Opinion | 05 Jul “El tema prioritario y número uno son las jubilaciones mínimas, hay una deuda social con 100.000 personas que no viven dignamente y el gobierno lo debe resolver”, dijo el secretario general de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), Waldermar González, en mayo pasado.
Por esos días, el presidente Tabaré Vázquez recibió a una delegación de la entidad en la residencia de Suárez que planteó la necesidad de subir el monto de las jubilaciones mínimas a $ 15.000, la restauración de la Ley de Aguinaldos e inquietudes acerca del nuevo Sistema Nacional de Cuidados.
Al finalizar aquel encuentro, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dijo que las reivindicaciones planteadas por los pasivos eran razonables y de recibo.
Un mes y medio después, ante la inminente instalación de los Consejos de los Salarios y los lineamientos presentados por el Poder Ejecutivo para las respectivas negociaciones bajo un halo de “austeridad y cautela”, los pasivos se preocuparon “por el silencio del gobierno” en referencia a aquellos reclamos orientados a mejorar la situación de personas que viven con menos de $10.000 al mes.
La reforma previsional creada en 1989 (Ley 16.713) basada “en el principio de universalidad”, ata las retribuciones de jubilados y pensionistas al índice de salarios. Un duro comunicado de la Onajpu señala que “los 100.000 mayores más pobres del país requieren respuestas urgentes. No hay soluciones a la vista sobre los aumentos sistemáticos de precios de productos básicos, pero se sostienen todos los apoyos fiscales y exoneraciones a los sectores empresariales”.
Por tal motivo, fueron convocados a una marcha hacia la Torre Ejecutiva el 22 del corriente, para reclamar la reinstalación en julio de un aumento por fuera del ajuste anual que reciben en enero y que este año no fue anunciado. En realidad, la continuidad de este plan costaría unos tres, millones de dólares mensuales.
Según datos de la Asesoría General en Seguridad Social del BPS, a julio del año pasado 103.622 personas accedieron a una jubilación de $7.046. De ese total, el 73% vive en el interior del país y 56% son mujeres.
En momentos en que las opiniones se dirigen hacia los salarios y se polemizan sobre las pautas establecidas desde el Ejecutivo, hay un segmento etario vulnerable que aguarda pasivamente a que alguien extienda el discurso de equidad también sobre ellos.