Opinion | 16 Ago Un video editado de pocos minutos, donde muestra la represión ejercida por funcionarios del Hogar Ceprili a algunos internos en presencia del dirigente José Lorenzo López que observa la escena sin tomar parte en los hechos, lanzado el día antes del primer paro general de 24 horas realizado el jueves 6 de agosto, ganó su lugar en los titulares y opacó otros asuntos de relevancia informativa.
A partir de ese día se han observado y escuchado diversas opiniones o acciones --como el Instituto Nacional de Derechos Humanos-- que fustigan los acontecimientos que motivaron posteriormente una denuncia de las autoridades del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) al sindicato.
En las imágenes, se aprecia a dos internos que reclaman atención y ante la falta de respuesta, optan por romper una loza. A partir de allí se generan hechos confusos, con la presencia de funcionarios que se acercan a hablar con los jóvenes, le solicitan que tiren los objetos que portaban y cuando acceden, se abre la reja para reducirlos en forma violenta.
Si bien restan explicaciones acerca del sistema de “rehabilitación” de adolescentes infractores existente en Uruguay, conviene dudar sobre los motivos de la difusión de estas situaciones --que ciertamente no son nuevas-- y la rápida llegada que tuvo el video correspondiente a una cámara de seguridad del INAU a los medios de comunicación masiva, tantas veces demonizados. Y una duda más: ¿hay matones trabajando en el Estado que pasan los límites y “para las mafias rompió los códigos”?, según asegura la ministra de Educación, María Julia Muñoz, en una columna publicada por el semanario Voces.
Si es verdad que “cuidar la democracia, es cuidar las instituciones”, entonces la jerarca deberá aportar datos y actuar en consecuencia. De hecho, maneja información clasificada que seguramente ayudará a consolidar esa estructura.
Mientras tanto, es de rigor saber ¿dónde quedaron las reiteradas denuncias de malos tratos y apremios presentadas desde hace años? ¿No eran tan importantes como este caso ocurrido en el Ceprili? ¿O era interés demostrar la existencia de un culpable, antes que un sistema que no funciona?
El comité de los Derechos del Niños presentó en 2013 una denuncia penal sobre la presencia de una supuesta fuerza de choque, contratada para desactivar motines “con violencia”, cuyos requisitos --según la denuncia-- era tener una buena complexión física y haber aprobado 6º de Primaria. ¿Dónde están los resultados de ese informe o sus consecuencias sumariales?
“La política nos lleva por senderos que no planificamos”, agrega Muñoz en su artículo. El razonamiento, también. Y ocurre que estas actitudes --más allá del hecho condenable-- tienen un dudoso perfil y además, no resultan convincentes.