Opinion | 22 Jul Nadie con un mínimo de sensibilidad, y mucho menos las autoridades que han tenido competencia en solucionar el tema desde hace tiempo, pueden permanecer indiferentes ante dramas como el ocurrido recientemente en Paysandú, cuando una mujer de 24 años, protagonista de un terrible accidente de tránsito en Ruta 90, murió desangrada en la carretera al tener que esperar durante casi tres cuartos de hora que arribara un móvil de emergencia médica al lugar para trasladarla a un centro asistencial.
El auxilio médico llegó muy tarde, como suele ocurrir también dentro de los límites de la ciudad en la mayoría de las ocasiones, lamentablemente. Pero en este caso el estupor y sobre todo la indignación de la población se justifica aún más si se tiene en cuenta que el lugar del accidente estaba a solo cinco minutos del centro de la ciudad, y que la víctima quizás pudo haberse salvado si hubiera recibido asistencia con la urgencia del caso, habida cuenta de que el paso de los minutos fue clave para que la hemorragia tornara irreversible el desenlace fatal.
Como suele ocurrir, ante cada desgracia de este tipo lo primero que se observa es a quienes buscan sacarse el lazo, culpar a otros o a nadie en particular, pero estamos sin dudas ante una omisión que tiene muchos orígenes. En efecto, el director departamental de Salud, Juan Gorosterrazú, explicó que “es un tema muy complejo y muy difícil porque cada cual lo evalúa desde el lado en que se encuentra”, y citó por caso que cuando una ambulancia llega a un siniestro y hay más de un herido, se sigue un protocolo para determinar a quién dar atención en primera instancia: a aquel que tenga mayores posibilidades de sobrevivir. Los técnicos sanitarios siguen el protocolo conocido como PHTLS, PreHospital Trauma Life Support (Tratamiento Pre Hospitalario de Lesiones por Accidentes) de la National Association of Emergency Medical Technicians (Asociación Nacional de Técnicos Médicos en Emergencias, de Estados Unidos). Y ahí estriba buena parte del problema que se repite en todo gobierno de los últimos años: creerse que estamos en el Primer Mundo, y copiar las normas sin tener en cuenta que esto es el Tercer Mundo, como sucede con la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, entre un sinnúmero de etcéteras. Porque en Estados Unidos si se precisan dos, cuatro o 10 ambulancias totalmente equipadas y con un equipo de paramédicos, allí estarán en el menor tiempo posible y con la mayor eficiencia, pero en cambio en Uruguay los recursos nunca son suficientes y de seguro que si llega la primera ambulancia, la segunda va a ser mucho más difícil lograr que asista. Además, la “Clave 1” o emergencia es un tema no bien resuelto del Sistema Integrado de Salud.
Y entre otros protocolos, exigencias y reglamentos, nos encontramos ante incongruencias y contrasentidos, como el hecho de que la Policía no está habilitada para mover a los lesionados --tampoco Policía Caminera-- y si lo hiciera, deberá hacerse cargo de las consecuencias que pueda tener un traslado incorrecto del herido. De esta forma, la suerte del lesionado está en las manos de un sistema asistencial que no funciona. Asimismo, el protocolo del servicio 911 determina que ante la solicitud de una ambulancia por un particular accidentado, primero debe hacerse presente la Policía para constatar la gravedad del accidentado (que demora no menos de 5 a 15 minutos); una vez allí, el personal policial a cargo del operativo comunica a Mesa de Radio si corresponde pedir ambulancia, por lo que recién transcurrido este período desde la Jefatura se formula la solicitud pertinente. De esta forma se pierden minutos muy valiosos.
Asimismo, hay aspectos inherentes a la realidad que conllevan necesidades y prioridades en el manejo de recursos humanos y materiales disponibles, por cuanto si bien está vigente un convenio con las prestadoras de asistencia móvil Ucem y Siet --solo para la vía pública--, por el cual cada una cubre la asistencia de una mitad de la ciudad, las empresas suelen tener las unidades ocupadas en atender los llamados de sus afiliados. Por esto frecuentemente señalan que no tienen ambulancia disponible para llegar en tiempo y forma a los lugares en que han ocurrido accidentes. Peor aún, cuando hay más de un lesionado y se requiere el arribo de una segunda unidad, llega muy tarde o decididamente no llega, sea por la excusa que sea.
El punto clave, además, para tragedias como las de la ruta, es que el convenio con las unidades móviles solo cubre el radio urbano, por lo que los siniestros que se registren más allá del trébol de acceso a la ciudad o de San Félix, por ejemplo, no están cubiertos por estas unidades, que simplemente no concurren porque no están obligadas a hacerlo.
Pero aquí no termina la odisea del ciudadano --cualquiera de nosotros-- que tenga la desgracia de ser protagonista de algún insuceso de estas características, como un accidente doméstico, caso de electrocución o una caída grave: si el lesionado es afiliado de Salud Pública puede pedir una ambulancia de ASSE, que llegará cuando esté disponible y solamente con chofer, sin médico, ni enfermero, además de no estar equipada adecuadamente.
En lo que refiere a Comepa es peor aún, por cuanto no cuenta con servicio propio de ambulancias, y lo subcontrata solo para traslados.
Estos aspectos naturalmente no son todos los que están en juego en esta problemática, pero sí seguramente los principales y que ponen de relieve las serias deficiencias del Sistema Nacional Integrado de Salud en esta área específica.
El tema es complejo, y no se arregla comprando helicópteros sino poniendo los pies en la Tierra. Es la pata renga del Sistema Integrado de Salud, que tiene a toda la población de rehén, pues nadie está libre de sufrir una desgracia en el momento menos pensado, para terminar a la buena de Dios desangrándose en la vía pública. Se requieren pues soluciones de una vez por todas, y es de esperar que de las reuniones que se están abordando por las autoridades locales de la salud y entidades de apoyo surjan mecanismos valederos para que por lo menos en el ámbito departamental no sigan perdiéndose vidas en este mar de omisiones y desencuentros, pudiendo evitarlo.