Opinion | 23 Ago Tras el fallo del juez Gustavo Iribarren, que resolvió el procesamiento con prisión de 17 funcionarios del INAU por el delito de tortura y de 9 sin prisión, entre los que se encuentra el dirigente José Lorenzo López, el sindicato de trabajadores del organismo definió en asamblea la concreción de un paro desde el mediodía de ayer hasta el jueves 27, un paro nacional de 24 horas mañana y reclama la renuncia de la titular del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Gabriela Fulco, entre otras movilizaciones que desarrollarán a lo largo de la semana.
En forma paralela a la actuación judicial, en la Cámara de Diputados se desarrollaba una dura interpelación a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, que después de 13 horas tuvo el final reiterado en estos largometrajes parlamentarios con mayoría oficialista y una declaratoria de apoyo escrita incluso antes de terminar su exposición.
Lo más importante de todo era otorgar el respaldo político. Si en el medio de la cuestión se reconocían los fracasos comprobados en la rehabilitación de menores infractores o se utilizaban tecnicismos de dudosa existencia en el diccionario, lo relevante de todo era apelar nuevamente al “compromiso con la sociedad” para alcanzar el éxito.
A ratos semejaba una parodia a la inversa, donde precisamente el ridiculizado era quien seguía como observador esa interpelación. Cabe recordar que los creadores del sistema se han preocupado --en primer lugar-- del manejo de un lenguaje oficialista o también denominado “inclusivo”, inventado en la última década para enseñarle a esa misma sociedad cómo debe hablar cada vez que se refiera a los adolescentes en conflicto con la ley, pero no tiene un protocolo de actuación definido, a la luz de las diversas interpretaciones que se brindaron a la prensa. O, en todo caso, han cambiado y esas modificaciones no se comunicaron hacia la interna.
Y en el marco de la desidia existente para enfrentar un problema complejo, las preocupaciones pasan por cambiar en forma permanente los nombres de los hogares (el ex Ser, ahora es MDI) o de estructuras (el Sirpa será suplantado por el Instituto Nacional para la Construcción de Ciudadanía Adolescente o Incaa).
Con mayores recursos humanos y económicos disponibles, sin una “herencia maldita” a la vista y con una mayoría con mano de yeso que ha votado lo que envía el Poder Ejecutivo, no se observa un plan de acción exitoso que cierre un ciclo de improvisaciones y vacíos de poder. Ahora solo se deberá aguardar por los cruces de responsabilidades en los medios de comunicación tantas veces usados con los mismos fines, donde la actuación de los funcionarios filmados en un video que “nadie” presentó es únicamente la punta de un iceberg que contiene otras profundidades.