Opinion | 15 Ago Enmarcado en una reestructura del Fondo Nacional de Desarrollo (Fondes), con pie en la ley aprobada recientemente para su reformulación, en las últimas horas se supo que las empresas autogestionadas deudoras del Fondes recibieron una intimación para pagar en cinco días ante la advertencia de que se iniciarán acciones legales. Según publicó La Diaria, las empresas recibieron el martes un telegrama colacionado en nombre de la Corporación Nacional Financiera de Inversión Sociedad Anónima (Conafin-Afisa).
En este sentido, fuentes de Conafin–Afisa informaron a El Espectador que de 28 proyectos que recibieron respaldo del Fondes, solo nueve tienen atraso en sus pagos. El caso de Cotrapay y otras de las empresas autogestionadas que anunciaron el cese de sus actividades no registran atrasos en sus pagos, a pesar de que sus proyectos puedan discontinuarse, explicaron las fuentes.
A diferencia de lo ocurrido durante la gestión de la administración del expresidente José Mujica, en la administración de Tabaré Vázquez se decidió no solo reformular sino sincerar el funcionamiento del Fondes, y por ejemplo, entre otros cambios, la determinación de si un proyecto es viable depende ahora de la decisión del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), desde la incorporación de la Ley del Fondes aprobada la semana pasada por el Parlamento. La decisión no implica que las acciones legales se ejecuten de forma inmediata, sino que la idea es que las empresas se acerquen al Inacoop para regularizar su situación.
El presidente del Inacoop, Gustavo Bernini, dijo que se le pidió a algunas empresas que se quedaran “tranquilas” ya que es parte del cambio que propone la ley. Pero, el hecho de que se manejen las cosas de manera distinta, no deja tranquilos a los involucrados en los emprendimientos autogestionados, y es así que Daniel García, de la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por sus Trabajadores, señaló que sus afiliados no pueden hacer frente a lo pedido, anunció que no pagarán en este plazo y aseguró que muchas de las situaciones de riesgo para los emprendimientos son responsabilidad de los atrasos en el cumplimiento de los acuerdos por el Fondes.
A la vez, según García, en los casos de Cotrapay y la imprenta Presur, se negocia con actores locales la posibilidad de una salida para la situación que tiene a estos emprendimientos a punto de cesar sus actividades.
Son varios los factores que deben considerarse, entre ellos, estamos ante hechos consumados, con dinero entregado a emprendimientos muy comprometidos --el Fondes “anterior” dispuso de los recursos con un criterio voluntarista--, sin estudios confiables de viabilidad. Ello ha derivado en financiamiento a empresas sin mercado ni rentabilidad, es decir candidatas a una asistencia permanente y no temporal, para poder más o menos subsistir. Con el dinero de todos se debe apuntar a emprendedores sin otras fuentes de crédito, pero con perspectivas sostenibles en lugar de procurar una colectivización de empresas privadas sin ninguna perspectiva, solo para tener agitando una bandera testimonial de utopías sesentistas.