Opinion | 27 Jul Con un déficit superior a los 500 millones de dólares, y en plena desaceleración de la actividad económica, cobra aún mayor relieve la necesidad del buen uso de los recursos cuando estamos de cara ya a la instancia del presupuesto quinquenal, pero también determinar en qué y cómo se utilizó el dinero en Ancap, una empresa estatal monopólica, para llegar a este desfasaje.
Recientemente el expresidente José Mujica, en uno de sus acostumbrados entreveros dialécticos para tratar de justificar lo injustificable, dijo que si la oposición quiere saber qué se hizo con este dinero debe preguntarle a los directores que tenía en el ente, y asunto arreglado. Se olvida, sin embargo, que en varias oportunidades los representantes de la oposición plantearon objeciones a determinadas decisiones o procuraron conocer los pormenores de una operación, y la mayoría oficialista igualmente votó de otra forma, sin dar mayores explicaciones.
Pero sobre todo, ante quien deben rendir cuenta las empresas públicas es ante sus “dueños”, los ciudadanos que las financian de distintas formas, como clientes cautivos de los monopolios, en este caso los combustibles, y que deben tener la máxima transparencia posible para informar lo que se hace con este dinero, ya sea para funcionamiento como gastos e inversiones, por razones de buena gestión.
Lamentablemente, en el caso de Ancap como en de otra empresas –el más notorio es el de Pluna, pero está lejos de ser el único–, el Frente Amplio se ha cerrado a cal y canto a permitir que se integren comisiones investigadoras a nivel legislativo, las mismas que cuando estaba en la oposición reclamó sistemáticamente y lo logró la mayoría de las veces.
Esta posibilidad ha sido negada a través de las mayorías regimentadas que han operado en el Parlamento, y es así que el oficialismo ha sido objeto de serias críticas por no habilitar siquiera una sola comisión investigadora durante dos períodos de gobierno. Cuando en esta década han surgido procesamientos y situaciones irregulares en empresas y diversos organismos estatales, se seguía señalando por el oficialismo que no había necesidad de investigar nada porque no había motivo para dudar de lo que decían los responsables de los entuertos, como luego quedó demostrado.
Esta actitud, según ha trascendido, no es monolítica actualmente en la fuerza de gobierno. El propio presidente Tabaré Vázquez dijo la semana anterior que le “parece muy bien” que se realice la investigación. Vázquez elogió al vicepresidente Raúl Sendic, cuya gestión cuando fue presidente de Ancap es cuestionada por la oposición y se mostró favorable a que se forme una comisión investigadora. “Lo de Raúl Sendic lo enaltece enormemente”, sentenció.
Sendic había afirmado horas antes que no tiene “nada que ocultar” y que si la propuesta del Partido Nacional para formar una comisión investigadora sobre Ancap es “seria y fundada”, el Frente Amplio la votará. “Que se investigue todo con absoluta tranquilidad porque todo es transparente”, dijo Sendic en una conferencia de prensa en la antesala del Senado, a la que convocó luego de hablar sobre el tema con Vázquez. Indicó que no quiere “que se sigan sembrando dudas” sobre su gestión en Ancap.
“Estamos tranquilos con la gestión en Ancap, donde hubo casi U$S 1.300 millones en inversiones”, afirmó. “En Ancap se puede investigar absolutamente todo con tranquilidad, los contratos, las inversiones, las compras, los acuerdos internacionales, los acuerdos con las empresas, los contratos para exploración petrolera”, sostuvo. Declaraciones contundentes, aunque siempre queda un margen para la duda cuando sostiene que el planteo sea “serio y fundado”, lo que da margen para una evaluación subjetiva por los destinatarios.
Por lo tanto, pese a las declaraciones de Vázquez y Sendic, hay incertidumbre respecto a cuál será finalmente la postura del partido de gobierno a partir de que el senador nacionalista Álvaro Delgado presentara formalmente el viernes en la presidencia de la Cámara de Senadores el pedido para que se conforme una comisión investigadora que indague la gestión de Ancap en los últimos años.
“Queremos investigar Ancap porque las malas gestiones las paga la gente”, señaló Delgado. En tanto hoy se reunirá una comisión preinvestigadora conformada por el senador Leonardo de León (que integra el sector del expresidente de Ancap y hoy vicepresidente de la República, y que dirigió ALUR, subsidiaria de la empresa estatal, Marcos Carámbula (Partido Comunista) y José Carlos Cardoso (Partido Nacional).
En la justificación de su pedido, Delgado escribió que no es común que “la empresa con mayores ingresos en el país, que tiene como principal producto la venta de combustibles, cuyo precio es fijado en forma administrativa, haya tenido pérdidas acumuladas por más de U$S 600 millones en los últimos cuatro años”. Esto llevó a un muy fuerte deterioro del patrimonio de la empresa, que pasó de U$S 1.124 millones a fines de 2010 a U$S 432 millones al cierre de 2014. Esto a su vez derivó en que la agencia calificadora de riesgo Moodys haya bajado cuatro grados la nota de la deuda emitida por Ancap.
Delgado apunta también que hubo demoras en la ejecución de inversiones que generaron pérdidas e irregularidades como la presentación tardía de estados contables, la construcción de barcos que no funcionan, licitaciones controvertidas y la realización de negocios de triangulación con petróleo. Las contrataciones dispararon los gastos pero no mejoraron la productividad proporcionalmente al aumento de personal, según el senador, quien destaca que al rubro honorarios y servicios contratados se destinaron U$S 85 millones en el ejercicio 2014, lo que implicó un alza de 33% frente al año anterior.
No son aspectos banales ni mucho menos los que están en juego, y aunque se diga que no hay nada que ocultar, que está todo bien, ya Mujica deslizó que tal vez hubo “inocencia” de la Presidencia de Ancap en no haber pesificado la deuda, lo que no encuadra precisamente en ese rótulo, sino en un problema de gestión que le cuesta mucho dinero a los uruguayos.
Es decir, mucho para analizar, exponer y explicar, con datos precisos, porque rendir cuentas no es ninguna concesión graciosa del gobierno, sino un deber ante los ciudadanos, los que pagan las cuentas, y mucho más aún cuando éstas no cierran, como es el caso de Ancap, y por un monto nada despreciable.