Locales | 28 Jul “Le dí un listado con todos los juicios de la Intendencia Departamental de Paysandú (a Federico Petraglia, nuevo titular de Asesoría Letrada)”, dijo a EL TELEGRAFO Martín Etchebarne, quien estuvo al frente de esa oficina en la anterior Administración, y quien fue señalado por el intendente Guillermo Caraballo como responsable por no brindar la información correcta con respecto al juicio iniciado por extrabajadores de MIR S.A., que perdiera la comuna.
“En cada uno --de un total de setenta juicios que enfrenta la Intendencia-- se estableció la naturaleza, la altura del proceso, qué presentación estaba terminada, el monto reclamado y qué estaba liquidado”, agregó. Negó asimismo que la casación se hubiera presentado fuera de fecha y subrayó que el juicio estaba “perdido” desde “el mismo comienzo” en 2008, debido a desafortunadas decisiones tomadas durante la Administración Julio Pintos.
“Le di la información del mismo modo que yo la recibí de mi colega (Gonzalo) Graña (titular de Asesoría Letrada de Julio Pintos). Ahí supe los juicios que había y continué desde ahí. Hay que sentarse con los expedientes para conocer cada caso. Yo no 'me senté' (con Petraglia) para considerar juicio por juicio, sí le entregué la lista completa, confiando que el profesional colega haría lo correcto y establecería la estrategia a continuar”, dijo Etchebarne. Y agregó: “En esa información estaba el juicio de MIR S.A., el estado en que se encontraba y el monto originalmente reclamado. Quedaba claro la importancia del mismo”.
Esto contradice lo oficialmente declarado por el intendente departamental Guillermo Caraballo, quien en conferencia de prensa subrayó que “a mí (Mario, entonces intendente) Bandera no me dijo nada de esto ni (Martín) Etchebarne le dijo nada al doctor (Federico) Petraglia”.
Y Petraglia, en la misma oportunidad dijo que “no solamente no se nos comunicó durante el proceso de transición sino que tampoco se respondió una pregunta específica que por escrito se presentó preguntando sobre juicios en proceso, si había juicios condenatorios y el monto a pagar. No se respondió nada cuando desde el 11 de mayo se sabía. Y la pregunta fue hecha en junio, no hay manera de eludir algo así, salvo voluntariamente”.

EL JUICIO CONTRA LA INTENDENCIA
“El tema de MIR S.A. (antes MIR Ltda.) es muy complejo. En materia procesal el juicio comenzó en noviembre de 2008, con la estructura del proceso del Código General del Proceso (CGP). A partir del 1º de febrero de 2010, con la ley 18.572 de Abreviación de Juicios Laborales, cambió en algo el proceso. Pero la misma ley establece claramente que los cambios solamente se deberían aplicar a los juicios iniciados a partir de la vigencia de la ley. Para los juicios entonces en proceso, seguía en vigencia lo establecido por el CGP”, expresó el abogado Etchebarne. Se refería concretamente al artícu-lo 32 de la mencionada ley: “(Disposición transitoria). La presente ley se aplicará a las reclamaciones iniciadas a partir de su entrada en vigencia, aún cuando se hubiesen promovido procesos preliminares con anterioridad”.
“Hubo dos escenarios ligeramente distintos, uno con plazos abreviados y el otro no. El proceso de MIR S.A., se tenía que hacer con la estructura del CGP. De hecho, cuando ganamos en primera instancia, los trabajadores apelaron con el plazo del CGP, no con el de la ley 18.572”, segunda instancia que tuvo lugar “en 2011 o 2012”.
Por otra parte, Etchebarne aseguró que “cuando presentamos el recurso de casación, el tribunal que lo recibe lo controla, que es lo que obliga a hacer el CGP, y luego lo pasó a la Suprema Corte de Justicia. Si el tribunal hubiese entendido que estaba fuera de plazo, lo hubiera detenido en ese momento, sin continuar el trámite”.
Etchebarne también dijo que la Suprema Corte de Justicia “tuvo una decisión dividida. Hubo tres jueces que entendieron que la ley 18.847 (Abreviación de los Procesos Laborales) se aplica a todos los procesos. Pero dos jueces, muy fundadamente, entienden que los procesos anteriores al 1º de febrero de 2010 deben regirse por el CGP. La propia Corte no se puso de acuerdo”.

NO FUE UN JUICIO LABORAL
El juicio no se inició como demanda laboral, sino como cobro de pesos. “Cerrudo, Washington y otros c/MIR S.A. Y otros, Cobro de Pesos”, establece la carátula. “Cobro de pesos se denomina a aquel proceso que por vía ordinaria reclama una suma determinada de dinero”.
“En todo el proceso, no cambió la carátula”, destacó el profesional señalado por la actual Administración como uno de los responsables de “un evidente ocultamiento de información”, como dijo Caraballo, también abogado.
“No está bien decir que la intendencia perdió un juicio porque no se presentó a tiempo, porque sí se presentó a tiempo, siguiendo el CGP. Tres jueces interpretaron que regía otro tipo de plazo, pero dos jueces interpretaron que teníamos razón”, dijo el extitular de Asesoría Letrada.
Etchebarne recordó que “cuando los trabajadores apelaron la demanda de primera instancia, la apelación se derivó a un tribunal de apelaciones de trabajo, pero ese tribunal lo rechazó por entender que no era material laboral sino civil. Lo derivó a un tribunal civil, que a su vez entendió que era un juicio laboral y también lo rechazó. Dos tribunales generaron una contienda de competencias para determinar qué materia se estaba tratando. Terminó el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de Primer Turno, de Montevideo, que el 1º de agosto de 2014 libró sentencia definitiva haciendo corresponsable a la Intendencia, junto con la empresa MIR, de los créditos reclamados por los trabajadores”.

GRUESO ERROR DE LA ADMINISTRACIÓN PINTOS
“El problema que genera esta causa no es orden procesal, sino de orden sustancial”, aseguró, antes de explicar que “la intendencia en el período de la Administración Pintos licitó unas obras PIAI junto al Ministerio de Vivienda y se las confió a MIR S.A. Esta empresa fue inconsistente, no cumplió con los plazos; hizo todo lo posible para que la intendencia terminara haciendo lo que debía hacer --y que hizo bien--: le rescindió el contrato. Al mismo tiempo hizo algo que pocos organismos públicos hacen, lo cual estuvo bien, que fue ejecutar el depósito de garantía” correspondiente al 1% del monto de la obra, “para resarcirse de los daños”. “Hasta ahí actuó bien”, indicó Etchebarne. Pero “a partir de ahí fue donde se condenó en forma irreversible, desde mi punto de vista. Porque en lugar de llamar a una nueva licitación, para que viniera otra empresa a terminar las obras, decidió continuar las obras y pagó algunas quincenas atrasadas a los trabajadores que hoy reclaman en el juicio, con el dinero del fondo de garantía”.
Hasta que dio ese paso, “la Intendencia era comitente y la empresa la contratista. Por tanto, hasta entonces, la Intendencia no quedaba comprendida dentro de la ley de tercerizaciones de relaciones laborales. Pero luego adquiere la condición de patrono. Y ahí se 'echa encima' un riesgo jurídico cierto, el de hacerse cargo de todo lo que a esos trabajadores se les debía. Ahí sí, quedó dentro de la ley de tercerizaciones de las relaciones laborales”.
“Entonces, no se pierde por un supuesto descuido, sino que la propia Intendencia se condena antes de haber un juicio porque la Administración Pintos decidió asumir la carga de la obra. Asumió una actitud que luego terminó condenándola. Así lo recibimos y continuamos el debido proceso legal. Porque si bien la administración era otra, la persona jurídica era la misma. Y hay que ser coherente. Si ya estaba planteado el juicio, había que continuar por ese camino”, concluyó Etchebarne.