Nacionales | 20 Jul Ancap entiende que tiene la necesidad de establecer políticas, normas, procedimientos y responsables de la seguridad de la información para blindar toda su producción de datos. Según El País, bajo esta premisa hizo firmar a todos sus funcionarios, sin importar su vínculo contractual, una declaración por la que se comprometen a no divulgar ningún tipo de información vinculada a la empresa, ya no solo mientras dure su trabajo en la misma sino por el resto de sus días. Este compromiso de confidencialidad salió a la luz en abril, lo que motivó al diputado Pablo Abdala a librar un pedido de informes a Ancap sobre el espíritu de la normativa, a la que el sindicato se opuso en su momento instando a los funcionarios a no firmar. Para Abdala, el celo por la información de Ancap resulta “obsesivo”.
Ancap respondió que el documento forma parte de una ambiciosa política de seguridad de la información, que constituye el primer paso hacia la implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. En ese marco, el directorio designó como coordinador de seguridad de la información al secretario general del ente. “La Política de Seguridad de la información dispuso para todo aquel que trabaje en Ancap --bajo la modalidad que fuese-- el establecimiento de la formalización de su compromiso con las políticas, planes y directivas en materia de seguridad de la información, en el entendido que toda la información a la que se tiene acceso en la empresa, es propiedad de esta o está bajo su custodia”, sostiene la respuesta de Ancap al pedido de informes del legislador. “Con la protección de la información se procura contribuir a asegurar la continuidad del negocio y minimizar los daños que pudieran materializarse ante la ocurrencia de riesgos asociados”, acotó.
Señaló que la cultura y los procedimientos habituales ya no son eficaces para la protección de información en el mundo actual. Ancap llamó a licitación y contrató a una consultora que trabajó en el diseño de su nueva política de seguridad de la información. En ese marco nació un “Manual de Política de Seguridad de la Información” de 66 páginas con 13 capítulos que incluye la regulación para la contratación de servicios de alojamiento de datos en la Nube.
En ese marco nació el acuerdo de confidencialidad con los funcionarios, que para Ancap solo constituye “la formalización de un deber, del conocimiento de ese deber, y de un compromiso que se asume con su suscripción”. Para Ancap “no puede entenderse” que la “circulación y divulgación masiva” de información pública “esté librada al parecer y libre arbitrio de cada uno de los cerca de 3.000 funcionarios de Ancap, sino que debe estar ceñida a procedimientos y normas”. El diputado Pablo Abdala considera que la política de confidencialidad impuesta por Ancap va contra el espíritu de la ley de Acceso a Información Pública y excede cualquier necesidad de proteger los activos del ente. “Es demasiado, tengo derecho a preguntarme si en este escenario a la empresa le conviene tener sus datos bajo tanta reserva y a sus funcionarios bajo la amenaza de sanción ante el más mínimo comentario”, dijo Abdala.

PROSTITUÍAN EN RIVERA A MENOR DE 13 AÑOS
La Policía y la Justicia investigan un caso de prostitución infantil que involucra a una adolescente de 13 años, quien fue trasladada al hospital por la Policía y hasta el momento no ha sido posible ubicar a su progenitora.
El caso se encuentra en la órbita de la división “Tráfico y trata de personas” de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Rivera. Informaciones recabadas por El País indican que el médico que atendió a la niña informó que la menor cursa un embarazo y además presenta una infección producida por una bacteria de trasmisión sexual.
El médico comunicó el diagnóstico a la Policía, que puso el hecho en conocimiento del juez, quien determinó que se profundizara en la investigación. Los datos obtenidos en primera instancia indican que la menor ejercía el meretricio en la plaza Internacional, ubicada en el centro de las ciudades de Rivera y Livramento. Tiempo atrás la menor había estado en la órbita del INAU, por lo que en la semana entrante serán citados a declarar los jerarcas del organismo en el departamento de Rivera.
VÁZQUEZ USÓ AVIÓN PRIVADO QUE AÚN NO PUDO COMPRAR
Aunque todavía no se cerró la compra, el presidente Tabaré Vázquez volvió a usar el avión Hawker 700 para viajar a Brasilia, donde entre el jueves y el viernes participó en la cumbre del Mercosur. Con la intención de probar esa aeronave, el mandatario ya la había utilizado a mediados de mayo cuando fue a esa misma ciudad para reunirse con su par brasileña, Dilma Rousseff.
El jet --que en su momento también evaluó comprar el expresidente José Mujica-- pertenece al empresario Carlos Bustin, presidente de la firma Autolider, representante de Mercedes Benz en Uruguay. En marzo, apenas Vázquez asumió su segunda presidencia, Bustin ofreció a la Presidencia de la República su aeronave del año 1979, al enterarse de que el gobierno pretendía comprar un avión.
De esa forma, la Fuerza Aérea y el empresario llegaron a un acuerdo para que el Estado comprara la aeronave a un costo de U$S1.260.000. Sin embargo, en mayo el Tribunal de Cuentas observó el proyecto de contrato, debido a que no se registraron las condiciones que legalmente habilitan al Estado a efectuar una compra directa, es decir, evitar la licitación. Si bien la Fuerza Aérea presentó información complementaria en base a la que defendió su decisión de realizar una compra directa, la mayoría del Tribunal de Cuentas volvió a considerar que corresponde realizar una licitación para adquirir un avión, tomando en cuenta el monto de la compra, según informó el semanario Búsqueda.