Locales | 04 Ago Con la firma del edil Miguel Otegui, la bancada del Partido Nacional presentó un pedido de informes con respecto al juicio perdido por la Intendencia de Paysandú (IdP), iniciado hace siete años por los trabajadores de la empresa MIR.
Otegui explicó que “llamó la atención la adjudicación a MIR s.a. en 2007 --bajo el gobierno nacional y departamental del Frente Amplio-- de un paquete de obras con los pésimos antecedentes que tenía dicha empresa” y recordó que bajo la administración del intendente Julio Pintos, “Marco García era director de Obras, Helena Heinzen era la secretaria general y Mariela Coiro era adscripta a la secretaría general y al intendente”.
Otegui puntualizó que “durante 2003-2004, siendo yo el director general de Obras y María Laura Rey era la directora del Programa Integral de Asentamientos Irregulares (PIAI), resolvimos rescindir la adjudicación a la empresa MIR por inconsistencias, malos antecedentes y fallas, aún antes de comenzar las obras”.
El edil aseguró que “esa información quedó en poder del ministerio de Vivienda, PIAI e Intendencia, a través de los expedientes y servicios técnicos correspondientes. Llama la atención la asignación a esa empresa de Maldonado que, de acuerdo con lo que se escuchó en su momento, se hizo por vinculaciones entre el Frente Amplio y la propia empresa”.
Ante los incumplimientos de la empresa, “por resolución 1153/2008, el intendente Pintos resuelve tomar para sí la obra, es decir, tomar el rol de patrón, pagarles a los funcionarios de MIR sus haberes atrasados y se transforma en una figura contratante, de acuerdo con la normativa legal aprobada con posterioridad bajo la Ley de Tercerizaciones. Es así que le correspondió la responsabilidad sobre los reclamos de los trabajadores”, explicó Otegui a EL TELEGRAFO.
El legislador comunal añadió que, “como Partido Nacional, también llama la atención la exposición realizada por el doctor Federico Álvarez sobre ocultamiento de información. Nosotros ponemos a consideración de los ciudadanía un mail enviado por el doctor Martín Etchebarne a Álvarez el 9 de junio de 2015, donde este juicio en cuestión forma parte del listado que se presenta”.
El mail de Etchebarne a Álvarez puntualiza que adjunta “planillas con información relativa a procesos en trámite en los que la IdP interviene, tanto como actor como demandado”, además de “sumarios en trámite y denuncias efectuadas en el marco de la ley 19.120”. La planilla presentada detalla “Juzgado Letrado de 6º Turno. 305-262/2008: 'Cerrudo, Washington y otros c/MIR e IdP. Demanda Laboral (más dos demandas acumuladas de otros trabajadores)'”.
Según Otegui, “Álvarez, a través de su informe erróneo, llevó a que el intendente cometiera el error de hablar de ocultamiento y de que el exintendente Bandera le hubiera ocultado esa información, cuando en realidad Álvarez ocultó información al propio intendente para llegar a la exposición realizada días atrás”.
Por esta razón, el edil Otegui realizó un pedido de informes el pasado 27 de julio. En cinco puntos, solicita “razones de la rescisión del contrato de licitación de obra pública entre MIR s.a. y detalle pormenorizado de las actuaciones de la IdP en forma posterior a la rescisión, con especial énfasis en la culminación y ejecución de las obras no cumplidas por la empresa y pagos realizados por la IdP a los trabajadores de MIR s.a., hoy reclamantes”.
Seguidamente, el edil cuestiona: “¿quién fue el profesional que actuó en el recurso de casación (caso demanda de exempleados de MIR s.a.)? ¿Qué sucedió con el plazo de presentación correspondiente?, ¿es funcionario municipal? De ser funcionario municipal, ¿se tomó alguna medida administrativa al respecto? ¿Cuál? El funcionario abogado en cuestión, ¿reviste algún cargo de asesor en el área de la secretaría del intendente? Durante la transición, ¿Asesoría Letrada presentó un listado de los procesos en trámite? De ser así, detallarlos”.
El edil nacionalista sostuvo que “el error parte de una decisión política del intendente Pintos y sus asesores, de hacerse cargo de la obra. En nuestro caso, no rescindimos el contrato con la empresa MIR, sino que le adjudicamos al segundo licitante y por eso no tuvimos la situación que les pasó a ellos”. Por otro lado, aclaró que “en el presupuesto quinquenal de 2011-2015 hay una reserva presupuestal que va de 4.200.000 el primer año a 5.850.000 en 2015, lo que significa una reserva presupuestal del orden de 25 millones de pesos, que evidentemente es para todos los juicios. También es mentira que la Intendencia se desfinanciará porque esta sorpresa cae ahora, cuando presupuestalmente tomó las reservas del caso”.

UNA “CONDENA IRREMEDIABLE”
El edil Marcelo Tortorella explicó que “el Tribunal de Apelaciones reconoce en el fallo --sobre el que dejamos una copia-- que la Intendencia asume esa responsabilidad en las resoluciones 167 y 1153 de 2008, de hacerse cargo de las obras e invoca las disposiciones de los artículos 4 y 5 de la ley 18.251. La propia administración del Frente Amplio en 2008 asume que es un contratista y terminan por condenarse. Es la crónica de una muerte anunciada, en la medida en que era irremediable de que en segunda instancia, en el análisis de fondo de la situación, realizado por tres jueces especializados en materia laboral, determinan la condena definitiva a la Intendencia sobre la base de estos argumentos”.
Posteriormente, “se va a casación. Este proceso arrancó en 2008 y la ley aplicable en materia de plazos y de la gestión procesal del juicio se manejó bajo la órbita del Código General del Proceso (CGP) y no de la ley de abreviación de juicios laborales, que fue posterior. Cuando se interpone el recurso, se hace en tiempo y forma y dentro de los 15 días hábiles que establece la ley procesal, que es el CGP. Incluso pasa por el examen de admisibilidad que hace el Tribunal de Apelaciones de Primer Turno que habilita la casación. Pasa por el informe técnico y del examen de admisibilidad que hace el fiscal de Corte y ninguno realiza reparos de algún tipo en cuanto a la admisibilidad de la acción”, precisó.
Tortorella señaló que “la Corte resuelve por mayoría de 3 a 2 y entiende que la casación se presentó en tiempo y forma. Esto no es un tema político, sino de interpretación jurídica y a quien le corresponde esta materia es a los jueces. Entonces, es un tema absolutamente opinable para que el doctor Álvarez, con toda liviandad, acuse al Partido Nacional de algo que no hizo, sino que cumplió en informar y ejercer una defensa que sabíamos iba a estar condicionada por las propias actitudes y decisiones del gobierno del intendente Pintos”.
Por su parte, Andrea Sabelín agregó que “el doctor Álvarez fue magistrado durante muchos años, o sea que sabe perfectamente qué es la jurisprudencia y cuándo hay dos lecturas de distintas cosas”, además “tenemos un intendente que también es abogado y durante cinco años fue coordinador regional del Ministerio de Trabajo, por lo tanto, tiene que estar al tanto de la vigencia de la ley de abreviación de juicios laborales y a qué casos se aplicaba o no”. Según la asesora legal, “son dos personas que en teoría están aptas para evaluar una situación y no salir a la ligera a decir que el Partido Nacional se comió un plazo y que por eso perdimos un juicio millonario”.
En tal sentido, Claudio Zanoniani sintetizó que “es imposible que el Partido Nacional hubiera ocultado información, en primer lugar porque se inicia bajo un gobierno del Frente Amplio y su gente de confianza debe estar al tanto de lo que ocurre. De hecho, el intendente firmó las resoluciones de pagos de salarios a la empresa MIR cuando entró en incumplimiento, por eso sabía de la existencia de ese proceso”. Añadió que “su director de Obras, Marco García, estaba directamente relacionado con el proceso porque fue una obra de la empresa e incluso Caraballo integraba el equipo”.
Zanoniani consignó que además se encuentra “el mail enviado por Etchebarne a Álvarez un mes antes de la asunción de Caraballo y eso significa que en todo el período de transición se supo que el proceso estaba en trámite porque resta liquidar la sentencia y tampoco la cifra es por U$S 700.000. Hay argumentos de sobra para revertir la mentira que se dijo en la conferencia de prensa”.

NO SE INICIÓ LIQUIDACIÓN
Tortorella aclaró que “ni siquiera podemos hablar de una liquidación porque no sabemos si son 12 millones, 13, 15 o 3 millones”, en tanto “no se inició la etapa de liquidación de sentencia” y aclaró que “cuando el doctor Etchebarne presenta la documentación durante la transición, a este juicio lo pone como juicio en trámite porque falta la etapa de liquidación que no ha iniciado”.
Según el edil, “lo que la Intendencia recibió el 8 de mayo fue la sentencia de casación. Queremos que se inicie la liquidación, que comparezca la Intendencia y defienda la deuda, porque es muy inferior a las cantidades suculentas que se manejaron en la conferencia de prensa. Es un tema muy delicado y haremos un control directo del expediente porque nos preocupa que este asunto de estricta política partidaria se tergiverse y que el pueblo sanducero termine pagando más de lo que se debe; porque ya no le tenemos ninguna confianza a lo que pueda hacer la Asesoría Letrada de la Intendencia de Paysandú”, concluyó.