Locales | 17 Ago Bajo el título “TISA. Trade in Service Agreement. ¿Un acuerdo para quiénes? Una charla para todos”, organizada por la Intergremial de Estudiantes de Paysandú y la Sociedad Civil Paysandú Nuestro, el exministro de Industria, Roberto Kreimerman, explicó los alcances de un acuerdo “que se negocia entre un grupo de países, sobre servicios tradicionales u otros nuevos, generados a partir del sistema de producción que prima en el mundo a través de las cadenas de valor que da un 70% de la producción mundial”.
Este acuerdo en Comercio de Servicios –tal como lo detalla su sigla en inglés-- apunta a la liberalización de un sector clave de la economía, con la intervención de “51 países, aunque la Unión Europea lo hace como uno solo por lo cual se habla de una menor cantidad, además de Estados Unidos y otros pocos en desarrollo” que negocian “al margen de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”, donde se establecen situaciones “para que los países desarrollados no cedan a las reivindicaciones agrícolas de otros y logren imponer una agenda sobre los servicios”.
Kreimerman explicó que “según la amplia definición que se otorga en el tratado, abarca temas tales como los servicios de telecomunicaciones, financieros, de transporte, regulaciones domésticas, entre otros” y “se negocia en el marco de una desregulación y liberalización, donde se incluye hasta las compras públicas” y en este sentido, recordó que Uruguay cuenta con un programa específico para las empresas nacionales.
El exministro sintetizó que durante “las negociaciones se imponen cláusulas sobre las cuales Uruguay no tiene mucho para ganar” y enumeró que “en primer lugar, las disposiciones van en contra de las posibilidades de desarrollo futuro en diversas áreas”, en tanto la liberalización de sectores con mucha fuerza en países desarrollados “logra que básicamente no se pueda avanzar en otros nacionales que apunten a una mejora de la estructura productiva”.
Sin embargo, aclaró que tal como está pautado “busca un esquema de desregulación que incluso puede afectar a la enseñanza, salud o medioambiente en la medida en que la redacción de estos temas --dentro de los intereses de distintas naciones-- pasan por buscar la mínima regulación posible para que operen las grandes compañías con llegada a estos mercados y constituir así un esquema mundial, debido al cambio de los sistemas de producción”.
Consultado acerca de las posibilidades de su inserción en aspectos educativos, el exministro de Industria opinó que en el tramo correspondiente a las regulaciones domésticas, el tratado “impone que sean comunes a la totalidad de los países firmantes del TISA. Incluso en la salud, con la cláusula de statu quo que se fija, no se puede avanzar en nuevas reglamentaciones o se tiene que aceptar a empresas extranjeras, bajo regulaciones más generales”.
Kreimerman consignó que desde el gobierno se ha impulsado una discusión sobre el acuerdo, en tanto “se aproxima la fecha en que Uruguay deberá presentar las denominadas listas negativas. Esto es una diferencia con otros acuerdos con la OMC, donde en vez de avanzar por las partes positivas, se enlista lo que el país quiere proteger en el acuerdo y esas listas negativas quedan fijas para siempre”.
Explicó que “en la próxima etapa se presentarán las listas positivas de acceso a los mercados y esto ha generado una necesidad de discusión profunda a partir de los documentos conocidos porque hablamos de un tratado que afecta a los servicios públicos, en un momento vital para estas áreas”. Preguntado sobre la disponibilidad de Uruguay para acceder al TISA enmarcado en los acuerdos previos con el Mercosur, Kreimerman consignó que la discusión se instaló en primer lugar en la conveniencia o no para el país. “En vista de que las negociaciones mutuas entre los sectores agrícolas y de servicios estaban trabadas, algunos países desarrollados –no todos-- tienen interés de que se sumen países chicos o grandes para llevar el tema a la OMC, según ellos”, agregó.
Por otro lado, a nivel nacional, “hay intereses de los servicios de exportación específicos instalados esencialmente en las Zonas Francas, pero pensamos en las posibilidades potenciales de perder empleos o las regulaciones y en definitiva resultan negativamente superiores en la balanza, a nuestro juicio”. No obstante, reconoció la conveniencia de un proceso de discusión, que se ha generado en diversos ámbitos.