Opinion | 16 Jul A partir de la lucha ideológica que se dio desde la década de 1960 y tras el fracaso de cambiar el mundo por medio de la fuerza, se buscó llevar adelante una causa apoyada en maniqueísmos, como es el caso de la lucha de los buenos contra los malos, de los oprimidos contra los opresores, de los ricos contra los pobres, con el común denominador de que había que redistribuir la riqueza como fuera.
Décadas más tarde, cuando esos mismos grupos o sectores de izquierda llegaron al poder a través de las urnas y llegó la hora de la verdad, es decir la de cumplir con aquello que durante muchos años se preconizó, se encontraron con que cambiar la realidad era una cosa distinta a lo que se podía sustentar en eslóganes fáciles de la oposición, o en el fragor de la lucha electoral, con tal de sacar al gobierno de turno.
Así, se procuró hacer creer a nivel popular que los sueldos no se aumentaban porque había gobiernos en connivencia con patronales opresoras, con la oligarquía, y lo mismo ocurría con las pasividades, por la misma razón por la que no se bajaban los precios de los alquileres, de los alimentos de primera necesidad.
Pero a la hora de gobernar, y ya agotada la posibilidad de seguir echando la culpa a la herencia maldita de los gobiernos anteriores, llega el momento de lidiar con los recursos que se tiene y administrarlos de la mejor forma posible, aunque siempre hay quien cede a la tentación de “cortar camino” y propone distribuir la riqueza antes de crearla, con lo que solo se logra potenciar la pobreza y correr la inversión privada, que paradójicamente es la que hace posible los milagros del socialismo.
En suma, no hay leyes de la economía que puedan burlarse, y en todos los casos hay reglas básicas que se debe observar para no tomar el camino del despeñadero, empezando por no gastar lo que no se tiene.
Y una de las leyes de la economía, es que no hay nada gratis, sino que siempre hay alguien que paga por la fiesta, lo que quiere decir que hay transferencias de recursos de unos hacia otros, con determinado fin específico, que puede catalogarse como subsidio en la jerga de la economía. Hay subsidios directos o encubiertos, en una trama que muchas veces disimula de donde salen y hacia dónde van los recursos, y en otros se reconoce que hay subsidios pero puede instrumentarse como medida temporal, de apoyo a determinado emprendimiento hasta que éste pueda moverse por sí solo, con un objetivo temporal que justificaría esta disposición de recursos. Y si para muestra basta un botón, tenemos lo que ocurre en el vecino departamento de Salto, donde el servicio urbano de ómnibus es municipal, por lo que la gestión está a cargo de la Intendencia Departamental, con funcionarios municipales incluidos, naturalmente.
El exintendente Germán Coutinho dispuso bajar el boleto a seis pesos, para permitir que tuvieran acceso al servicio sobre todo jubilados y sectores menos favorecidos de la población, con el argumento de que el servicio se autofinanciaría con el supuesto incremento en la venta de boletos.
Durante un tiempo alguien pudo creer en este argumento, pero la realidad quedó al desnudo cuando surgió que la comuna salteña está arrastrando un enorme déficit, y una de las causas del déficit son precisamente las pérdidas arrastradas por el servicio urbano.
Peor aún, el entonces candidato y ahora intendente Andrés Lima dijo durante su campaña electoral que no pensaba subir el precio del boleto, por lo que los salteños podían estar tranquilos al respecto.
Pero en reciente conferencia de prensa --de la que da cuenta El País Digital-- la nueva administración salteña anunció que por “ajuste inflacionario” el boleto pasa a costar de 6 a 10 pesos, porque Salto no puede pagar subsidio “millonario” y así la unidad de venta de pasajes sube de un salto un 67 por ciento.
El incremento del boleto, enmarcado en una fuerte reducción de gastos, se comenzará a aplicar la semana próxima. El director de Tránsito y Transporte de la Intendencia, Rafael Di Donatto, afirmó que el aumento es debido a que la empresa municipal de ómnibus tiene un “deterioro notorio”.
Al respecto, el jerarca ejemplificó que la empresa de transporte no tiene fondos para mandar a imprimir boletos o reparar uno de los coches nuevos. Advirtió que tampoco hay stock de cubiertas o aceite. Aún así, la empresa seguirá perdiendo plata. Di Donatto aclaró que la empresa seguirá con los números en rojo y que “para empatar” el boleto debería costar $ 16.
Es decir que a 6 pesos la empresa ha perdido durante todo este tiempo por lo menos 10 pesos por boleto, y con el ajuste pasará a perder 6. La empresa está vendiendo 750.000 boletos por mes, por lo que si pierde unos diez pesos por boleto, tenemos que mensualmente este desfasaje es de 7 millones 500.000 pesos, lo que significa casi 300.000 dólares al mes y no menos de tres millones y medio al año.
¿Quiénes pagan este subsidio? Pues nada menos que todos los salteños, incluso los que nunca se subieron a un ómnibus urbano de esa ciudad, porque por mejores intenciones que se tenga, no hay almuerzos gratis, como decíamos, y más tarde o más temprano --los griegos lo saben muy bien, y lo sufren-- hay una realidad que no puede seguirse evadiendo.
En este caso concreto se creó una deuda imposible de afrontar sin asistencia del gobierno central o bancaria, sin fideicomiso o el recurso que sea, pero no hay manera de evitar la responsabilidad y este escenario puede extrapolarse a cualquier ámbito o rubro: no se puede vivir en la fantasía para siempre, y la economía pasa la cuenta, de una forma o de otra, y lo que vale para un gobierno, también vale para una empresa y para el hogar, porque de nada vale hacernos trampas al solitario.