Opinion | 19 Jul Para cuando la problemática de la trata de personas en Uruguay y otras posturas “políticamente correctas” adquirió visibilidad, el sociólogo y docente de la carrera de Relaciones Laborales de la Universidad de la República, Pablo Guerra, llevaba al menos diez años trabajando en el tema.
A fines del año pasado presentó su estudio a nivel académico “Indagación sobre condiciones de trabajo y opinión sobre trata de personas entre población que ejerce la prostitución femenina en Uruguay”, tras una investigación basada en 188 entrevistas a trabajadoras sexuales y acerca de las diversas formas de prostitución existentes en Uruguay. De su informe surgió que una tercera parte de las mujeres comenzó a prostituirse cuando era menor y más de la mitad tuvo una infancia problemática o muy problemática, atravesada por la violencia intrafamiliar y pobreza. Por otro lado, más de un quinto de ese total comenzó a edades tardías, vinculado a la necesidad de lograr un sustento económico por separaciones o viudez.
En Uruguay la realidad no es muy diferente a otros países y la prostitución se ejerce en la calle, prostíbulos, casas de masajes, sistemas de llamadas o por vínculos personales. En los locales, el estudio observó preocupantes niveles de control patronal, con multas o sanciones a quienes llegan tarde o no concurren a trabajar, al tiempo que una quinta parte aseguró haber mantenido vínculos con proxenetas. Guerra concluyó que Uruguay no solo es un país de origen y puente para la trata de personas, sino que se ha transformado en un país de destino.
A una deducción similar arribó la relatora especial de la ONU, Joy Ngozi Ezeilo, en una visita al país hace cinco años cuando agregó que estas situaciones contaban con una “tolerancia inaceptable” de la población. A pesar de reconocer algunas medidas adoptadas por el gobierno uruguayo, lamentó “la falta de información estadística” que conlleva a la invisibilidad en la sociedad y la baja cantidad de denuncias.
Estas situaciones no han variado sensiblemente y a pesar de las actuaciones judiciales, la recolección de datos atraviesa etapas preliminares ante la conformación de verdaderas redes que llegan hasta los pueblos del interior del país. La trata viene en aumento y mientras se enfatiza en casos específicos o puntuales para sostener miradas fariseas, otras situaciones ocurren en distintos lugares de un territorio pequeño como Uruguay. La “naturalización” es parte de esa transformación que permite –sin quererlo-- la introducción de redes delictivas con un rol importante y figuras, como la del proxeneta, que no ha sido considerada problemática en su justa dimensión, si bien está previsto en el código desde el año 1927.