Opinion | 03 Ago Generalmente, las urgencias son las prioridades en toda gestión de gobierno, sobre todo en el caso de Uruguay, altamente vulnerable a los avatares internacionales, que asociado con nuestra idiosincrasia a menudo hace perder de vista y postergar el tratamiento de temas vitales, que requieren medidas concretas.
Ello viene a cuento de que Uruguay presenta una pirámide acentuada de envejecimiento poblacional --la mayor de América Latina-- y plantea desafíos impostergables en el mediano y largo plazo, que deben evaluarse desde ahora.
Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indican que en unos veinte años la cantidad de adultos mayores en Uruguay superará a la de niños de 0 a 15 años, acentuando la tendencia de los últimos años, de un crecimiento porcentual cada vez mayor de los adultos mayores respecto a la población en general.
De los 700.000 pasivos que tiene Uruguay, más de la mitad son jubilados, entre los que solo un porcentaje muy menor pertenece al régimen mixto (BPS y Afap). La mayoría de los jubilados son mujeres --55%-- frente a un 45% de hombres.
El envejecimiento poblacional es un elemento muy positivo porque se está ante un persistente aumento de la expectativa de vida, conjugado con bajos valores de natalidad y una mejora en la atención de salud de los adultos mayores, además de indicar la reducción de enfermedades graves, que en otros tiempos azotaron a la humanidad, diezmando a las franjas de mayor edad.
Se trata de una tendencia irreversible, porque la población seguirá envejeciendo, lo que acarreará consecuencias en una diversidad de áreas. La más afectada, sin dudas, es la que comprende al sistema de seguridad social, puesto que el impacto directo se da fuertemente en el sistema jubilatorio y en el sistema nacional de salud, en la medida en que el costo de la asistencia de los adultos mayores es el más caro.
El envejecimiento poblacional tiene una contraparte negativa en el sistema jubilatorio, que será mayor cuanto más dependa de las finanzas públicas, por lo que una respuesta atinada sería que dependa lo más posible del ahorro previo. Considerando estos aspectos, una alternativa posible sería incrementar los espacios para el ahorro durante la vida activa.
Pero este es un tema que no da dividendos políticos porque requiere medidas de mediano y largo plazo, y ello explica que no ocupe la agenda de prioridades en ningún gobierno, más allá de mencionarse de vez en cuando la necesidad de hacer algo al respecto.
La directora en representación del sector empresarial en el BPS, Elvira Domínguez, ha advertido desde hace un tiempo que los primeros problemas empezarán a manifestarse en 2030, por lo que considera que “se deben tomar medidas ya”.
Recordó que en el último diálogo nacional de seguridad social planteó la necesidad de aumentar la edad jubilatoria en forma paulatina, de tres a cuatro meses por año, habida cuenta de que el BPS depende de los aportes de las personas activas, pero también de lo que le remite Rentas Generales para compensar las dificultades financieras por la carga de pagos en el sistema.
Pero, una cosa es traer a consideración el tema y otra, plantear opciones a la altura de los requerimientos, porque sin dudas el escenario es complejo y a medida que pase el tiempo, lo será aún más. Pero no hay muchas alternativas: o se logran más recursos o se trata de estirar la edad de jubilación para que el condicionamiento sea menor en el tiempo, como ejes centrales.
Domínguez consideró que acumular 35 años de trabajo o jubilarse a los 65 años de edad son algunas alternativas que propone para una situación “muy compleja, que debe ser estudiada por expertos”, ya que los activos tendrán que cargar con un “peso muy fuerte” de las pasividades. Las medidas que se tomen deben evitar que las cargas “tan altas” lleven a la informalidad, porque se ingresaría ya en otro problema.
Desde las instituciones que agrupan a pasivos también se han formulado evaluaciones en torno a esta problemática, coincidiéndose en que el actual sistema corre peligro de colapsar en muy pocos años, por cuanto el envejecimiento se ha “estirado” y puede decirse que “la sociedad recorre una época del envejecimiento del envejecimiento”.
Pese a que estamos hablando de mediano y largo plazo, el tema debe ser puesto sobre la mesa por el gobierno, porque el escenario demográfico condiciona no solamente a la financiación del BPS, sino el esquema socioeconómico del país y las estructuras del actual sistema mixto de seguridad social no son adecuadas para dar respuestas a este proceso.
Por supuesto, pese a que es una medida extrema y resistida por los próximos beneficiarios del sistema, aumentar la edad de jubilación es una alternativa, pero no la única. Ocurre que no despierta ninguna simpatía en los sectores sociales y es además muy relativa la adhesión en sectores partidarios, porque conlleva costos políticos, precisamente.
Otras posibilidades refieren a combinar vida activa y jubilaciones, y, por otro lado, podría otorgarse una prestación básica a todos los adultos mayores y ajustar las tasas de reemplazo, apuntando, por ejemplo, a la utilización de la población activa como factor activo, que incluye la incorporación de la mujer al mercado laboral, mientras en forma paralela se deberían canalizar inversiones en infancia, adolescencia y juventud.
El punto es que el tema no debe ser esquivado y postergado, para ser considerado como un problema que deberán afrontar las próximas generaciones, por cuanto refiere ya a dificultades del presente que irán incrementándose, y de poco y nada servirá que se siga mirando para otro lado y dejando que traten de resolverlo los que vengan.