estos lineamientos es menor en el sentido de lo que puede generar en los salarios reales, pero es una variable muy difícil de pronosticar lo que puede pasar y con toda seguridad fuera del alcance de lo que pueden manejar los trabajadores, y eso ha generado mucha preocupación y bastante malestar”, dijo.
HOMICIDIO EN RIVERA ACLARADO EN EL DÍA
Andreson Mauber Vázquez Suárez, de 20 años, fue hallado sin vida tras ser herido con un arma blanca por otro individuo, en la ciudad de Rivera, según información brindada a EL TELEGRAFO por el subjefe de Policía riverense, Héctor Muñoz. El asesino del joven fue procesado con prisión. A la 5.25 de la mañana del viernes, a través de la Mesa de Central de Operaciones, la Seccional Décima tomó conocimiento que había una persona herida de arma blanca en barrio Paso de la Estiba.
Al arribar la Policía, constató el cuerpo ya sin vida de Vázquez Suárez. En el operativo se detuvieron cuatro personas que se encontraban ingiriendo alcohol con la víctima y que señalaron a Anderson Eduardo Machado Vargas como el agresor.
Los detenidos confesaron que Machado, tras discutir con la víctima, le dio un puntazo a la altura del tórax, dándose a la fuga. Inmediatamente, los efectivos policiales detuvieron al agresor que se encontraba en su domicilio.
Trabajaron en el caso la Seccional Décima, Dirección de Investigación y Policía Científica. Además, se hizo presente la juez de feria, doctora Noelia Sánchez y la fiscal doctora Patricia Sosa.
El detenido fue procesado con prisión por homicidio especialmente agravado por la premeditación. En tanto los otros cuatros detenidos fueron puestos en libertad.