Nacionales | 20 Ago El director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Juan Andrés Roballo, informó que la cantidad de personas desplazadas en todo el país asciende a 6.157 personas, de las cuales 5.983 son de Durazno, al tiempo que desciende el caudal del río Yí.
El último informe del Centro Coordinador de Emergencia Departamental (Cecoed) de Durazno señala que la cantidad de desplazados registrados asciende a 5.983 personas., de los cuales 356 personas están evacuadas y 5.627 son autoevacuados.
El director del SINAE llamó a la población a registrarse para cubrir a todos los afectados. “Esto es muy importante, porque a estas personas también se les llega con los servicios que queremos garantizar a toda la población”, aseveró Roballo. El río Yí se encontraba anoche en 9,77 metros, cuando la cota se seguridad es 8,60 metros.
El jerarca reiteró que la regularización de la energía eléctrica, el chequeo sanitario y la inspección estructural de las viviendas serán a costo del Estado y reconoció los servicios de todos los departamentos, enmarcado en la coordinación con los organismos destacados en cada territorio. Según Presidencia, la salud, la alimentación y la seguridad están garantizados para todos los desplazados y añadió que se han dispuesto espacios de recreación y educación para los menores, como forma de contención para las familias. Roballo insistió en el llamado de atención que representa pasar de una situación de déficit hídrico a inundaciones en apenas diez días. El medio ambiente, el cambio climático y la gestión del agua implican acciones con inversiones muy importantes, pero también un trabajo cotidiano que consiste en la adopción de buenas prácticas, manejo adecuado de los residuos, el uso del plástico y otros temas puntuales, que serán abordados a través de una secretaría. La Prosecretaría de la Presidencia de la República dispuso que se realice un relevamiento de campo de forma inmediata en Durazno, a través de la subdirección técnica del Sistema Nacional de Emergencias.

EL 25% DE LOS POLLOS ES DE CONTRABANDO
El ingreso ilegal de pollos desde Brasil representa actualmente entre el 25% y 30% de los pollos que se consumen en el mercado local, lo que genera una evasión fiscal de alrededor de U$S 40 millones anuales, según un trabajo técnico de la Cámara Uruguaya de Productores Avícolas (Cupra).
El documento, ratificado notarialmente, no sólo incluye datos de relevamientos realizados en pequeños comercios ubicados en departamentos fronterizos con Brasil, también abarca algunos departamentos cercanos a la capital, como es el caso de Lavalleja. Allí se incluyen fotos y videos, incluso algunos donde --según los denunciantes-- se ve bajar carcasas de carne aviar desde autos particulares, taxis y motos, sin ningún tipo de refrigeración que preserve la calidad del alimento que posteriormente llegará a la mesa del consumidor.
Ya no se trata de “contrabando hormiga” sino de una actividad comercial organizada, de gran volumen, cuyo nivel supera a cualquiera de las más importantes empresas formales del sector en Uruguay. Cupra hizo la denuncia ante el Instituto Nacional de Carnes (INAC), al tiempo que las industrias enfatizaron en el perjuicio que causa el contrabando de pollos brasileños a los pequeños comerciantes y el daño a la salud de los consumidores al no tener ningún tipo de control. Ante la Dirección General Impositiva (DGI) se focalizó en la evasión fiscal estimada en no menos de U$S 40 millones anuales y ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), se apuntó a concientizar sobre los trastornos sanitarios que puede causarle al sector avícola uruguayo un ingreso ilegal de carne aviar.
Hoy se reunirán con el titular de la Dirección Nacional de Aduanas, Enrique Canon, quien de inmediato se puso a disposición de la gremial para trabajar en conjunto.

PROPONEN RENEGOCIAR DEUDA DE PLUNA CON SCOTIABANK
Veinticuatro horas después de que el gobierno pagara una de las cuotas por U$S 8,1 millones por el crédito que el Estado garantizó a la desaparecida Pluna S.A. ante el Scotiabank por la compra de siete aeronaves Bombardier, desde la oposición se propuso una renegociación de los adeudos por unos U$S 90 millones, teniendo en cuenta las dificultades presupuestales que el país afronta.
La idea fue planteada por el senador nacionalista Javier García, quien recordó que en 2008, cuando se firmó la garantía solidaria del Estado con la aerolínea gestionada entonces por el luego procesado empresario argentino Matías Campiani ante el banco canadiense, “los protagonistas del gobierno eran los mismos que ahora”, es decir que Tabaré Vázquez era presidente, Víctor Rossi era ministro de Transporte y Danilo Astori era el ministro de Economía.
García indicó a El País que esas mismas personas “firmaron ese año el documento, definiendo la garantía otorgada como deuda soberana del Estado uruguayo ante el Scotiabank”, lo que para él se equipara a la deuda externa y le da “una mayor rigidez” a la operación. El legislador recordó que hasta el presente el fideicomiso formado tras el cierre de Pluna S.A., luego declarado inconstitucional, pagó U$S 25 millones por tres cuotas de algo más de U$S 8 millones abonadas en agosto de 2012 y en febrero y agosto de 2013. Con dinero del Ministerio de Economía, Pluna Ente Autónomo pagó otros U$S 25 millones en febrero y agosto de 2014 y febrero de 2015. Con el último pago de U$S 8 millones el lunes 17, suma U$S 33 millones. El total abonado hasta ahora por la garantía del crédito por U$S 177 millones (para la compra de siete aviones) es de U$S 58 millones, restando pagar, según García por concepto de capital (U$S 85 millones) más intereses, cerca de U$S 90 millones.
García presentó ayer un pedido de informes al Ministerio de Economía preguntando “si en el marco actual de restricciones presupuestales se ha pensado en renegociar la deuda con el Scotiabank, de forma tal de disminuir al máximo posible el impacto negativo” para el erario. Asimismo, preguntó cuál es el monto exacto que aún queda por pagar al Estado para saldar la totalidad de la garantía por la compra de los aviones".