Opinion | 30 Jul En las últimas horas las autoridades del equipo económico de gobierno se reunieron con varias gremiales empresariales, con el objetivo de lograr una nueva instancia del acuerdo de precios que se aplicara en años anteriores.
En esta ocasión participaron en el encuentro la Unión de Exportadores, la Cámara de Industrias (CIU), la Cámara de la Industria Frigorífica (CIF), los supermercados Disco y Tienda Inglesa, y Cambadu, que nuclea al comercio minorista, fundamentalmente de la capital. Según informa El Observador en base a fuentes participantes en la reunión, el Ejecutivo pidió a los privados que elaboren una lista de productos donde es posible “congelar” y/o reducir los precios.
La propuesta será entregada esta misma semana cuando las partes vuelvan a reunirse, y de acuerdo a lo manifestado por el presidente de Cambadu, Mario Menéndez, “hay voluntad de todos los actores privados en ayudar al gobierno” y destacó la “buena disposición al diálogo” desde el equipo económico.
El planteo tuvo lugar por iniciativa del Poder Ejecutivo cuando el país está atravesando una coyuntura muy especial, en el inicio de la gestión del presidente Tabaré Vázquez, justo cuando las condiciones internacionales han cambiado y se percibe su impacto en el Uruguay, enfrentado a una desaceleración en su economía.
El último acuerdo de precios entre el gobierno y las gremiales que podrían ser catalogadas como formadoras de precios --no es tan así en la realidad-- tuvo lugar en 2014, un año muy especial, por las elecciones nacionales, y cuando además el escenario internacional todavía no era tan preocupante y además el gobierno había frenado la suba de tarifas de combustibles y de servicios públicos para contener el proceso inflacionario.
Pero ya en 2015, con problemas similares en el escenario internacional pero con déficit fiscal imposible de absorber si se mantenían las pérdidas en estos organismos, el Poder Ejecutivo “corrigió” las tarifas, con aumento generalizado, mientras a la vez también se ha disparado el valor del dólar y consecuentemente se ha generado un camino abierto para uno de los principales agentes inflacionarios.
De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la variación de precios, los alimentos que más aumentaron en el mes de junio fueron pescados (1,32%), pan y cereales (0,77%), la carne (0,58%) y leche, quesos y huevos (0,39%). En tanto, en el acuerdo de precios entre el gobierno y empresarios de 2014, el pacto incluía a 28 productos. La lista abarcaba productos comestibles tales como fideos, arroz, azúcar, aceite y café, así como también bebidas (cervezas y vinos de mesa) y artículos de higiene y limpieza (champúes, desodorantes en aerosol, detergentes, jabón de tocador), entre otros. Ocurre que el escenario en 2015 presenta puntos comunes pero no es el mismo que el del año pasado, incluyendo el condicionamiento que implican las elecciones cercanas y que hizo romper con toda ortodoxia en política económica para no pagar costos políticos.
Ahora, un acuerdo de precios con los supuestos formadores, aunque de carácter temporal, tiene sus límites, como el hecho de que nadie va a trabajar por los costos y mucho menos para perder plata, y que estamos ante una larga cadena de incrementos que no son temporales sino permanentes.
Así, no puede obviarse que el reciente aumento en los precios de los combustibles suma presión sobre el Índice de Precios del Consumo (IPC) y es un punto en contra para la credibilidad que busca transmitir el gobierno respecto a una desaceleración progresiva de la inflación de cara a la negociación de los nuevos convenios salariales, entre otros aspectos.
Ancap tampoco tenía margen de maniobra, ante un déficit acumulado de casi 600 millones de dólares por sus serios problemas de gestión e “inversiones”, y los costos aplicados desde el Estado por las tarifas públicas, las cargas fiscales, los impuestos y otras obligaciones, se conjugan con que estamos en una nueva ronda de Consejos de Salarios, en los que se están negociando incrementos salariales que tampoco serán temporales.
De antemano, los nuevos lineamientos del gobierno que suponían un intento por moderar los salarios han sido fuertemente resistidos por el Pit Cnt y la suba de precios no da señales de acercarse al menos al techo del rango meta (7%). Eso hace prever una ronda cargada de complejidades con sindicatos poco afines a recorrer el nuevo camino propuesto por el Poder Ejecutivo de dejar de lado la inflación como base de los ajustes.
En ese contexto, el Pit Cnt ya maneja como un hecho que la mayoría de los grupos que están empezando a negociar en estos días optaran por poner sobre la mesa ajustes de salarios con correctivos por inflación anuales y no a dos años como sugirió el Poder Ejecutivo.
El acuerdo de precios, por más temporal que sea, significa renuncias de alguno de los actores a determinado margen, pero difícilmente alguien puede acordar poner todo de su parte sin que los demás actores, incluyendo el gobierno y los propios sindicatos, no hagan lo mismo.
Hay por lo tanto muchas moscas que deben atarse por el rabo, más allá de la buena voluntad que se ponga de manifiesto por los respectivos actores, y es muy difícil contener una olla de presión por mucho tiempo, como es el caso de la inflación, si en el ínterin no se instrumentan medidas efectivas que permitan abatir costos a los formadores de precios, lo que por ahora no se percibe.