Locales | 05 Ago A fines de julio la Cámara de Senadores aprobó la ley de creación del Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (FFDSAL) y ayer lo aprobó la Cámara de Diputados, orientado a recomponer el capital de giro y apoyar la concreción de inversiones en el sector, en tanto contiene las propuestas presentadas en el proyecto del representante nacionalista, Álvaro Delgado, y la iniciativa enviada desde el Poder Ejecutivo.
Delgado dijo a ELTELEGRAFO que “hay una tormenta perfecta para el sector lechero con una sequía, a partir de la que se gastaron las reservas previstas para el invierno antes de tiempo, la quinta baja consecutiva en el precio de la leche a nivel nacional e internacional, acaba de bajar nuevamente el indicador de Fonterra y además hay una falta de liquidez de los tamberos que no pueden hacer inversiones para la próxima primavera relacionada con la siguiente zafra láctea”.
El senador blanco recordó que la comisión de ganadería --que preside-- “citó a las tres gremiales lecheras más importantes, al Instituto Nacional de la Leche (Inale) hace más de un mes y presentamos el proyecto que crea el Fondo Lechero III, generado a partir de un fideicomiso o una emisión que se paga a los productores y que incluye a determinados inversores, en este caso las AFAP. Los fondos anteriores fueron calificados AAA y además se pagaron en la mitad del tiempo. Es así que le da la plata a los productores a partir de un nivel basal para todos en un sentido solidario, pero también en función de la leche remitida con respecto al año anterior y eso se paga cada vez que se remite leche a la industria”.
Explicó que “todos los días hay una pequeña retención para el repago de ese fondo, hasta 15 años. Es un fondo para productores que no brindará rentabilidad, pero le otorgará liquidez y para nosotros es importante su rápida ejecución para evitar su inoperancia”.
La comisión recibió al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, al tiempo que el Poder Ejecutivo remitió un proyecto que contiene aspectos similares a la propuesta presentada por Delgado y se conjugó en un única iniciativa votada en la Cámara Alta.
Por otro lado, el senador opinó que la crisis en la industria láctea “era previsible pero se actuó tarde, además de los problemas de rentabilidad y competitividad”, ya existentes, que llevaron una mayor complejidad al sector.
Delgado sostuvo que “para hablar de competitividad también hay que hablar de tarifas del Estado, entre otros aspectos”, en el marco de una “industria que permanece con productos estoqueados, elaborados a precios altos y que termina vendiéndolos a precios bajos”, al tiempo que anunció un seguimiento a los resultados de “uno de los sectores más dinámicos de la agropecuaria”.

EL PROYECTO DEL EJECUTIVO
El proyecto consta de seis artículos que determinan la creación de una comisión administradora del fondo, condiciones para su ejecución, características de la prestación pecuniaria, determinación de beneficiarios, vigencia y agentes de retención.
En su exposición de motivos, el Poder Ejecutivo reconoció que “este sector requiere de la aplicación urgente de fondos para enfrentar una coyuntura muy adversa, consecuencia de una caída muy importante de los precios internacionales, dificultades crecientes con algunos mercados para los lácteos (Venezuela y Brasil) y una muy persistente sequía en los departamentos de la cuenca sur que ha obligado al consumo de reservas antes de tiempo y encarecido fuertemente los costos de producción”. Según estimaciones de Inale, “las pérdidas por caída de los precios al productor y sequía son de 4,2 centavos de dólar por litro. El impacto global se descompone de la siguiente manera: U$S 27 millones por sobrecostos de alimentación por sequía y U$S 58 millones por efecto de la caída del precio. A esto se agrega el reciente cierre de dos plantas procesadoras, con impactos directos en el empleo del sector y en la captación de leche de remitentes”, señala la iniciativa del Ejecutivo.
Las “simulaciones realizadas por Opypa-MGAP indican que una caída en la actividad del sector (35%) debido a dificultades para colocar la producción en los mercados externos mencionados tendría un efecto del orden de 6% en el PBI agropecuario y de 0,4% en el PBI total (considerando los datos de PBI de 2014)”.
De acuerdo al proyecto remitido por el Ejecutivo, la creación del fideicomiso “habilita un pago a largo plazo, genera seguridad de pago al inversor, no requiere garantías reales de los productores ni análisis de riesgo individual”.
La emisión se estima en U$S 85 millones y calcula “una prestación pecuniaria del orden equivalente a 0,769 centavos de dólar/litro, sobre la base de un repago en 6,5 años y una tasa de interés del 5%”. El proyecto aprobado indica que “se establecerá un mínimo de 8.000 dólares por productor”, al tiempo que “a nivel privado se generarían cuentas personales para poder luego aplicar algún tipo de compensación entre productores, debido a las eventuales transferencias que se puedan dar desde los productores de mayor crecimiento a los menos dinámicos” y “propone la entrega del dinero en etapas (tres pagos cuatrimestrales)”. Posteriormente el Banco Central del Uruguay estructurará y aprobará el fideicomiso para la obtención de los fondos.