Opinion | 24 Jul Si bien hay puntos encontrados respecto a las causas y más aún en las respuestas, salvo opiniones interesadas, quienes no están dentro del sistema o tienen intereses creados coinciden en que la educación sigue en franco deterioro, pese a que de vez en cuando desde los gremios del sector se relativizan los resultados de las pruebas internacionales y se potencia el síndrome de autocomplacencia respecto a supuestos resultados.
Pero la realidad es porfiada, y la educación, la formación y la capacitación siguen en déficit creciente, y lo que es peor aún, desde los organismos de la enseñanza y desde el propio gobierno --que cuando estaba en la oposición decía tener todas las soluciones-, hay marcada incapacidad en cuanto a propuestas efectivas e incluso para coincidir en el diagnóstico.
Sería fantasioso en este contexto tomar en serio lo que plantean los gremios de la enseñanza, que como es sabido, y dando razón al leit motiv de su existencia, solo defienden sus intereses, que pasan fundamentalmente por el plano salarial y por sus condiciones de trabajo, sin tener en cuenta para nada lo demás, que no está entre las prioridades.
Pero el gobierno, los órganos de la enseñanza, deben responder al interés general y no a los sectoriales ni a grupos corporativos, por lo que está entre sus competencias y sobre todo obligaciones hacer lo que sea posible para revertir este proceso, aunque sepa de antemano que no solo no va a tener el apoyo de los gremios, sino que éstos serán el principal obstáculo para alcanzar estos objetivos, como ya está demostrado.
Y lo primero que debe identificarse sin dudas es el para qué, para luego establecer el qué y el cómo, de forma de poner las cosas en orden. Para encarar esta tarea con los pies sobre la tierra, y saber dónde nos encontramos, es preciso atender los requerimientos y observaciones de los sectores protagonistas del quehacer nacional, los receptores por ejemplo de la mano de obra capacitada y el conocimiento profesional que surja de la educación y formación de niños y jóvenes.
Por ejemplo, una encuesta realizada por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS), realizada entre marzo y abril de 2015, arrojó que 52% de los empresarios no está satisfecho con el nivel educativo de los jóvenes que se incorporan a sus empresas. En tanto, solamente 9% está “muy satisfecho”. La encuesta también arrojó que la responsabilidad es la habilidad más demandada por los empresarios, pero la menos presente entre los jóvenes. A esta le sigue la iniciativa y la resolución de problemas. En tanto, 67% echó en falta el conocimiento de una segunda lengua.
Ahora, es evidente que si bien es fundamental encarar reformas profundas en la enseñanza, para aggiornarla a los requerimientos como los que plantea esta gremial empresarial, no es menos cierto que hay elementos que no es de esperar se generen desde este ámbito, como la necesidad de cultivar valores que incluyan la responsabilidad, que sostienen no es un valor vigente entre muchos jóvenes, lamentablemente, lo que explica la alta movilidad, la intolerancia ante la frustración y la insatisfacción por los empleos y remuneraciones. Sin embargo el ejemplo que dan los sindicatos de la enseñanza no es precisamente positivo, por cuanto viven de paro en paro, reclamando hasta cosas que ni siquiera les compete por ser decisiones políticas, los profesores faltan con frecuencia y los alumnos son el último orejón del tarro. Por lo tanto, no es de extrañar que la responsabilidad sea una materia pendiente en los jóvenes.
En tanto, desde las mismas páginas de EL TELEGRAFO daban cuenta empresarios del sector de las panaderías que existe falta de compromiso real de los jóvenes en las funciones que les son asignadas, déficit en asumir responsabilidades, alta movilidad laboral y fuerte inclinación a las faltas al trabajo injustificadas.
No pueden soslayarse en este análisis cifras que indican que no va a ser nada fácil enderezar rumbos en programas que siguen obsoletos para los tiempos que corren, y que hacen que en edad de trabajar, los jóvenes se encuentran con que solo tienen cierto bagaje de conocimientos muy generales --tampoco muchos-- que no los habilita para encaminarse decididamente como mano de obra más o menos especializada y que en cambio deben hacer la especialización o la capacitación en las mismas empresas a las que ingresan.
Pasando a las últimas cifras conocidas, cada año 10.000 estudiantes de Educación Media Superior (bachillerato) del Consejo de Educación Secundaria (CES) abandonan sus estudios para insertarse en el mercado de trabajo. Según datos del anuario estadístico del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) correspondiente a 2013, la cantidad de alumnos matriculados en bachillerato público asciende a 99.510, en liceos privados a 17.042 y en UTU a 38.995. El dato que preocupa a las autoridades fue manejado recientemente por el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Wilson Netto, durante su comparecencia en la comisión de Educación de Diputados, según consta en la versión taquigráfica de la reunión.
Según explicó, la cifra surge de un análisis realizado por la ANEP en los últimos cinco años, que corrobora que al mismo tiempo que se desvinculan del sistema educativo, la misma cantidad de jóvenes “aparece en la planilla del BPS porque trabajan formalmente”.
Netto manifestó que esta realidad y la nueva ley de empleo juvenil aprobada en 2013 debe impulsar a las autoridades a “acelerar procesos de articulación entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo”.
El quid de la cuestión, fue mencionado por el propio Netto cuando reconoció la necesidad imperiosa de acelerar procesos de articulación entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, aspecto en el que destacó el proyecto del Ministerio de Trabajo (MTSS), denominado Cultura de Trabajo para el desarrollo, el cual apunta a vincular más la academia y la investigación con el mundo laboral, lo que es un buen principio de base, pero que hasta ahora aparece como insuficiente, dada la magnitud del reto.