Opinion | 10 Ago La semana anterior, un duro informe presentado en el programa Santo y Seña reafirmó las condiciones de extrema vulnerabilidad de los pacientes de las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi, con pruebas presentadas por familiares y el testimonio de los residentes.
El tema --que ciertamente no es nuevo-- fue remitido a la Cámara de Diputados por la legisladora Gloria Rodríguez, presidenta de la comisión de Derechos Humanos, a raíz de las denuncias por descontrol e irregularidades tales como “altas médicas” a pacientes que fallecieron ahogados en el río Santa Lucía o con salidas sin retorno a los recintos, certificados de fallecimiento por teléfono, golpizas o falta de higiene, entre otros. Estos hechos fueron denunciados con cautela por los funcionarios que solicitaron una reunión con Rodríguez, en tanto ocurren represalias y traslados, tras haber presentado estas mismas denuncias ante el Ministerio de Salud Pública. A todo esto se suma el ataque de una jauría a un paciente y otras dos muertes que se investigan, ocurridas a comienzos del año.
Más allá de los cuestionamientos sanitarios y políticos, la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay considera que las colonias deberían cerrarse progresivamente mientras se implementa un sistema de atención de salud mental comunitario, bajo un modelo laboral que tenga diversos niveles de complejidad, acorde a sus internos.
Incluso el Sindicato Médico del Uruguay opinó acerca de las condiciones que “impactan” ante las carencias importantes, no resueltas desde hace decenas de años.
Es así que el informe periodístico reafirmó las condiciones de abandono y desidia de más de 800 pacientes; solo que a unas horas de su lanzamiento en televisión, las autoridades del Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) se apresuraron a sustituir al director de las colonias, Osvaldo Do Campo --que solicitó licencia extendida por “motivos personales”-- y anunciar la concreción de un nuevo modelo de salud mental.
Es claro que un cambio de autoridades no alcanza, si no se investigan las irregularidades denunciadas con la intervención de las colonias y que dejen en claro el manejo de los recursos humanos, económicos, los casos de violaciones y el desinterés por los derechos humanos.
Porque estos pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad, más allá de que “no votan”, exponen a una población perteneciente al Uruguay olvidado y a quienes no les llegan los discursos ni las frases hechas.