Opinion | 11 Jul Con la asunción de los 19 intendentes, los alcaldes, ediles y concejales han quedado instalados los gobiernos departamentales surgidos de las elecciones de mayo último, en un escenario que varía de un departamento a otro, desde que en algunos se han registrado reelecciones, en otros relevos dentro de un mismo partido y en otros han asumido conducciones que han cambiado de colectividad partidaria.
Este panorama heterogéneo ha quedado tanto de relieve en las respectivas campañas electorales como en el denominado período de transición, cuando en algunas intendencias los que iban a asumir “descubrieron” que la situación económica financiera era peor de lo que se perfilaba, con un hasta ahora punto máximo en la deuda de la comuna salteña, pero en términos generales con problemas financieros de mayor o menor entidad.
Y si bien es inevitable que habrá pase de facturas, con alusiones a la consabida “herencia maldita”, y por lo tanto comprometiendo desde el vamos a la nueva gestión por condicionamientos severos en muchos casos, llega la hora de responder a las expectativas que ha depositado en los nuevos gobernantes el soberano, que se supone el leit motiv del desvelo de quien ha sido elegido para dirigir los destinos del departamento, antes que quedar mejor posicionado respecto al antecesor y por las dudas responsabilizar a los anteriores de lo que no va a poder hacer.
Además, no puede obviarse que en mayor o menor medida la desaceleración en la economía del país, alcanza a todos los sectores de la actividad y a los respectivos niveles de gobierno, porque habrá menos recursos en la vuelta y ello obligará a un uso lo más criterioso posible del dinero que vuelcan los contribuyentes.
Por añadidura, las intendencias son el nivel de gobierno más cercano al ciudadano en el Interior, y por lo tanto al que se recurre en primera instancia ante problemas que la mayoría de las veces son de resorte de los organismos del gobierno nacional, con la salvedad de que éstos padecen de una burocracia paralizante y por lo tanto sus respuestas rara vez llegan en tiempo y forma.
Por lo tanto son las intendencias departamentales las que deben afrontar las urgencias con recursos propios muchas veces, incluyendo determinadas políticas sociales por fuera de los cometidos de la competencia municipal, para evitar males mayores, sin olvidar que también están participando cada vez más activamente en procurar respuestas en la problemática de la vivienda, tanto en lo que refiere a terrenos como en participar en programas compartidos con el Ministerio de Vivienda.
Queda, por lo tanto, poco margen para hacer política por lo bajo y sí encarar lo antes posible los desafíos y responder a la confianza ciudadana, cuyas necesidades no tienen color partidario y en muchos casos son acuciantes.