Opinion | 08 Jul A pocas horas del referéndum convocado el pasado domingo por el gobierno griego para tratar de justificar, a través del voto popular, su postura negativa a la propuesta de la denominada Troika europea como condición para asistir financieramente a la nación helénica, ésta ha entrado en la primera prórroga del corralito impuesto hace diez días.
La diferencia es que las restricciones se han acentuado tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener el límite de créditos a los bancos y además elevar las garantías que pide a cambio de ellos. Tanto la Bolsa de Atenas como los bancos han continuado cerrados y las colas ante los cajeros automáticos, donde está permitida la retirada máxima de 60 euros por día con la perspectiva de rebajarla ya a 30, se mantenían el martes en el mismo nivel de los pasados días.
Según el decreto ley publicado en sustitución del que entró en vigor el lunes de la semana pasada, las restricciones serán las mismas en los próximos dos días, y ello significa que además de las limitaciones a la retirada de efectivo, se mantiene la prohibición de todas las transacciones de dinero al extranjero con excepción de los pagos para las importaciones de productos de primera necesidad.
El goteo de retiradas deja mella en el sistema bancario, que debería estar quedándose sin efectivo si se tiene en cuenta que entraron en el fin de semana con tan solo 1.000 millones de euros disponibles para los depositantes, según reconoció la Unión Griega de Bancos el viernes.
La situación puede hacerse más difícil desde que el BCE decidiera mantener el techo de los créditos que pueden pedir los bancos en 89.000 millones de euros, pero con el agravante de que les pide más garantías, lo que podría llevar a las entidades financieras a pedir menos préstamos y asfixiar aún más su liquidez.
El gobierno confiaba ayer en que si la cumbre del martes en Bruselas enviaba algún mensaje positivo que apunte a la reapertura de las negociaciones entre Grecia y sus acreedores, el BCE podría volver a abrir el grifo de las inyecciones de liquidez, lo que evitaría el colapso definitivo de la banca.
Ahora, es notorio que entre otros serios problemas derivados de su gran endeudamiento, enorme déficit fiscal y por varios años sostener una calidad de vida por encima de sus posibilidades, Grecia ya ha ingresado desde hace tiempo, a partir de las negociaciones e inyecciones de dinero de la UE, en un ajuste que ha resultado insuficiente, ante la magnitud del desfasaje, incluidos los compromisos financieros con la eurozona.
El referéndum popular que rechazó la propuesta de la UE en realidad solo podía tener el desenlace negativo que tuvo, porque para eso precisamente lo convocó el gobierno: para tener un respaldo masivo en las urnas contra la propuesta de austeridad del plan de Unión Europea. No puede extrañar que el electorado griego expresó que no se quiere más austeridad de la que ya se vive en esta nación, porque ello significará todavía más carestía, y ninguna persona, por mejor ubicada que esté, va a votar contra sus propios intereses y posibilidades, cuando puede arriesgarse a jugar otras cartas.
En suma, los griegos no quieren ajustarse aún más el cinturón, lo que es comprensible, por lo que más que un mensaje respecto a la propuesta en sí, lo que dijeron los griegos --obviamente-- es que no quieren pasar aún más necesidades.
Es que realmente el costo social ya es muy significativo, pues incluye recortes a pensiones y beneficios de retiro, así como de los ingresos, desempleo y restricciones en el crédito, y con todo ha resultado insuficiente para lograr un margen que permita absorber el costo de la deuda y los compromisos financieros con los bancos europeos.
Estos a la vez condicionan una nueva asistencia a contar realmente con determinadas garantías de cobro, porque además es indudable que si bien los griegos no quieren más impuestos ni sacrificios para hacer frente a estos compromisos, ante la calidad de vida que ya han perdido, no es menos cierto que la asistencia financiera que piden es a cargo y costo del trabajo de los pueblos de otras naciones.
Estos, por supuesto, no tienen la obligación de hacer sacrificios, aunque en comparación sean muy menores, para pagar una crisis que la generaron los que vivieron una fiesta que no estaba a su alcance, siguieron pateando la pelota hacia adelante y ahora ha llegado el momento de tener que pagarla.
Pero esta crisis en la eurozona no es solamente financiera, porque hay de por medio muchos componentes políticos, entre los cuales la posibilidad --aunque improbable-- de que de no haber solución Grecia salga de la zona euro y vuelva a su moneda, el dracma, y una devaluación que le permita acomodar sus costos de cara al mundo.
Aunque todo indica que tiene mucho más para perder que para ganar, y eso lo tienen seguramente asumido los griegos que votaron por no en el referéndum, es decir que rechazaron la propuesta, pero dejando la puerta abierta para una salida que no sea la de dejar de pertenecer a la eurozona.
A Europa tampoco le conviene que un país se salga de la moneda euro, por más que sea una nación marginal desde el punto de vista de la incidencia de su economía en el continente euro, por lo que queda este estrecho margen de apertura a un entendimiento para resignar el cobro de una parte de la deuda, pero con la lección urbi et orbi que no se puede vivir una fiesta irresponsable para siempre, y que cuando se gasta más de lo que se puede, cuando llega el momento de tener que pagar, el efecto traumático es siempre para los más débiles, aquellos precisamente a los que gobiernos populistas dicen querer beneficiar a la hora en que hacen estos desaguisados.