Opinion | 02 Ago Del intercambio de acusaciones entre la nueva administración municipal y la saliente, sobre quien fue más o menos omiso en el sonado caso del juicio entre la administración del exintendente Julio Pintos y los trabajadores de la empresa a la que se le retiró la adjudicación de una obra que luego fue encarada por la propia Intendencia, surge inequívocamente que al fin de cuentas serán los contribuyentes sanduceros los que deberán hacer frente a una deuda del orden de los 700.000 dólares, en principio.
Y si bien siempre cabía la posibilidad de que con apelación o no el resultado del juicio no cambiara, el mayor problema estriba en que quien deberá hacerse cargo de los salarios impagos --e incluso los no generados-- es una persona jurídica o un organismo que no es el responsable del problema, aunque así lo establezca la ley en que se basa el juicio.
Es la denominada Ley de Tercerizaciones que, entre otros aspectos, determina que a efectos de los salarios de los dependientes de la empresa, quien la contrata pasa a ser deudor solidario por las responsabilidades laborales de la empresa.
Respecto a las connotaciones de esta norma, que fuera aprobada con los votos del Frente Amplio durante la administración del expresidente José Mujica --bajo la fuerte presión del Sunca, con manifestaciones dentro y fuera del Palacio Legislativo--, el exencargado del Área Jurídica de la Intendencia Departamental durante la Administración Pintos, Gonzalo Graña, formuló una serie de reflexiones.
En declaraciones a EL TELEGRAFO, el profesional, al comentar el origen y elementos que se manejan respecto al diferendo sobre responsabilidades de esta área en las dos administraciones anteriores, expuso claramente que “es una regla que tiene que corregirse y es que si alguien contrata una empresa constructora para hacer su casa en dos años, y a los 60 días no hace nada y se rescinde el contrato, como esta empresa a su vez firmó contrato con los obreros --y está bien que se le paguen los salarios trabajados--, le reclaman todos los jornales que quedaron sin trabajar esos dos años, y la casa no está hecha. Esto, que es aplicable a una parte privada o pública debe interpretarse de una forma coherente con todos los principios que hay en el Derecho y que vienen desde hace 200 años. No puede ser que la Intendencia o cualquier organismo, ante el incumplimiento de un contratista, no pueda rescindir el contrato porque si no, se hace cargo de todas las deudas”.
Graña indicó que hay algunos temas que el país debe encarar, porque “por este camino se genera mucha inseguridad jurídica y problemas de difícil solución”. Mencionó que si se sigue aplicando la ley de esta manera, se encarecerán las obras porque habrá que pedirle mayores garantías a las empresas constructoras, y “luego nos quejaremos que las obras son demasiado caras y que las viviendas son caras cuando son para gente de bajos recursos. Hay un problema legislativo que debe resolverse o se debería resolver por la jurisprudencia, a través de los jueces, porque si la ley es imprecisa y hay que poner límites en algunas cosas, los jueces pueden corregirlo para casos concretos. Porque si no todas las obras del Estado, y también de particulares, podrían terminar con que se hagan cargo de cosas que nos parece que no corresponden”.
Las reflexiones son plenamente compartibles, aunque por supuesto no son las únicas a tener en cuenta en lo que respecta a las connotaciones de la norma, que es un producto claramente a contramano del sentido común, sin ningún criterio de justicia como tal, sino que es la hija del éxito de intereses corporativos por sobre el interés general.
Precisamente la norma aludida fue redactada por dirigentes y asesores de la propia gremial mencionada y se la llevó adelante contra viento y marea, con la visión ideológica de los grupos radicales del Frente Amplio, que arrearon con el poncho a los demás parlamentarios de la coalición.
Empero, a fuerza de presiones, eslóganes y acusaciones como “traidores a la clase obrera” y “vendepatrias” con los votos únicamente de la coalición de izquierdas se aprobó la ley que como bien señala Graña --profesional del derecho pero también integrante del equipo del Frente Amplio-- tiene gruesas incongruencias.
Lamentablemente, en los últimos años hemos sido testigos de varias leyes y reglamentaciones absurdas impulsadas por radicalismos que no miden consecuencias, logrando resultados contrarios a los intereses de la sociedad y hasta afectando seriamente a quien se pretende proteger, que es a los más desfavorecidos, los humildes, los trabajadores. Por ejemplo, no solo la Ley de Tercerizaciones encarece la construcción y pone en la cuerda floja a quienes sostienen el andamiaje de las empresas; también durante la Administración Mujica se aprobó la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Ahora, cualquier empresario --o cualquier ciudadano-- piensa dos veces antes de invertir en algo que pueda significar un riesgo para los trabajadores, y lo que sí es seguro es que va a contratar asesoramiento especializado en seguridad laboral, así sea para pintar un muro. Como consecuencia, la construcción ha crecido desmedidamente --debido a varios motivos, donde también pesan mucho los salarios-- por sobre la inflación en una década, y una casa básica de 55 metros cuadrados que en 2006 costaba 25.000 dólares construir, hoy cuesta 60.000 dólares.
Los radicalismos nunca son buenos consejeros, y menos al momento de legislar. Porque se termina perdiendo el Norte, y la ley impide que las cosas funcionen o pone al ciudadano en posición de delincuente; o directamente es ignorada por quien debe hacerla cumplir, para evitar males mayores; y este es el peor de los casos. Basta ver lo que sucede con la nueva Ley de Tránsito, cada vez más radicalizada y despegada de la realidad del Uruguay actual. Tanto que la propia Intendencia capitalina --la más alineada con las políticas del gobierno en los últimos 10 años--, anunció que no va a fiscalizar el uso de “equipamiento obligatorio” para las bicicletas, que además de chaleco reflectivo, casco, luces, ojos de gatos y frenos en ambas ruedas, incluye espejos retrovisores y timbre o bocina.
El mayor problema está en que ahora, cuando las leyes empiezan a ser aplicadas, se comienzan a ver --y sentir-- las consecuencias. Y aunque le traten de echar la culpa a lo que sea, la responsabilidad está en quienes levantaron la mano para aprobar la ley.