Opinion | 17 Ago Al inicio de 2015 comenzaba a desarrollarse un panorama que sería premonitorio. Con el anuncio del cierre de Ecolat en febrero, se avizoraba una tormenta de inalcanzables proporciones en Nueva Helvecia, una pequeña localidad que vive y respira en una cuenca caracterizada por su apego a la industria láctea desde hace varias generaciones.
Esta empresa, propiedad del conglomerado peruano Gloria, arrastró tras sí 400 puestos laborales, además de la cadena productiva que se movía en su entorno.
En mayo, la empresa automotriz china Chery le anunció al gobierno que suspendería su producción en Uruguay y, a pesar de las negociaciones, confirmó en julio el cierre definitivo y el despido de 350 trabajadores.
También en junio, la lechera Schreiber Foods Inc., instalada en San José, anunció el cese de su producción y, por ende, la desvinculación de 170 trabajadores.
Agosto sorprendió con el cierre del Frigorífico Pesquero del Uruguay o Fripur: “una de las empresas líderes en procesamiento de alimentos en Sudamérica”. Desde su creación en 1976, “hemos logrado reconocimiento internacional tanto por la calidad de nuestros productos como por la pasión de velar por las necesidades de nuestros clientes”, reza en la web empresarial. Hace un año se presentó a concurso voluntario de acreedores y a pesar de la reducción de sus pasivos, los problemas económicos se tornaron insostenibles. De hecho, según el Banco Central del Uruguay, esta empresa reviste en la “categoría 5”, es decir, con claros vestigios de incobrabilidad.
Fripur anunció que finalizará la producción convenida esta semana, en 90 días se pondrá a la venta y si no apareciera un comprador, pasará a “liquidación por partes”. Los propios trabajadores descartaron la conformación de una cooperativa para la autogestión ante los costos que insumiría su funcionamiento, no obstante sus propietarios, Máximo y Alberto Fernández, ofrecieron al gobierno “ceder la gestión de la empresa” a sus empleados y esa alternativa se transmitió en las reuniones efectuadas la semana anterior. Pero es incierto el futuro de 960 trabajadores que representan un tercio del total de empleos del sector pesquero en el país”.
En medio de las decisiones, el sindicato acusó a los responsables empresariales de llevar a esta situación, tras solicitar préstamos que no se destinaron a la reactivación de la industria, sino a otros negocios. Por eso, el desenlace era esperado.
Es interesante destacar que, según la lista de “los 120 más ricos de Uruguay”, publicada por Caras y Caretas en enero pasado, Máximo y Alberto Fernández figuran en primer lugar. La revista definió que los propietarios de Fripur “tienen filiales en Europa, Rusia y África. Desarrollan una amplia gama de negocios, proyectos inmobiliarios y son grandes productores rurales. Alberto Fernández es amigo de José Mujica y pagó de su propio bolsillo la banda presidencial”.
Mientras tanto, el gobierno sigue envuelto en cortinas de humo de nombres diversos para intentar virar la atención de unos pocos distraídos.