Opinion | 02 Ago El exsenador socialista y abogado constitucionalista, José Korseniak, recordó en su libro “Las comisiones parlamentarias de investigación”, escrito en 1998, que esta herramienta legislativa se creó en el artículo 51 de la Constitución de 1918 y es --de hecho-- el mismo texto correspondiente al artículo 120 de la Constitución actual.
De acuerdo a su publicación, la preinvestigadora otorgará entidad a la denuncia y determinará la oportunidad de la investigación. Al mismo tiempo Korseniak explicó que “no se trata de que estén fundadas en un conocimiento absoluto y contundente de las circunstancias a investigarse, porque entonces la averiguación seria innecesaria; pero si debe tratarse de conjeturas apoyadas en fundamentos que --desde el punto de vista parlamentario-- tengan relevancia suficiente”.
Es un instrumento de vigilancia sobre la gestión estatal; sin embargo, no es un órgano de justicia. Y esa es la diferencia que engrandece a la forma republicana de gobierno, si bien su instrumentación ha disminuido notoriamente con el paso de los años, en tanto las mayorías parlamentarias así lo han decidido.
Por otro lado, aumentaron los pedidos de informes, llamados a sala o a comisiones de funcionarios, con mayores presiones ante la opinión pública y una mediatización excesiva que no ayudó a transparentar lo que se reclamaba en su momento y los discursos comenzaron a cerrarse con la dicotomía de judicializar la política o politizar la justicia.
En última instancia, si los casos así lo ameritan, las derivaciones y actuaciones judiciales se harán igual aunque una cámara se niegue a votar una comisión investigadora y un claro ejemplo refiere a las actuaciones en torno al caso Pluna. El descrédito sobre la clase política no es gratis y sobreviene por las mismas declaraciones realizadas sin mentalidades propositivas, que caben en un estricto orden democrático.
Este mecanismo de investigación, existente en nuestro país desde hace al menos cien años, ha sido utilizado como variable de ajuste del poder político de turno desde el retorno a la democracia y así lo avalan las actas parlamentarias, mientras que se votaron de acuerdo al grado de conveniencia.
Durante la última semana se aguardó la respuesta del oficialismo para la creación de una comisión investigadora sobre las inversiones realizadas en Ancap --a solicitud del Partido Nacional-- a raíz de las pérdidas acumuladas por el ente de unos U$S 600 millones en los últimos tres años y adeuda el 75% de su patrimonio.
Aunque la senadora Lucía Topolansky estime que “le dimos (la investigadora) para que se dejen de joder”, esta será --sin dudas-- una oportunidad para clarificar si existieron irregularidades o se actuó conforme al Derecho. Ese mismo orden constitucional que la creó.