Locales | 05 Ago Un total de ciento tres vacantes se generarán en la Intendencia Departamental de Paysandú el 31 de agosto, cuando los trabajadores eventuales ingresados entre mayo de 2014 y mayo de 2015 sean cesados. A su vez, los nuevos trabajadores, que serán contratados por régimen de función pública, ingresarán el 1º de setiembre.
El proceso de inscripción y selección comenzará la semana que viene --en el Paseo del Mercado-- y quienes integran la lista de eventuales que quedarán sin trabajo a fin de mes podrán participar del proceso.
Así lo subrayó el secretario general de la Intendencia, Mario Díaz, y el encargado del Centro Público de Empleo (CEPE), Hugo Almirón, oficina que precisamente tendrá a su cargo la inscripción de interesados. “La semana entrante seguramente estaremos inscribiendo a los interesados en cumplir tareas en la Intendencia”, dijo Almirón.
Agregó que “es público que esta administración ha prorrogado eventualidades hasta el 31 de agosto y las vacantes que generarían esas cesantías hace que desde el CEPE hagamos la inscripción de todas aquellas personas que estén interesadas en trabajar en la Intendencia. Hay que destacar que en esta oportunidad la administración ha decidido que quienes ingresen no lo hagan en calidad de eventuales, sino a través de Contrato de Función Pública. Los lugares a ocupar corresponden al escalafón E1 (oficios) y F1 (servicios)”, con una remuneración nominal de 15.730 pesos.
No se ha definido aún “el perfil” de quienes puedan presentarse, incluyendo edad mínima y máxima. Mario Díaz dijo, en cambio, que sí “habrá un cupo para mujeres y se respetará y cumplirá con lo que dice la ley, de que el 4% del personal a contratar sean personas con capacidades diferentes”.
Asimismo subrayó que “los eventuales que están hoy trabajando y cuyo convenio cae el 31 de agosto no tienen ningún impedimento para inscribirse” y participar del proceso de selección y sorteo.
Por tratarse de un contrato en régimen de contratación pública, las condiciones de ingreso determinan que deben ser ciudadanos o extranjeros con residencia no menor a tres años; deben estar inscriptos en el Registro Cívico Nacional; tener aptitud física para el trabajo a desempeñar; notoria filiación democrática; Juramento a la bandera; y haber ejercido el voto, en este caso a mayo de 2015. La legislación que se aplica es la propia Constitución de la República, la ley 17.127 y los decretos ley 10.388 del 12 de febrero de 1943, y el 200/97 del 18 de junio de 1997.
De acuerdo con la interpretación de la norma constitucional, estos funcionarios contratados mediante la modalidad de contrato de función pública están excluidos de la carrera administrativa, porque sus cargos no son presupuestales. El régimen general de los contratos de función pública se encuentra recogido en el artículo 24 del Texto Ordenado de Normas sobre Funcionarios Públicos (Tofup). La norma establece que “el ingreso a la función pública en los escalafones E, F y R solo podrá realizarse mediante concurso de oposición y méritos, de méritos y prueba de aptitud o mediante sorteo”.
Quienes resulten contratados mediante función pública no son titulares de cargos, sino de funciones y se incorporan con cargo a partidas de contrataciones. Son funcionarios públicos y se rigen por las normas estatutarias, salvo en aquello que no les sea aplicable, precisamente por su condición de contratados.
Mario Díaz agregó además que para ordenar el destino de los nuevos contratados “se reciben las demandas que cada repartición tendrá para definir el número y las condiciones a exigir para desempeñar esas tareas” a quienes ingresen el 1º de setiembre.
Además de los 103 eventuales que ingresaron el año pasado, y por tanto sus contratos “caen” el venidero 31 de agosto, hay otros 200 eventuales que habían sido contratados con antelación. En esos casos, dijo el secretario general, “se evalúa por las jerarquías correspondientes el cumplimiento de las funciones de cada uno y es propósito de la actual administración ir progresivamente transformando esas eventualidades en Contratos de Función Pública, lo que significa un régimen que da mayor certeza al funcionario porque no lo ubica en condiciones de vulnerabilidad como sí lo hace la eventualidad”.
Por otra parte, 29 funcionarios que tenían Contratos de Función Pública con fecha de vencimiento al 31 de julio pasado no quedaron comprendidos en la prórroga al 31 de agosto, sino que ya abandonaron sus tareas en la Intendencia.
A “los eventuales que vencían su convenio el 31 de julio se les prorrogó hasta el 31 de agosto para poder hacer un diagnóstico de situación, ver qué vacantes quedarían y hacer este llamado para cubrirlas”, reiteró Díaz.