Locales | 06 Ago Desde la hora 0 se lleva adelante un paro de 24 horas organizado por el Pit Cnt, con una movilización que se efectuará a las 11 en Plaza Constitución o, en caso de lluvia, se trasladará al local de la Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP) en Baltasar Brum y Bolívar.
La Asociación de Funcionarios de Salud Pública anunció que además se adhieren los funcionarios médicos, por lo que solo funcionarán los servicios de urgencia, emergencia, policlínica de pediatría y oncología, al tiempo que permanecerán cerradas las policlínicas barriales. Por su parte, la Federación Uruguaya de la Salud, que nuclea a los sindicatos de los trabajadores de la salud privada realizan un paro por 48 horas. La dirigente de la Asociación de empleados de Comepa, Sara Murieda, informó a EL TELEGRAFO que los usuarios con fecha de consulta para hoy deben averiguar si concurre su médico, en tanto algunos profesionales se plegarán a la medida y, si esto es así, deben solicitar el cambio de fecha.
Los funcionarios de UCEM, nucleados en AEMU, anunciaron un paro de 48 horas, al tiempo que atenderán emergencias y consultas de sus afiliados, pero no se cobrarán cuotas ni se llevarán adelante otros controles sanitarios en la base céntrica.
Las líneas de transporte urbano de pasajeros de Copay realizarán sus recorridos en forma habitual, mientras que desde las oficinas ubicadas en la Terminal de Ómnibus se informó que tanto la cooperativa local como Agencia Central suspendieron sus viajes desde y hacia Montevideo, ante la notificación del Ministerio de Transporte sobre un posible corte del puente sobre el río Santa Lucía. El Grupo Agencia, a través de su sitio web informó que la oficina ubicada en Dr. De Herrera y Leandro Gómez, atenderá de 7 a 13 con reparto normal, la oficina instalada en la Terminal funcionará en horarios habituales y la sucursal Guichón lo hará de 8 a 12 y de 15 a 19, con reparto normal.
La Federación Uruguaya de Viviendas por Ayuda Mutua (Fucvam) anunció su “apoyo irrestricto” a la medida adoptada por la central sindical y resolvió “la detención de las obras desarrolladas en todo el país”, al tiempo que reivindican “10.000 viviendas cooperativas para los próximos cinco años”.
A esto se suman las paralizaciones previstas en los distintos niveles educativos, las oficinas de los entes públicos, dependencias ministeriales, municipales y bancarias.