Paysandú, Miércoles 19 de Agosto de 2015

Los funcionarios de Salud Pública harán un paro por 48 horas, cortarán rutas y analizan iniciar huelga y ocupar ministerios

Nacionales | 19 Ago La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) parará por 48 horas el 31 de agosto y analizan iniciar una huelga a partir del 15 de setiembre ante la “falta de respuestas concretas” e impulsarán un plebiscito para que “legisladores y ministros se atiendan en ASSE”.
Los trabajadores se reunieron en asamblea minutos después de retirarse de la reunión del Consejo de Salarios con ASSE, en la que los representantes del organismo no presentaron cifras concretas sobre el incremento salarial que le corresponderá a los funcionarios. El paro de 48 horas será acompañado por una movilización hacia el Palacio Legislativo y el Ministerio de Salud Pública, “cortes de ruta coordinados en todo el país” y propaganda “denunciando el mal gasto realizado por ASSE financiando al sector privado”, según Subrayado.
Luego del paro, la FFSP comenzará a analizar a través de sus bases, la posibilidad de iniciar una huelga a partir del 15 de setiembre y la ocupación de ministerios, en coordinación con la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE).
Además, el sindicato prevé impulsar un plebiscito “para que legisladores y ministros de Estado se atiendan en ASSE. Los trabajadores organizados hemos demostrado nuestra fortaleza en las calles y no tenemos miedo de adoptar las medidas que sean necesarias para que de una vez por todas este gobierno progresista demuestre que es de izquierda y de más a los que menos tienen”, agrega la declaración.
BAJA RÍO YÍ Y HAY MÁS DE 5.000 EVACUADOS
Según los registros del Comité de Emergencia Departamental de Durazno, hay 5.133 personas desplazadas, alojados y asistidos en el Complejo Deportivo Municipal, la Sociedad Rural de Durazno, la empresa IDAC y el local Andrade. El río Yí estaba por debajo de 11 metros de altura y descendía a razón de tres centímetros por hora, según las autoridades locales, mientras que el personal de UTE realiza un relevamiento diario de las instalaciones y cortes de energía eléctrica en las zonas inundadas.
En el área de Puerto de los Barriles, no alcanzada por las aguas, UTE habilitó el servicio de energía y lo mismo hizo en el barrio La Cantera. Según el Comité de Emergencias, OSE mejoró los episodios de turbiedad “aisladas” y se solucionaron los problemas de falta de agua en los barrios Vista Linda e Hipódromo. Mientras tanto, personal del Ejército trabaja en la “cocina de campaña” y brinda alimentación a las personas damnificadas.

INTERPELARÁN A COSSEPOR REGASIFICADORA
La Cámara de Diputados votó la interpelación a la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, por el abandono de las obras de la regasificadora que la firma GNLS y Gas Sayago iban a llevar adelante. La iniciativa parlamentaria fue promovida por el Partido Nacional mediante el diputado Pablo Abdala, y votaron todos los miembros de la oposición, inclusive la Unidad Popular. Contó con 45 votos a favor en 95 posibles, y solamente eran necesarios 33.
La ministra Cosse será interpelada por la gestión en Gas Sayago, una empresa formada por UTE y Ancap, que licitó la obra de la regasificadora junto con la firma GNLS, un consorcio formado por GDF Suez y la empresa Marubeni.

CULPAN A FUNCIONARIOS POR DAÑOS EN EDIFICIOS
Mientras que el gobierno comienza una auditoría para explicar en el INAU el deterioro masivo de nuevos centros de detención de menores y reformas por un monto de U$S 20 millones, profesionales relacionados al proceso de construcción se despegaron del tema asegurando que “lo que funciona mal es el sistema y el uso que se le da a todo en materia edilicia”. La auditoría a cargo de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte que comenzó a investigar la concesión de las obras a las constructoras Fedal, Tresor y Calpusa S.A. de forma directa, evaluará los criterios utilizados al momento de aceptar las propuestas arquitectónicas y controles efectuados sobre los trabajos finalizados.
Fuentes vinculadas directamente a la evaluación y control arquitectónico de los centros penitenciarios Ceprili y de las reformas en el ex Batallón 9, confirmaron a El País que “no se cumplieron correctamente los protocolos de funcionamiento de los centros por los mismos funcionarios que traen mañas de otros lugares”. En este sentido aseguraron que “en el Ceprili se construyó algo de máxima seguridad, moderno, como las cárceles de primer nivel en otras partes del mundo, pero el tema está en que el personal debe de ser instruido para usar todos estos elementos de modernidad”.
Explicaron que el deterioro de los centros en tan poco tiempo se debe a “un sistema de seguridad asociado al edificio, como por ejemplo los sensores de movimiento en las paredes de las celdas, cámaras, barreras, tarjetas magnéticas, etcétera, a los que no se les da uso de manera adecuada. Todos estos elementos, iban a favor del edificio, fue diseñado para que no exista vandalismo pero la puesta en marcha del sistema, el funcionamiento final y otros aspectos no llegaron a completarse, todo está disponible pero no está en funcionamiento”.
El plenario se reunirá el viernes para recibir a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, quien será interpelada por el diputado colorado Tabaré Viera a raíz de la situación en varios centros del INAU que gestiona el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), tanto en Montevideo como en Rivera.

INCERTIDUMBRE POR LA SITUACIÓN DE MERCOSUR
El líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, se entrevistó con el canciller Rodolfo Nin Novoa, donde se mostró preocupado por la incertidumbre acerca de la situación del Mercosur. El senador nacionalista dijo que la crisis que atraviesa el bloque regional, la situación de Brasil y la menor actividad de la economía china suman “un elemento adicional de pesimismo y pérdida de confianza de los inversores al empeorar claramente el clima de negocios en la región y en nuestro país”.
Según Larrañaga, la principal preocupación es el empleo de los uruguayos “y su calidad de vida”, y en ese sentido subrayó que “el comercio exterior y la inversión son clave para avanzar en materia socio-económica, para mejorar los niveles de ingreso y empleo de los trabajadores. Más comercio es más trabajo y más trabajo es más bienestar para la población”.
Abogó por un “regionalismo abierto”, con un Mercosur que sirva “como plataforma para acceder a nuevos mercados” y opinó que la integración plena a la Alianza del Pacífico puede permitirle a Uruguay, en un primer paso, ampliar las opciones comerciales, y, en una segunda instancia y a través del Acuerdo de Integración a nivel del Pacífico, lograr un TLC con Estados Unidos.


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