Opinion | 04 Ago Finalmente, el partido de gobierno –tras idas y venidas-- habilitó la integración de una comisión investigadora sobre la gestión de Ancap, en el período 2000-2015, a partir del planteo de la oposición que cuestiona una gestión que ha arrojado un déficit superior a los 500 millones de dólares.
Sin embargo, el Frente Amplio aprobó que se extendiera hasta el período de la presidencia del doctor Jorge Batlle, con el fin de contextualizar la información, sin considerar que el propio Frente Amplio había promovido una comisión investigadora sobre ese período en Ancap.
El sentido común indica que si “no hay nada que ocultar”, se hubiera empezado por ahí, antes que darle tantas largas al asunto. Pero, sin dudas, el talante del oficialismo era abiertamente opuesto a la posibilidad de obtener datos sobre la gestión del organismo estatal, a partir de decisiones que resultaron en un déficit de casi 600 millones de dólares, acentuado en el año electoral por decisiones políticas, inversiones polémicas, contrataciones excesivas y poco claras, con una opacidad crónica, que se pretendía mantener sin que el Parlamento tuviera la posibilidad de informarse sobre las acciones que han derivado en este desfasaje. En las últimas horas, la senadora Lucía Topolansky enfatizó en que no hubo irregularidades en Ancap, que nadie se metió un peso en el bolsillo y que, al fin de cuentas, se habilitó la integración de la comisión investigadora para que “se dejen de joder”, en una expresión no solo irrespetuosa, sino que refleja muy poco apego a la democracia, en la que la transparencia es fundamental.
Es que, además, en plena desaceleración de la actividad económica, cobra aún mayor relieve la necesidad del buen uso de los recursos y de determinar cómo fue utilizado el dinero por Ancap.
Entre otros argumentos, el expresidente José Mujica manifestó que si la oposición quería saber qué se hizo con ese dinero, debería preguntarles a los directores que tenía en el ente, y asunto arreglado, en una clara alusión a la necesidad de intervenir y actuar en el momento, y no después.
Se olvida, sin embargo, el exmandatario que en varias oportunidades los representantes de la oposición plantearon objeciones a decisiones o procuraban tener conocimiento de los pormenores de las operaciones, que la mayoría oficialista igualmente votó, sin dar mayores explicaciones.
Su consorte, Topolansky, ha abonado también con su “para que se dejen de joder” esta postura intolerante y de aparecer como impolutos, por encima de sospecha alguna, cuando no hay que olvidar que como antecedente inmediato está la corrupción –siempre negada desde el gobierno-- descubierta en ASSE, que dio lugar a procesamientos, como también el caso de los casinos y el remate fraudulento por los aviones de Pluna.
Este último episodio además determinó el procesamiento del expresidente del Banco de la República, Fernando Calloia, a quien el gobierno había designado al frente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), sin esperar el fallo de la Suprema Corte de Justicia, en otra demostración de soberbia.
Es que mal que pese a los gobernantes, las empresas y organismos públicos deben rendir cuentas ante la ciudadanía, los contribuyentes y los clientes cautivos de los monopolios, que deben tener la máxima transparencia posible para informar qué se hace con este dinero, ya sea para funcionamiento, como gastos e inversiones, por razones elementales de buena gestión y administración.
El Frente Amplio se había negado sistemáticamente a permitir que se integraran comisiones investigadoras a nivel legislativo, las mismas que cuando estaba en la oposición, reclamó sistemáticamente y lo logró la mayoría de las veces.
Esta posibilidad ha sido rechazada a través de las mayorías regimentadas de la coalición de izquierdas, pero seguramente, en esta oportunidad, en muchos legisladores ha calado hondo lo ocurrido con Pluna y otras situaciones en las que no todo lo que relucía era oro, con el agregado de los costos políticos ante los cuestionamientos desde la población por esta negativa a ser investigados.
Definitivamente, debe evaluarse positivamente que se haya dado este paso y alejar suspicacias, lo que redundará en beneficio de todo el sistema político y de la institucionalidad democrática.