Locales | 16 Jul La Federación de funcionarios de Ancap (Fancap) se moviliza por las reivindicaciones acordadas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en noviembre del año pasado, “de las cuales se concretó un punto y, por otro lado, reclamamos por el convenio en la fábrica de portland. A raíz de la instalación del horno nuevo y la utilización de carbón de coke, el sindicato solicitó capacitación para la instrumentación de la nueva tecnología, recategorización de los cargos y la recuperación de las áreas tercerizadas”, dijo el secretario de Interior, Víctor Garaventa.
El dirigente informó que las “áreas de producción y mantenimiento deben contar con funcionarios de Ancap; sin embargo, finalizan en manos de empresas tercerizadas”. No obstante, reconoció que en los últimos tiempos, “respetan los laudos, pero los patrones acumulan las ganancias con ese sistema y Fancap rechaza la intermediación”.
Explicó que hay 19 empresas dentro del ente que funcionan bajo el régimen del derecho privado, tales como ALUR, CABA, Ducsa o en Argentina con Petroquímica y Cementos del Plata. “El sindicato reclama que pasen a funcionar bajo el derecho público, porque el ente banca ese tipo de inversiones”, precisó Garaventa a EL TELEGRAFO.
Consultado respecto al derrumbe del techo de un galpón de ALUR, tras la caída de un conducto que atravesó varias chapas y quedó suspendido, Garaventa reconoció que “nos enteramos por la prensa porque no tenemos una vinculación directa. No sabemos lo que realmente pasó y nos sorprende –como a todos-- que una obra nueva haya colapsado. Por suerte, no hubo heridos, si no la empresa se las hubiese visto negras”.
Por otro lado, señaló que Fancap apoyó las movilizaciones efectuadas por el sindicato de la construcción en la jornada anterior, en reclamo de mayores inversiones en obras públicas. “Más allá de que este gobierno reclama inversiones en el Interior, el inversor privado no lo hace porque elige principalmente Montevideo o Maldonado y la única solución ante la desocupación en la rama de la construcción son las inversiones de las empresas públicas. En este caso, no solo reivindicamos las obras del tercer horno, sino que también lo haga OSE, UTE o Antel, incluso la Intendencia de Paysandú”.
Garaventa añadió que el ministro de Economía, Danilo Astori, anunció que “el actual gobierno invertirá más que los anteriores” y “en eso estamos de acuerdo, sin embargo, no compartimos el mecanismo de inversiones”.
El dirigente consignó que “hablan de inversiones a través de las AFAP y con una ley de Participación Público Privada (PPP) votada por unanimidad en el ámbito parlamentario por los cuatro partidos. Una pregunta que nos hacemos los trabajadores y no la he escuchado en la prensa es: ¿si las AFAP dan ganancia, entonces qué hacen con la plata? En nuestro caso, no nos mejorarán las jubilaciones. Pero, si realizan una inversión que resulta deficitaria, ¿quién se hace responsable de las pérdidas? Es ahorro de los trabajadores en un sistema con el que no estamos de acuerdo, sino que continuamos defendiendo el sistema solidario del BPS”, cuestionó.

RECHAZAN SUBA
DE COMBUSTIBLES
El gremio rechaza una suba del precio de los combustibles que presentará el directorio del organismo al Poder Ejecutivo y sostuvo que “el gobierno no ha resuelto un incremento en los últimos tiempos para no disparar la inflación; si eso ocurría en otro momento, entonces ahora pasará lo mismo. Si sube el precio de los combustibles, también lo harán los productos que integran la canasta básica. Incluso no aumentó en forma considerable el precio del barril de crudo”.
A pesar de un descenso en el precio del crudo Brent, que se ubica en torno a U$S 60, el análisis que realiza el ente toma como base la evolución del precio del petróleo y el tipo de cambio en el último trimestre para evitar una desactualización de la paramétrica, que conformó una parte de las pérdidas del organismo.
La paramétrica vigente indica el barril de petróleo Brent a U$S 60, con un dólar a $24,30 y con esos números, el precio del barril corresponde a $ 1.458. Sin embargo, tomando en cuenta el promedio del dólar (cerró a $28 ayer) y del petróleo (U$S 63,57) en el segundo trimestre del año, ambos costos se ubican por encima de los cálculos. “A todo esto se incluyen las inversiones en la desulfurizadora de La Teja por 600 millones de dólares que no tendrá retorno, pero sí lo harán las que se hicieron en la planta de portland de Minas y Paysandú, en el sentido que se dejará de perder por el carbón”, precisó Garaventa.
“La otra explicación es que las ganancias que recoge el organismo por la venta de combustible se destinen a Rentas Generales y de allí se orienten a otras inversiones en educación u otras obras sociales del gobierno”, añadió.

EL DÉFICIT DE ANCAP
El balance deficitario del ente petrolero ascendió a 323 millones de dólares, correspondiente al ejercicio de 2014, frente a 850 millones de dólares que registró en 2013 o 1.100 millones de dólares en 2012. Según las autoridades del organismo, unos 160 millones de dólares de pérdidas corresponden a las diferencias en el tipo de cambio. “Nadie puede estar de acuerdo con los déficits, sin embargo, se justifica si se invirtieron entre 400 o 500 millones de dólares para mejorar la producción. Lo que no se justifica es un aumento de los combustibles y generar un acumulativo para Rentas Generales. Este año aparecieron las pérdidas porque se comenzó a instrumentar el pago de las deudas por inversiones”, consignó.
Garaventa recordó el convenio por la compra de petróleo a Venezuela, “donde Ancap pagó al contado y obtuvo una rebaja muy importante, pero el que puso la plata no fue el organismo, sino Economía y así el ente termina pagando esos intereses por el préstamo, como cualquier vecino. Esto que aparece como negativo es una cuestión inherente a las empresas públicas que una privada no las tendría y, en este último caso, decidiría un aumento del precio de los combustibles y sus ganancias no retornarían a la sociedad”.

SALUD LABORAL
Los trabajadores del ente cuentan con un ámbito de negociación colectiva que abarca aspectos referidos a la seguridad industrial y salud laboral, incluidos en un departamento de Salud Ocupacional. En los próximos días se realizará una encuesta a los funcionarios de Ancap en Paysandú, orientado a una evaluación del “clima laboral”, a cargo de un equipo multidisciplinario.