Opinion | 05 Jul El director Nacional de Policía, Julio Guarteche, dijo en la Comisión de Seguridad del Senado que había pedido a familiares de la doctora Milvana Salomone –secuestrada y posteriormente liberada por sus captores– que denunciaran a los periodistas que estuvieron cubriendo el caso, para que la Policía pudiera detenerlos y la Justicia, procesarlos. Guarteche dijo –según la versión taquigráfica publicada por El País–: “Les dijimos si querían denunciarlos procederíamos a la detención de los periodistas porque se trataba de violencia privada. Sin embargo, ellos decidieron no hacer la denuncia”.
La furia contra esos periodistas se basó en la difusión de “algunas filmaciones” obtenidas que, según el jerarca policial, generaron “un cambio en la conducta de los delincuentes que nos perjudicó en la investigación”. Además, obtuvieron más datos importantes en el caso de la doctora secuestrada.
Así las cosas, la culpa de todo lo malo que pasó o pudo haber pasado es de los periodistas. Éstos –que el infierno los consuma– buscaron, investigaron, entrevistaron e insistieron para conseguir el dato que estaba oculto y que alguien se había encargado de esconder. Consiguieron información que la Policía no; exceso total. Y se salvan de pagar como merecen porque terminó la Inquisición, porque por herejes hubieran pasado.
Esos tipos enamorados del “dato”, esos que van tras lo que otros quieren ocultar, esos –según Guarteche– son los que tienen que ir a la cárcel por difundir lo que él y el poder establecido quieren ocultar. Quizás por aquello que dijo el presidente estadounidense Theodore Roosevelt a principios del siglo XX, que los periodistas eran muckraker, que traducido al idioma de Cervantes es algo así como “removedores de la m...”. Claro, pequeño detalle, ese grupo de insurrectos investigaba abusos, inmoralidades y corrupciones de esa época. Removían lo que había, en otras palabras.
Pero de todo lo expresado por Guarteche, hay algo que quizás se le olvidó en su afán por meter presos a los periodistas. Esto es, no dijo en momento alguno que algo –siquiera algo– de lo difundido no fuera cierto. Habló sí de “actitud”, como si la noticia dependiera de la motivación.
El Ministerio del Interior (sea quien sea el ministro) una y otra vez vuelve a la carga en su queja por lo que entiende un exceso en la cantidad de noticias policiales que se ofrecen. Bueno, no se informa sobre los suicidios, pero en lugar de reducirse, aumentan. Y, sin duda, que la información policial es relevante para el ciudadano, que tiene derecho a saber lo que pasa en su barrio, a su vecino, en su país.
Esta es una época ideal para hacer periodismo, y un momento complicado para ser periodista. Se plantean desafíos que van más allá de la calidad para redactar, de cultivar el amor por la lectura o de la sagacidad para bucear y encontrar indicios que originen nuevas investigaciones. Hay que luchar contra quienes quieren a toda costa controlar lo que se difunde, porque quienes eso buscan, en el fondo lo que pretenden es controlar el pensamiento colectivo, sometiéndolo a los intereses de quienes ostentan el poder.
La información policial, por razones de difícil comprensión, cada vez es más escasa a nivel oficial. Sin ir muy lejos, la Jefatura de Policía de Paysandú –que seguramente sigue directivas del Ministerio del Interior– no permite a los encargados informar de un hecho, cualquiera sea, aun en forma posterior a la resolución judicial.
La Oficina de Prensa brinda información incompleta, imprecisa y completamente a destiempo. Y si nos guiásemos por la información oficial, en Paysandú podría decirse que no ocurren casi accidentes de tránsito –ni siquiera graves–, ni hurtos , ni violaciones de menores , etcétera.
Esto es tan así que el benemérito ministro Eduardo Bonomi, cuando introdujo el sistema Tetra de codificación de la comunicación policial interna radial, se encargó de dejar en claro –paradójicamente, ante las cámaras de la televisión– que la gran ventaja que tendría el nuevo sistema es que la prensa no se iba a enterar de los operativos policiales.
No es malo que los funcionarios –como Guarteche– se enojen con la prensa. Como expresa la vieja e irónica frase que va de redacción en redacción, si a un funcionario le gustó una nota, algo se hizo mal. Por el contrario, cuando se afirma que la culpa es de los periodistas, quizás algo se hizo bien. En todo caso, si alguna culpa cabe en la forma en que se informa en la prensa sobre los hechos policiales, ésta recae principalmente en el propio Ministerio del Interior, porque al pretender ocultar los hechos lo único que se logra es fomentar los rumores –que pronto adquieren calidad de verdades, por aquello de que una mentira repetida mil veces se vuelve cierta–, y a su vez obligan a los periodistas a hurgar sin límites en la noticia, tratando de llegar a la verdad que el propio gobierno nos quiere disfrazar.
Pero lo más peligroso es que un funcionario del rango de Julio Guarteche, nada menos que el director Nacional de Policía, incite a enjuiciar a los periodistas por hacer su trabajo, que es informar, y hasta ofrecer el apoyo del sistema para “castigar” a quienes divulgan lo que el gobierno quiere ocultarle a la ciudadanía. La tentación es grande, porque la mejor manera de someter al pueblo es coartando la libertad de informar, permitiendo que se escuche solo la voz oficial.
Es un camino que los uruguayos no queremos volver a recorrer, en donde la democracia está en juego, porque no hay democracia real sin libertad de prensa. Aunque algunos sueñen con emular el sistema cubano y su Granma al servicio del Estado.