Opinion | 06 Ago A medida que pasan los días y se evalúan más en detalle los anuncios formulados por el presidente Tabaré Vázquez junto a sus ministros sobre un optimista plan de inversiones por más de 12.500 millones de dólares para el quinquenio, surge más claramente que el mandatario intentó enviar una señal, en el sentido de que las cosas están mejor que lo que se dijo en un primer momento ante una fase de desaceleración de la economía.
Es así que el presidente trató de presentar una buena noticia, la de un plan de inversiones presupuestal ambicioso y casi revulsivo en su óptica, cuando estamos asomando a una época de vacas flacas, lo que no solo no condice con el momento que vive el país, sino con las constantes apelaciones previas de su ministro de Economía y Finanzas, Cr. Daniel Astori, respecto a que el gobierno tiene como objetivo ineludible el ser austero en el gasto y buscar que las prioridades en la afectación presupuestal sean áreas estratégicas que permitan sustentabilidad en el uso de los dineros públicos.
Pero las contradicciones son flagrantes, y solo pueden explicarse en gran medida por los intereses encontrados que se plantean entre sectores que forman parte de las patas en que se ha apoyado el gobierno. Tal es el caso de los sindicatos, a los que no cayó nada bien el mensaje inicial de Astori en el sentido de que debían desindexarse los salarios para permitir que no se incrementaron en demasía los costos de producción de bienes y servicios y que las eventuales mejoras salariales no se tradujeran en la pérdida de empleos ante las elevadas cargas sociales y la reducción en los márgenes de ganancia de las empresas.
Esta resistencia hizo cambiar el discurso al gobierno, porque a la vez ha sido frontal la resistencia del Pit Cnt y sectores radicales al mensaje inicial de postergación sin fecha de las obras del Antel Arena, pese a que no es ni cerca una prioridad, salvo para la Intendencia de Montevideo. Entonces, el gobierno ha ido cambiando su discurso, pasando del planteo de austeridad ante la desaceleración de la economía por el deterioro del escenario internacional a señalar que las cosas no pintan en realidad mal y que es posible ingresar en una de las mayores inversiones públicas de los últimos años.
Pero se trata de mensajes, que cada uno recoge según su visión, y para los sindicatos parece ser una luz verde para insistir con sus reclamos de recuperación salarial por encima de la inflación, y eventualmente para el empresariado y agentes económicos un guiño en el sentido de que hay mejores expectativas que las que podía esperarse y que por lo tanto es posible asumir riesgos sin peligro inminente de quedar a la vera del camino.
Por lo demás, el acuerdo de precios que promueve el gobierno para unos 1.300 artículos de venta en supermercados no pretende controlar la inflación, sino simplemente poner paños fríos en el factor psicológico que dispara el incremento de los precios.
Es decir que en el mejor de los casos, medidas de esta índole deberían ser una especie de stand by o no innovar hasta que den resultado las medidas correctivas que se ensayen, pero estas medidas brillan por su ausencia, porque además el margen de maniobra es tan acotado como molesto para los operadores y la propia población.
La inflación, que es considerada como un impuesto encubierto que carcome el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos y los más vulnerables, en el caso de nuestro país tiene el doble peso negativo de ser una inflación que se manifiesta con mayor gravedad sobre el área de la alimentación, que es precisamente el componente de mayor gasto para los hogares de menor poder adquisitivo.
En este contexto, el Banco Central sigue vendiendo dólares en la plaza financiera para contener el aumento de la divisa norteamericana, que en un país que sigue siendo altamente dolarizado es un factor efectivo en el corto plazo, pero es contraindicado en cuanto a la confianza de los operadores y al costo que implica ir desangrándose en reservas, por más sólidas que éstas sean en apariencia.
Esta ancla ha sido usada recurrentemente con este fin --incluso durante la peor crisis económica que se recuerda en el país, en 2002--, pero utilizada en forma aislada es indigesta para economías como la nuestra. Excepto por estas intervenciones ocasionales del Banco Central, nada se puede hacer para contener la suba del dólar y su impacto inflacionario desde el gobierno, porque además la divisa norteamericana se está valorizando en todo el mundo, y no habría más alternativas que acompañar la devaluación de las monedas locales en Brasil y Argentina, a menos que se acepte perder todavía más competitividad.
Las respuestas reales a este deterioro pasan por instrumentos que requieren firmeza de gestión y ordenamiento fiscal, con moderación en tarifas de servicios públicos, lo que no se ha hecho simplemente porque los números de los entes y del gobierno central siguen en rojo, y con estos mensajes controvertidos del Poder Ejecutivo las expectativas de que efectivamente se baje el gasto público no tienen mucho asidero.
Pero por estos parámetros deben pasar los objetivos del gobierno, pese al costo político de las respuestas, ya que de lo contrario seguirá insistiéndose en la política del parche y el analgésico.