Nacionales | 05 Ago Con los votos del Frente Amplio, del Partido Colorado y del Partido Independiente, el Senado aprobó anoche la creación de una comisión que investigará la gestión de Ancap desde el año 2000 hasta la fecha.
Luego de ocho horas de debate, 21 senadores en 31 levantaron la mano para aprobar la propuesta originalmente presentada por el Partido Nacional, informó El País.
La propuesta del Frente Amplio planteó --y así se aprobó-- que la comisión se crea aunque “no hay presunciones de irregularidades o ilicitudes”.
Los senadores blancos fueron quienes no votaron la comisión en las condiciones que propuso el oficialismo, es decir, con siete miembros --mayoría del Frente Amplio-- y un plazo de 120 días para analizar todo y expedirse. El Partido Nacional quería una comisión con nueve miembros, con más plazo para investigar y sobre la base de que sí hay “presunciones de irregularidades”, dijo el senador Luis Lacalle Pou.
El presidente del Senado, Raúl Sendic (expresidente de Ancap), deberá ahora resolver la integración de la investigadora. Se sabe que tendrá mayoría del oficialismo --cuatro integrantes-- y resta definir los lugares para la oposición. Puede haber un senador del Partido Nacional, uno del Partido Colorado y otro del Partido Independiente. Pero también cabe la posibilidad de dos lugares para los blancos, que son quienes propusieron originalmente la comisión, y uno para los colorados.
Al comenzar el debate, el Frente Amplio sorprendió con una vuelta de tuerca en su propuesta en mayoría. Si bien había acordado con la oposición votar una comisión investigadora, cambió y propuso una comisión con fines legislativos. Esto molestó a los nacionalistas por el cambio de posición, que generó gran parte del debate en la cámara. Finalmente, el Frente pidió un cuarto intermedio y, al volver, planteó la comisión investigadora, como era el acuerdo inicial.

INSPECCIONAN ALIMENTACIÓN SALUDABLE ENLA EDUCACIÓN
El Ministerio de Salud Pública (MSP) comenzó a supervisar la implementación del plan de alimentación saludable en centros de educación públicos y privados.
La ley 19.140 promueve hábitos saludables en la población infantil y adolescente, pero no prohíbe la venta de alimentos conocidos popularmente como “chatarra” en escuelas y liceos. De hecho, no hay sanciones estipuladas ante el incumplimiento de la normativa, informó Presidencia.
En el primer día de inspecciones, el equipo del ministerio visitó tres escuelas públicas. “Lo que se encontró es que se conoce la ley, pero todavía necesitamos seguir trabajando y apoyando a los centros educativos para lograr un cambio que favorezca el fomento y promoción de hábitos alimentarios saludables”, dijo Ximena Moratorio, del área de Nutrición del MSP.
El plan recomienda el consumo de frutas frescas, enteras o mínimamente procesadas. Frutos secos y semillas, leche preferentemente descremada o semidescremada, productos lácteos, agua, jugos de fruta natural, bebidas a base de hortalizas sin azucares añadidos.
También se estipula la venta de bizcochuelos y tortas caseras, preferentemente con agregados de frutas o vegetales, galletitas caseras, scones elaborados con aceite y harinas integrales, helados preferentemente elaborados con leche, entre otros.
Todo esto busca bajar los índices de sobrepeso en niños y adolescentes en Uruguay. “Uno de cada diez niños en la primera infancia tiene sobrepeso u obesidad y a medida que aumenta la edad este problema se va incrementando”, agregó Moratorio.
Las autoridades de la enseñanza entienden que esta ley refuerza un plan de alimentación saludable que ya se implementa en algunos centros. Y reclaman que este hábito se extienda a las viandas que los padres envían a sus hijos diariamente.

INTERIOR INCAUTÓ MÁS DE CINCO MIL MOTOS
A casi cinco meses del inicio del operativo Aruera, con el que el Ministerio del Interior se propuso quitar de circulación aquellas motocicletas sin los registros correspondientes al día, fueron intervenidos 60.761 vehículos e incautadas 5.217 motos en distintos puntos del país.
La facilidad de acceso a las motocicletas y la falta de exigencias para su adquisición fueron lo que motivó al ministerio a desarrollar un operativo de control nacional con el objetivo de disuadir el uso de estos vehículos como medio de transporte durante las rapiñas y delitos.
Para eso, funcionarios de todas las jefaturas de Policía del país, de la Dirección Nacional de Policía Caminera y la Dirección de la Guardia Republicana iniciaron inspecciones en diversos puntos del departamento, constando el estado en regla de los vehículos y efectuando controles de alcoholemia a sus conductores, informó El Observador.
Al culminar julio, la policía realizó 22.363 procedimientos de inspección en los que intervino a 60.761 motos. De estas, 5.217 fueron incautadas y 806, recuperadas.
A raíz de estos controles, también se efectuaron 5.418 espirometrías, de las cuales 669 resultaron positivas. En total, 671 personas fueron detenidas.
De acuerdo con el último informe publicado por la Unidad de Seguridad Vial (Unasev), en el que se compara el primer semestre de 2015 con lo ocurrido en el mismo período en 2014, tres de cada cinco de los fallecidos en siniestros de tránsito que conducían en ciudades y caminos departamentales lo hacían en una motocicleta.
De la mano con este operativo, Unasev trabaja en conjunto con el Ministerio de Industria, el LATU y Unit para crear un decreto que regule la “calidad y seguridad” de las motocicletas, explicó a El Observador el presidente de Unasev, Gerardo Barrios.
La normativa incluirá requisitos tanto en relación con la importación como sobre las condiciones que debe tener desde el punto de vista mecánico, el sistema eléctrico, de frenos o el tipo de cubiertas que se puede utilizar.