Locales | 20 Jul El Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) manifestó su preocupación ante una situación constatada desde hace algunos días en villa Tambores, donde “se ordena a los policías a realizar el servicio 222 en el exterior del Banco República sin las garantías necesarias y solicitará una entrevista con el jefe de policía”, dijo el dirigente Alejandro Álvarez.
El vicepresidente del SUPU informó que “aparentemente la problemática está instalada en las cámaras de seguridad y, sabiendo que hay pocos funcionarios allí, dejamos en claro nuestra preocupación por las condiciones laborales que debe tener un funcionario para efectuar el servicio exterior”.

CONGRESO SINDICAL
Por otro lado, en Florida se llevó adelante el congreso nacional del sector, con la presencia de abogados que representan legalmente al SUPU en cada departamento. “Durante la jornada realizamos un intercambio de lineamientos sobre las sanciones pecuniarias, el relacionamiento con jueces y fiscales, procedimientos policiales, actualización de las juntas médicas y consideramos la recientemente aprobada Ley Orgánica Policial”, informó Álvarez.
El dirigente añadió que el sindicato elaborará propuestas para modificar el reglamento general de disciplina, al tiempo que tomaron conocimiento de los alcances de una iniciativa para la construcción de viviendas –planteada por el ministerio del Interior-- con base en el descuento del 1% del salario policial, que entrará en vigencia en 2016, con la participación de un delegado de los trabajadores. El SUPU consideró “la inconstitucionalidad de la prohibición del derecho a huelga” y presentará nuevamente un recurso ante la Suprema Corte de Justicia. “Entendemos que se inhabilita cualquier posibilidad de manifestación pública, volanteadas u otras actividades sindicales y esa resolución es violatoria de la Constitución, donde se establece este derecho a todos los trabajadores. Estamos de acuerdo en su limitación, pero para eso se debe abrir un ámbito de negociación colectiva para el sector policial que hasta el momento no existe”, sostuvo Álvarez.
El dirigente comparó que “si otros sindicatos como la salud a nivel internacional han logrado reglamentar el derecho a huelga, Uruguay también puede hacerlo” y reconoció que si bien “somos regidos por leyes especiales, no se puede prohibir un derecho fundamental”.
En la oportunidad elaboraron, junto con los asesores legales del SUPU, un documento de trabajo unificado para “establecer defensas comunes de los socios del sindicato a nivel nacional y el seguimientos de sus causas”, al tiempo que evaluaron las situaciones de denuncias por acoso laboral, moral y psicológico, además de persecución sindical. “Hay un gran debate en torno a este último aspecto, en tanto se presentan muy seguido los casos de presiones a socios –más de 30 denuncias-- por algunos mandos policiales”, añadió.
Según Álvarez, en reiteradas ocasiones, “se abren expedientes en el ministerio de Trabajo que no da vista al sindicato y los archiva o solicita un informe al ministerio del Interior, que no lo realiza. Por lo tanto, no hay una garantía para el funcionario cuando remite las denuncias, más allá de las leyes, normas y decretos que reglamentan al acoso”, concluyó.