Nacionales | 16 Jul El ministro de Trabajo, Enrique Murro, anunció en conferencia de prensa que el “Antel Arena quedará terminado en este período de gobierno” y que “las obras se reanudarán lo antes posible”. También indicó que Antel Arena funcionará como un organismo público y estatal. En cuanto a su financiamiento, el ministro afirmó que “se buscará que sea público-privado, tanto nacional como internacional” y su estrategia definitiva estará pronta en 15 días, según informó El País.
En ese sentido, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, dijo que “el Antel Arena será una obra del Estado y el financiamiento de la participación pública-privada (PPP) que se pueda obtener es otra cosa. El financiamiento puede tener diversos orígenes, pero la propiedad y el funcionamiento serán públicos”.
Por su parte, Murro aseguró que “se trabajará coordinadamente con las partes, tanto con la empresa como con quien ayude a financiar la construcción, en una propuesta global que cumpla con los objetivos de las obras. Y se analizará la situación hasta la finalización de las obras, atendiendo los reclamos de los trabajadores”. Además, informó que las obras continuarán durante este mes.
Desde hace días el Ejecutivo manejaba varias alternativas para finalizar la obra. Entre ellas, figuran continuar la obra a través de un fideicomiso, que fue propuesto por el edil frenteamplista y exintendente de Montevideo, Mariano Arana, y otra alternativa presentada por la empresa constructora Teyma, que hasta ahora lleva adelante la obra, para hacerse cargo por medio de una asociación público-privada.
En tanto, el Sunca recibió una comunicación del Ministerio de Trabajo firmada por el director nacional de Trabajo, Juan Castillo, que estaba dirigida a Teyma, Antel y el Sunca. “Debido a que se están realizando importantes conversaciones a nivel ministerial en la búsqueda de una alternativa del proyecto Antel Arena, solicitamos postergar por 48 horas el cuarto intermedio previsto”, escribió Castillo.

GOBIERNO DUDA SOBRELLEGADA DE SIRIOS
Uruguay revisa la recepción de las siete familias de refugiados sirios, prevista para fines de 2015 por motivos presupuestarios, informó Javier Miranda, secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República.
“Todo el programa de recepción de los refugiados está sujeto a revisión (...) es costoso y Uruguay está en fase de revisión presupuestal”, dijo Miranda a la salida de una reunión con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes para conversar sobre el tema, informó la agencia AFP. Uruguay recibió a cinco familias en octubre de 2014 de un total de 12 previstas. Las siete restantes --unas 45 personas-- debían llegar al país a comienzos de 2015, sin embargo, antes de que el presidente Tabaré Vázquez asumiera el mandato en marzo, se anunció un cambio en el cronograma, posponiendo la recepción para el último trimestre del año.
Miranda acotó que si bien las siete familias están identificadas, no es posible garantizar en estos momentos que todas sean recibidas en Uruguay. De hecho, todavía es incierto que alguno de estos núcleos sea, en efecto, trasladado al país.
En caso de que Uruguay decida suspender su colaboración en este proceso, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) deberá buscar otro país receptor.
“No es bueno para Uruguay a nivel de comunidad internacional discontinuar los compromisos”, dijo el diputado nacionalista Pablo Abdala, tras el encuentro. “Son dos millones de dólares por dos años para todas las familias, uno puede entender que el país tiene otras prioridades, pero no estamos hablando de algo que el Estado uruguayo no esté en capacidad de financiar”, sostuvo.
Miranda afirmó que un técnico del gobierno viajará en breve al Líbano para conversar con las familias seleccionadas para “conocer mejor sus perfiles”. Asimismo, reconoció que con la llegada del primer contingente esperaban personas más direccionadas al trabajo de producción rural, debido a las características del país.
El vocero insistió en que, a pesar de este percance presupuestal, espera que Uruguay pueda fortalecer su política en materia de refugiados.

PIT-CNT PROPUSOSUBIR IMPUESTOA SUELDOS ALTOS
El Pit-Cnt presentó al gobierno y divulgó públicamente un documento en el que propone incrementar la carga tributaria global de la economía eliminando exoneraciones tributarias e introduciendo modificaciones al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y destinar U$S 1.100 millones anuales a obras de infraestructura procedentes de las reservas internacionales del país.
El documento, en cuya elaboración participó el exministro de Salud Pública, Daniel Olesker, plantea que los salarios públicos mantengan su poder adquisitivo y crezcan al mismo nivel que lo haga el Producto Interno Bruto durante los próximos cinco años, informó El Espectador.
La Central Sindical planteó que el gasto público siga creciendo, que se incrementen las asignaciones familiares y que el plan Siete Zonas se extienda a 30 puntos del Interior del país de forma de atender a más barrios carenciados.
En tanto, Olesker reconoció que la iniciativa supone incrementar la carga tributaria global, pero especificó que ello se lograría subiendo la imposición a los salarios y honorarios que superen los $200.000 mensuales e incrementando los impuestos a las rentas de capital.

MAYOR CONTROL POR VENTA DE ALCOHOL
En una nueva reunión de la Comisión sobre Alcohol, en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, trabajaron para generar medidas contra el consumo abusivo de alcohol.
En la ocasión, participó el presidente Tabaré Vázquez y también autoridades de la educación, así como Milton Romani, de la Junta Nacional de Drogas.
Luego de la reunión informaron que se realizará una jornada nacional que buscará sensibilizar a los estudiantes y sus familias sobre el consumo problemático de alcohol, informó Presidencia.
“El 75% de la población uruguaya no tiene problemas con el alcohol” y “230 mil uruguayos tienen consumo problemático de alcohol”, informó Romani. Además, declaró que se fortalecerá la fiscalización de la prohibición de venta de bebidas alcohólicas de 0 a 6 horas, “tanto como la no venta de alcohol a menores de edad, que sigue siendo un acto de los adultos, que por hacer un mango más, les venden a niños y adolescentes”.
Agregó que van a “meterle con todo a la educación, que es lo central”, para poder “cambiar patrones culturales que no son un hábito ahora”, pero que son “actos a mediano y largo plazo, como este patrón cultural que es buscar la intoxicación alcohólica lo más rápido posible”.
Romani señaló que “desde el punto de vista de la fiscalización, serán muy estrictos y en el presupuesto del INAU está previsto el fortalecimiento de los inspectores que controlan este tema”.
La comisión se encuentra diseñando una política educativa que involucre todos los niveles de la educación, incluidos niños, docentes y familias. En tanto, el 15 de octubre se realizará una jornada nacional alusiva, a la misma hora en todos los departamentos.
Asimismo, apelan a que comerciantes asuman la responsabilidad social de no vender alcohol a menores ni en horarios prohibidos.