Opinion | 24 Ago Tras la asunción del presidente Tabaré Vázquez, el comienzo de su trabajo en el Poder Ejecutivo y los mensajes enviados desde el oficialismo con anterioridad a la discusión presupuestal vaticinaban el desarrollo de un año conflictivo y con marcadas diferencias de criterios, bajo la sombra de un elevado déficit fiscal y el endeudamiento de empresas estatales, entre las que se destaca el ente petrolero.
Todo esto envuelto en compromisos adquiridos durante la campaña electoral –como el Sistema Nacional de Cuidados (SNC) ya aprobado-- que requieren un refuerzo presupuestal, con la promesa del entonces candidato Vázquez de no aumentar los impuestos.
Los guardianes de la línea económica comenzaron a pedir austeridad en forma reiterada, olvidándose de una década “ganada” con ingresos ascendentes e incomparables en la historia reciente. El oído alerta de las gremiales que entendía cada tramo del mensaje, calculó esa sobriedad y la proyectó a cinco años y –con la sobreentendida premisa de que no todo lo regula el mercado-- acusó el contragolpe y pateó ese encargo de punta y para arriba, hasta quitarlo del área.
Las negociaciones han sido duras, a tal punto que cuesta remontarse a un pasado cercano para recordar paralizaciones en la educación o en la salud, tal como ocurren en estos días.
Al Ejecutivo se le termina el plazo para enviar el mensaje presupuestal al Parlamento y a los sindicatos, la paciencia para continuar en las negociaciones. Sin embargo, los usuarios de estos servicios son rehenes de un fuego cruzado que los involucra.
El gobierno presentará hoy a la bancada del Frente Amplio una ley quinquenal que contiene U$S 400 millones adicionales anuales para educación, infraestructura y el SNC. Allí incluye la limitación del ingreso de funcionarios “lo más posible” y evitar que no existan “más ingresos por la ventana”, aseguró el vicepresidente Raúl Sendic.
Ocurre que ahora se reconoce la existencia de una vulnerabilidad regional que anteriormente no se destacaba y ajustaban el escenario favorable a los logros del gobierno. Es decir, que las pérdidas sean colectivas, pero los éxitos siempre tengan nombres propios.
A esto se debe agregar un déficit fiscal elevado que ronda el 3,5% del Producto Bruto Interno, una inflación alta de 9,02%, el incremento del desempleo y un decrecimiento de la recaudación impositiva en tanto se asocia al nivel de actividad.
De aquí a diciembre, restan aún las negociaciones de al menos el 45% de los consejos de salarios, tales como salud, metalúrgicos, bancos, textiles, restaurantes y hoteles. La central sindical planteó que las pautas salariales emitidas son “absolutamente insuficientes”. Por eso, a poco de comenzar el último cuatrimestre del año, es esperable una mayor carga conflictiva.