Nacionales | 10 Ago La mala situación financiera que enfrentan varios departamentos obligó a los nuevos intendentes a realizar recortes de personal y en los próximos meses más de 1.000 funcionarios municipales deberán dejar sus cargos.
Antes y después de asumir los nuevos jerarcas, las noticias de déficit y la necesidad de préstamos se volvieron moneda corriente en casi la totalidad de los departamentos. Salto, Lavalleja y Maldonado anunciaron sus dudas con respecto a si podrían pagar los salarios de julio y agosto, y se adelantaron a pedir préstamos millonarios para poder saldar las cuentas. También Montevideo encontró una intendencia con números en rojo y debió postergar el pago a proveedores para poder abonar los salarios, afirmó el secretario general de la comuna, Fernando Nopitsch, a El Observador TV.
En Salto, el intendente Andrés Lima se reunió con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeoms) para anunciar el cese de 249 funcionarios y pocos días antes, el turno de los despidos había llegado a Lavalleja. En conversaciones con El Observador, la intendenta Adriana Peña confirmó la separación de 200 funcionarios realizada el pasado 1º de agosto y que afecta a personal de servicio, ayudantes, auxiliares y administrativos. Peña tomó la decisión luego de encontrarse con una caja casi vacía, que solo daba lugar al pago de los salarios de julio, unos $ 32 millones, pero no podía enfrentar la deuda de $ 60 millones que tiene con sus acreedores. Si bien los recortes son amplios, no alcanzan para llegan a la “zona de rentabilidad”, dijo.
Pese a que previo a asumir el frenteamplista Óscar Terzaghi afirmó que no estaba dentro de sus planes despedir funcionarios, una vez en el cargo, el jefe comunal de Río Negro --departamento con más trabajadores municipales por habitante-- resolvió despedir a 118 empleados por recortes y cautela en el gasto de esa comuna.
Además, con la no renovación de 160 contratos realizados en el año previo a las elecciones municipales que resolvió el intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo, la franja norteña que ahora lidera el Frente Amplio (Salto-Paysandú-Río Negro) suma 628 empleados que quedarán sin trabajo.
Por otra parte, también planean recortes los blancos Carmelo Vidalín y Sergio Botana en Durazno y Cerro Largo respectivamente. Según informó El País, Botana recortará la plantilla en 50 funcionarios, mientras que Vidalín piensa despedir a 200.
La “necesidad económica” llevó también al intendente de Artigas, Pablo Caram, a no renovar los contratos de 215 trabajadores. “Fuimos estudiando caso a caso para no descuidar los servicios”, dijo Caram a El Observador y no descartó que más adelante pueda haber más despidos.
El secretario general de la Federación Nacional de Municipales (FNM), Carlos Fraga, dijo que los sindicatos de Río Negro y Paysandú están negociando con la comuna para lograr que baje el número de trabajadores despedidos.
La FNM analizará en el próximo congreso la necesidad de contar con un estatuto único que haga efectivo en los 19 departamentos el ingreso a través de sorteo o concurso. Sin eso, “todas las intendencias meten cargos políticos para poder trabajar en la próxima reelección”, dijo Fraga a El Observador.

JUSTICIA EMPLAZÓ A HÉCTOR AMODIO PÉREZ
El exguerrillero tupamaro Héctor Amodio Pérez quedó libre ayer, pero regresará hoy a declarar ante la Justicia tras una larga jornada en dos sedes judiciales de Montevideo. Andrés Ojeda, abogado de Amodio Pérez, dijo a la salida del juzgado que su cliente “hoy recupera su libertad y no tienen ningún pedido de procesamiento en su contra”.
La jueza María Helena Mainard, a pedido del fiscal Ariel Cancela, dispuso el cierre de fronteras para Amodio Pérez, quien declaró ante la magistrada durante la mañana por dos denuncias que según su abogado no tendrían consecuencias en esta jornada. Luego, desde las 16 horas, declaró ante la jueza Julia Staricco por un expediente iniciado en el Juzgado Penal de 11° turno en 2011. El exjuez Federico Álvarez Petraglia es el abogado de 28 mujeres que denuncian haber sido víctimas de abuso en la dictadura. Por esta causa declararon Asencio Lucero, quien reconoció el abuso y dijo que Amodio le había dado información sobre sus compañeros mientras estaba preso en el Batallón Florida, en 1972. En las declaraciones se registraron contradicciones, confirmó Ojeda a la prensa, por lo que se realizará un careo entre las partes. Estas contradicciones, explicaron fuentes judiciales a El País, es porque los militares que declararon lo vinculan a la denuncia de violación ocurrida en 1972.
El viernes, luego de la conferencia de prensa, Amodio Pérez recibió la citación para presentarse a declarar en una de las causas que investiga violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y fue notificado de que debería declarar ante la jueza Marcela Vargas en el juzgado de Ciudad de la Costa por la presunta falsificación de su pasaporte español.

OTORGAN CASA A FAMILIA DEL POLICÍA ASESINADO
El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) otorgará una vivienda de emergencia y apoyo psicológico a la familia del policía fallecido a tiros durante una emboscada efectuada el mediodía del viernes 7 en Santa Catalina. El policía asesinado, Marcos Melo Pérez (45) vivía con su familia en una zona de ese barrio donde residen rapiñeros y personas de trabajo.
Después del sepelio de Melo Pérez, el INR le entregó una casa a la viuda y a los tres hijos de 20, 18 y 12 años, quienes no querían regresar al barrio por sufrir una intensa angustia y miedo a represalias por familiares de los dos menores internados ayer en el INAU por el juez de Adolescentes, Allen Denby.
Uno de los menores fue derivado a un hogar como autor de un delito de homicidio especialmente agravado y el otro como autor. Uno de ellos confesó el crimen y el otro negó su participación. El policía recibió cuatro tiros de una pistola Glock que uno de los menores había robado días atrás a un policía en el barrio Cerro Norte.
Fuentes del caso indicaron a El País que los dos adolescentes sabían que el policía se bajaba del ómnibus y se dirigía a su casa. Agregaron que lo mataron porque él los conocía y el objetivo del crimen era obtener una segunda pistola Glock.
Además de entregarle una casa en forma provisoria a la familia del policía abatido, el Instituto Nacional de Rehabilitación iniciará un proceso legal que derivará en la entrega de una vivienda definitiva a la familia del policía abatido. Este proceso implica una investigación administrativa para determinar la causa de la muerte independiente de una resolución judicial. Como el policía iba uniformado, se considera que cayó en cumplimiento del deber.