Locales | 10 Ago La Intendencia Departamental de Paysandú continúa estudiando la “mejor manera” de solucionar el problema generado por las más de 2.500 motos retenidas en depósitos municipales que “ya no tienen más espacio. Se nos hace imprescindible llegar a una solución en este tema”, dijo a EL TELEGRAFO el secretario general de la Intendencia, Mario Díaz.
Como se sabe, las intendencias y los ministerios de Interior y de Transporte y Obras Públicas pueden proceder a la venta –en pública subasta– de los vehículos que retiren de su jurisdicción, cumpliendo con los requisitos previstos en la ley 18.791.
Precisamente, Díaz dijo en ese sentido que la Intendencia intenta buscar las soluciones desde el punto de vista formal y jurídico para hacer más viable y sencillo ese procedimiento. “A propósito de esto, estamos proponiendo a nivel del Congreso de Intendentes algunas modificaciones a nivel de disposiciones legales que existen para simplificar los procedimientos y hacer de un modo más fácil el mecanismo de remates o directamente de eliminación de las unidades que no estén en condiciones de volver al tránsito”.
Los vehículos pueden ser incautados si no tienen seguro obligatorio de automotores, si se encuentran abandonados, si significan peligro a la circulación de vehículos o peatones, o son retirados en un procedimiento policial que habiendo dado lugar a la intervención de la Justicia, ésta no resolviera para el bien un destino contrario al previsto en la ley 18.791. La ley prevé que un mes después de incautado el vehículo, y sin que el propietario lo reclame, éste deberá ser emplazado para iniciar así el proceso de remate. Éste, empero, es considerado engorroso y es lo que desde la anterior Administración viene siendo una traba para su remate.
La norma establece que “se efectuarán tres publicaciones en dos diarios, uno de los cuales deberá ser el Diario Oficial, sin perjuicio de otros medios que se consideren convenientes para asegurar la publicidad. En dichas publicaciones se individualizarán las unidades en la forma más detallada posible a los efectos de ser reconocidas por aquellos que puedan tener derechos sobre esos bienes”.
Deberá pasar un mes más para que se proceda al remate. “El remate será precedido por avisos que se publicarán en el Diario Oficial y en otro medio de prensa del lugar durante diez días, en los que se individualizarán las unidades y las condiciones del remate. Hasta el momento del mismo, el propietario podrá hacer valer sus derechos”, detalla la ley, elevando a 13 las publicaciones necesarias antes de efectuar el remate.
El artículo 4 de la ley 18.791 determina que “del producido de la venta de los vehículos subastados serán deducidos los gastos del remate, la comisión del rematador, deudas generadas por tributos municipales, gastos de custodia del vehículo, multas si las hubiere, Impuesto al Valor Agregado cuando corresponda y otros gastos”.
De todas maneras, si quedara algún remanente, éste no podrá ser utilizado por tres años porque ese dinero “quedará a disposición de quienes puedan acreditar derecho a él por el término de tres años, contados desde el día del remate. El reclamante deberá probar fehacientemente el derecho que invoca”. Recién entonces, pasados los tres años, el remanente será de beneficio del organismo actuante, para este caso la Intendencia.
La anterior Administración ya había inventariado alrededor de 1.000 motos, en un estado tal que no pueden volver al tránsito y solamente pueden ser compactadas. No obstante, las actuales autoridades de la Intendencia, buscan una salida que tenga mayor fortaleza desde el punto de vista formal y sea más sencillo de aplicar.
Por otra parte, el cuerpo de inspectores de tránsito continúa incautando motos en los procedimientos habituales. El director de Tránsito y Transporte Público, Daniel Ballejo, confirmó a EL TELEGRAFO que continúan los operativos de control vehicular en diferentes zonas de la ciudad y que una vez constatadas irregularidades, cuando corresponde, se procede a la incautación de vehículos.
“Hay un protocolo que rige a partir de esta Administración que se cumple fielmente para dar determinadas garantías a ese bien que es propiedad del infraccionado”, dijo. Reconoció que la situación es compleja porque hay necesidad de contar con lugares adecuados para que cuando se entregue el vehículo, “éste se encuentre con su moto en las mismas condiciones que cuando le fue incautada”.