Opinion | 21 Ago Recientemente el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, anunció la intención del gobierno de promover la creación de lo que será denominado como sistema nacional de acreditación con fondos públicos, con el objetivo de que los trabajadores sin titulación de distintas áreas prueben ante un tribunal los conocimientos obtenidos en sus años de trabajo como forma de acceder a un diploma con validez en la educación formal.
Es decir que la idea es revalidar académicamente los conocimientos generalmente de carácter práctico que tienen miles de personas en todo el país que no han pasado en muchos casos por aulas de la educación técnica, como la Universidad del Trabajo (UTU) e instituciones privadas que sobre todo en los últimos 20 años han ampliado una oferta que hasta entonces era muy restringida en cuanto a oportunidades de capacitación.
La idea en esta dirección había sido planteada por el expresidente José Mujica durante su administración y ahora el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, durante la Administración Vázquez, buscará su implementación a nivel nacional, en tanto el jerarca señaló asimismo que otro de los programas que promoverá el Poder Ejecutivo durante el quinquenio será la búsqueda de acuerdos entre empresarios y sindicatos para que los empleados culminen el liceo con ayuda económica de sus empleadores, teniendo en cuenta que según el titular de Trabajo, 40% de los trabajadores o empresarios en actividad no culminaron sus estudios secundarios.
Murro, al hablar ante integrantes de la Red de Personas por Competencias y Organizaciones Sostenibles, explicó que la extensión de esas políticas serán dos pilares del anunciado programa denominado Cultura del Trabajo para el Desarrollo.
Agregó el secretario de Estado que ya planteó las iniciativas tanto a empresarios como a los jerarcas de la educación y dijo que los próximos días será presentada la estrategia del gobierno sobre “cultura del trabajo”, con la idea de generar un “sistema nacional” con fondos del Estado para crear tribunales tripartitos de acreditación de saberes conformados por representantes del sistema de educación formal, de las empresas y de los sindicatos.
A su vez, los integrantes de la comisión serán los encargados de determinar si un empleado de una empresa cuenta con los requisitos para acceder a una titulación: “En general se crean comisiones donde están técnicos de la educación, representantes de los trabajadores y de la empresa, y en cada empresa se va certificando lo que un trabajador sabe hacer. Y eso permite que, por ejemplo, trabajadores que han tenido estudios incompletos o no han tenido estudios de determinado oficio se les acredite un oficio o una profesión y que eso les sirva como si hubiera hecho un curso en UTU. Ahí participan autoridades de la enseñanza de UTU, pero también participa la empresa y participa el sindicato para ver que tenga todas las garantías del debido proceso”, explicó el ministro de Trabajo.
La idea en realidad es tratar de generar mejores perspectivas de inserción e incluso capacitación complementaria para miles de trabajadores en la situación indicada, y toda iniciativa que tienda a dar un plus a la masa laboral y calificar debe ser bien recibida, más allá de los elementos aún imperfectos que pueda tener en primera instancia, porque además es un elemento a favor para contemplar mejores aspiraciones en el mundo del trabajo.
En la reunión de referencia, precisamente, ante unos 50 encargados de recursos humanos de empresas públicas y privadas, el ministro puso el ejemplo de periodistas, al señalar que “me he encontrado por ejemplo con prestigiosos periodistas que no tienen título y dicen: ‘Yo quiero que me den un título de algo: hace 30 años que estoy al frente de un programa de radio, televisión y no tengo un título’. Para mencionar gente conocida, pero cuántos no conocidos tenemos que saben hacer cosas que no están reconocidas”.
Asimismo, sobre la culminación de los estudios secundarios por los empleados, el ministro de Trabajo afirmó que su aspiración es replicar una política implementada cuando era presidente del Banco de Previsión Social (2005-2014), sobre lo que expuso que “hicimos un acuerdo por el cual el organismo paga la mitad de las horas de estudio al funcionario, pero si ese funcionario llega a abandonar los estudios luego va a tener que reintegrar las horas. El 96% van culminando los estudios. De los 200 que ya culminaron los estudios secundarios unos 20 ya ingresaron a la universidad. Queremos potenciar esas posibilidades para favorecer incluso con financiamiento la culminación de estudios medios de trabajadores”.
Sin duda, que se trata de acciones complementarias que van en apoyo de mano de obra calificada por la vía de la práctica, de la experiencia de los años en ejercicio de un oficio o profesión, y que no han tenido oportunidad ni canales de reafirmación académica y de extender su base de apoyo teórica, lo que les permitiría no solo documentar este proceso de capacitación, sino también contar a la vez con una currícula sustentada en calificación de cara a otras oportunidades laborales, llegado el momento.
La perspectiva de apoyo al sector privado para que los funcionarios completen su educación secundaria es asimismo un paso en la buena dirección, por cuanto sin dudas hay decenas de miles de estos casos en todo el país, y la capacitación debe ser bien recibida a toda edad, sobre todo si el período de vida activa de un trabajador deja expectativa de que ese avance en estudios le permita aspirar a crecer en su vida laboral, tanto dentro como fuera de la empresa.
Ello redundará en beneficio personal y de la savia vital del país, sobre todo cuando la realidad indica que estamos ante una fuerte deserción estudiantil a partir de Secundaria y un creciente déficit en formación de los trabajadores del presente y del mañana.