Opinion | 27 Ago Ante paros sistemáticos, que se han ido intensificando y que han dejado sin clases a alumnos de todos los sectores de la enseñanza en apoyo al reclamo de mejora salarial y mayores recursos presupuestales, el gobierno del presidente Tabaré Vázquez decidió mover fuerte y decretó la esencialidad de los servicios del sector, apelando a que se están violando los derechos que tienen los uruguayos de recibir educación por una medida gremial.
La fundamentación del jefe de Estado es de recibo, porque refiere a que si bien deben ejercerse plenamente los derechos gremiales, como corresponde a una democracia, los derechos de unos terminan donde empiezan los derechos de otros, y consecuentemente, el dejar sin educación a los sectores menos favorecidos de la población estaría justificando esta defensa del interés general. Por otra parte, los sindicatos de la enseñanza han hecho uso y abuso de su derecho de huelga, efectuando paros hasta “por las dudas” cuando ni siquiera sabían cómo iba a ser el presupuesto; en contra del TISA, por la autonomía del Codicen, por problemas edilicios, contra los liceos privados, etcétera.
A la vez que el gobierno decretó la esencialidad en la enseñanza, que entró en vigencia el miércoles, arrojó al mismo tiempo una fruta madura a los docentes al anunciar que el 39% del aumento en las partidas presupuestales irán para el sector.
Todavía estamos en el proceso de desenlace entre el Poder Ejecutivo y las gremiales de la educación, naturalmente, pero es pertinente formular reflexiones del porqué se ha llegado a este estado de cosas, más allá del especial momento de conflictividad que genera en el sector de funcionarios estatales la definición del Presupuesto Quinquenal de Gastos e Inversiones, donde cada gremial quiere llevarse para sí la mayor parte de la torta en disputa.
Pero no puede obviarse que es posible que las gremiales se vieran sorprendidas por el decreto de esencialidad de un gobierno “amigo” y “progresista”, que a su juicio debería allanar el camino para satisfacer sus reclamos por encima de toda otra consideración, como si en ellos empezara y terminara el mundo.
Posiblemente porque las últimas señales del gobierno con relación a la educación eran de apatía o prescindencia ante los constantes paros y anuncios de huelga de los sindicatos docentes, el anuncio de esencialidad para la enseñanza sorprendió a muchos. Inclusive al Frente Amplio como fuerza de gobierno, que terminó enfrentado a la decisión del Ejecutivo y con una propuesta de mediar entre las partes, pero notoriamente dividido respecto a la decisión.
Igualmente Tabaré Vázquez había dado varias señales de que tarde o temprano intervendría para procurar cambios en la educación, aunque en este caso el mandatario juega a dos puntas, porque a la vez de aprobar el decreto de esencialidad a 30 días, afirmó que lo dejará sin efecto de inmediato si las partes se sientan a negociar y se dejan de lado las medidas de fuerza.
Por cierto que es motivo de polémica que realmente la enseñanza pueda ser encarada como un servicio esencial por cuanto legalmente el término refiere a dejar de prestar servicios de salud, seguridad, energía, entre otras áreas en las que debe mantenerse por lo menos una guardia gremial para mantener el servicio. Pero por otro lado no es menos cierto el carácter de conmoción a nivel familiar y de la sociedad que conlleva el dejar a decenas de miles de estudiantes sin clases, en tanto en el mediano y largo plazo se genera un atraso que difícilmente se pueda recuperar en la preparación de los estudiantes; aunque este aspecto no parece tener importancia alguna para los sindicatos docentes.
Y desde el punto de vista político, tampoco pueden soslayarse las responsabilidades del propio Tabaré Vázquez en su primer gobierno, cuando aprobó una ley de educación que transfirió mayor cuota de poder a los sindicatos de la enseñanza, que igualmente nunca se quedaron conformes e igualmente seguirán presionando se les dé lo que se les dé, porque la esencia de un sindicato es reclamar más, no importa lo que se tenga. Y por supuesto, además se oponen férreamente a cualquier posibilidad de condicionar las mejoras salariales a resultados y evaluación de calidad.
No hay que olvidar que fue el gobierno de Vázquez en su primer mandato el que abrió definitivamente las puertas al control corporativo de la enseñanza, incluyendo la convocatoria al Congreso Nacional de Educación, donde los ciudadanos estuvieron ausentes y solo se generó en los hechos una tribuna para el despliegue del poder sindical, que derivó en las bases para aprobar la Ley de Educación actualmente en vigencia. Paralelamente se consolidó la idea de imponer porcentajes fijos del PBI para el presupuesto educativo y se inició la práctica de dar más dinero sin exigir a cambio ninguna meta de mejora.
El gobierno de José Mujica siguió la misma línea e incluso la profundizó, y pese a que en numerosas ocasiones el exmandatario aludió a que se mejoró el presupuesto pero no la educación, siguió dejando que el desborde sindical continuara dictando las reglas.
Hoy nos encontramos con que el gobierno está bajo “fuego amigo”, con una intolerancia digna de los escenarios más críticos de la década de 1960, que desconoce la esencialidad y todo lo que no sea afín a sus intereses, llevándose por delante la legalidad y en fin, poniendo al gobierno y a los ciudadanos entre la espada y la pared.
Y lamentablemente, en este grado de intolerancia, la situación podría seguir deteriorándose, con los alumnos, sus familias, y en suma los ciudadanos menos favorecidos como víctimas de una irracionalidad que no le hace ningún bien al sistema educativo y al país.