Opinion | 29 Ago La semana anterior el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de cerca de cien kilómetros de la frontera con Colombia tras el ataque de supuestos contrabandistas a un grupo de militares venezolanos, a la vez de argumentar que el objetivo es tratar de combatir el contrabando y la inseguridad en la zona.
También decretó el estado de excepción en seis municipios del área y ordenó desplegar más de 2.000 soldados hasta que se capture a los responsables de herir a los integrantes de la patrulla militar y se desmantelen “todos los grupos paramilitares” que operan en la zona.
Pero paralelamente desde entonces han sido deportados al menos 1.088 colombianos, quienes residían de manera ilegal cerca de la zona fronteriza, una información confirmada por la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas en Colombia (OCHA).
Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2.219 kilómetros en la que prolifera el contrabando de todo tipo, en una recreación de situaciones que se da en gran medida entre prácticamente todas las naciones latinoamericanas, debido a desniveles socioeconómicos manifiestos y muchas veces relaciones cambiarias ficticias como instrumento de políticas económicas populistas.
El entredicho entre Colombia y Venezuela es lamentablemente una constante en la historia del subcontinente, sobre todo a partir de la asunción del poder por el chavismo y la creación de la república bolivariana, que se autoasignó la misión de tratar de expandir en la región el denominado socialismo bolivariano. Pero en los últimos tiempos las acusaciones han llegado a niveles insospechados, ante la imperiosa necesidad del gobierno de Maduro de encontrar amenazas externas a su país a toda costa, de forma de apelar al nacionalismo para unir a una Venezuela fuertemente polarizada.
En esta coyuntura de expulsión de ciudadanos del país vecino, naturalmente en la volteada caen justos y pecadores, porque no todos son contrabandistas ni nada que se parezca, sino familias de situación muy precaria económicamente y sin formación cultural y educativa, con escasas posibilidades de generar autosustento y que por lo tanto no tienen muchas alternativas de obtener ingresos.
La canciller venezolana Delcy Rodríguez, al hacer referencia a esta situación, dijo que su gobierno garantiza “el bienestar del pueblo venezolano y de millones de colombianos que viven” en su país, y señaló además en la red social Twitter que “solo basta preguntarse por qué hay éxodos masivos de hermanos colombianos a Venezuela? Les han negado sus derechos fundamentales en su país”. Asimismo, Rodríguez abogó en la misma red social por “el diálogo franco y teniendo como norte la paz” para resolver el conflicto fronterizo con Colombia.
Lamentablemente, todo indica que nuevamente se ha tomado a pobladores como rehenes de rivalidades político-ideológicas y diferendos entre gobiernos de países vecinos, de lo que son claro indicio las alusiones a “las hienas”, cuando los problemas deben buscarse en la propia incapacidad de gestión.