Nacionales | 28 Ago Tras largas horas de negociación entre los sindicatos de la educación pública y el gobierno para alcanzar un acuerdo que cese el conflicto en el sector de la enseñanza, no se llegó a un acuerdo, por lo que el Poder Ejecutivo mantiene el decreto de esencialidad y los gremios docentes las medidas de paro en los centros de enseñanza.
El gobierno presentó una propuesta a los gremios, que no fue aceptada y entre las medidas se destaca la decisión de “levantar la resolución de declaración de esencialidad de la enseñanza pública si el Pit Cnt, federaciones y sindicatos de la enseñanza pública se comprometen a reanudar las clases inmediatamente de todos los servicios y en todo el país”.
Otro punto alerta que “hasta el día lunes 31 de agosto, el gobierno no considerará la instrumentación de medidas en relación a la resolución del Ministerio de Trabajo del 24 de agosto pasado”. Esto quiere decir que hasta esa fecha, el Ejecutivo se compromete a no tomar medidas contra los docentes por no haber acatado el decreto de esencialidad.
El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo al finalizar el encuentro que la propuesta del gobierno “hay que considerarla en general, globalmente” y señaló que “sin duda para nosotros hay avances” en la negociación para cerrar el conflicto. En ese sentido mencionó que “sigue el diálogo sobre la base del preacuerdo del 21 de agosto, el que no fue refrendado por las asambleas docentes” y añadió que si el próximo lunes se alcanza un acuerdo, “solamente se descontarán los días no trabajados”.
Sin embargo, para el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), José Olivera, la situación es “muy compleja”, generada por el propio gobierno. “Nosotros venimos con el rechazo absoluto a la esencialidad, pero el gobierno se mantiene firme en su posición y no asume el costo político de la medida”, puntualizó a El País.
La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) decidió en asamblea extender hasta el lunes 31 el paro en liceos de todo el país, en rechazo al decreto de esencialidad y por mayor presupuesto para el sector público. Los docentes aguardarán que el gobierno muestre alguna señal de negociación y se reunirán el domingo para evaluar como seguirá el conflicto. En tanto, ADES Montevideo resolvió de forma unánime mantener la huelga en la enseñanza, ocupar diversos centros de estudio y declarar persona no grata a la ministra María Julia Muñoz.
En todo el país hay más de 50 centros de estudio ocupados y la Facultad de Derecho decidió suspender las clases hasta mañana sábado, luego de que la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República ocupara el edificio central de ese centro de estudios. El Movimiento de Participación Popular (MPP) emitió un comunicado anoche, donde expresa su rechazo al decreto de esencialidad en la educación pública y le pide al gobierno que lo deje sin efecto. El sector liderado por el expresidente José Mujica, señala que “no compartimos la medida de esencialidad adoptada en esta ocasión por el gobierno nacional”, propuso la instalación de una mesa de diálogo y manifestó su compromiso legislativo de realizar “los mayores esfuerzos para asegurar una mejor Educación Pública en el Uruguay”.

MARCHA BAJO EL LEMA “LOS 26 SOMOS TODOS”
Los funcionarios sindicalizados del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) marcharon hacia el Ssistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), en el marco del paro de 24 horas.
Reclamaron garantías laborales, “tanto físicas como jurídicas”, y en solidaridad con los procesados por el caso de violencia en el Ceprili, entre los que se encuentra el presidente del sindicato, José Lorenzo López. Los trabajadores anunciaron la instalación de una guardia gremial en los servicios de internados de tiempo completo (Sirpa y dependencias del INAU) y una guardia mínima en Montevideo.

ESTUDIANTES CONTRA LA OCUPACIÓN
Bajo la consigna “Estudiantes defendiendo estudiar”, un grupo de derecho realizó una concentración en la explanada de la Universidad de la República (UdelaR). En total, unos 60 jóvenes reclamaron el 6% del presupuesto nacional para la educación, pero se manifestaron en contra de la ocupación que llevan adelante un grupo de funcionarios de ese centro desde el miércoles pasado. Ariel Ganz, consejero de la Corriente Gremial Universitaria (CGU), expresó que al tener conocimiento de que los funcionarios iban a continuar la ocupación, decidieron “convocar a los estudiantes a manifestarse en reclamo de la apertura de las puertas y los salones” y agregó que “el presupuesto se negocia, pero el derecho a la educación no”.
Por su parte, Luis Diosi, secretario de organización de la Agremiación Federal de Funcionarios de la UdelaR (Affur) afirmó a El Observador que los estudiantes “no tienen nada que perder, pero lográndose el 6% tienen mucho para ganar”. Agregó que “hay que ver en qué condiciones están los salones, son gélidos, con partes de la estructura edilicia que se están derrumbando”, hay zonas identificadas por las que no se puede pasar y eso representa un riesgo, dijo.

PERSONAL DEL MIDES TRABAJARÁ EN EL SIRPA
El Gobierno definió que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ceda temporalmente personal de su cartera, que pasará a desempeñarse en los locales del Sirpa, en especial en los centros Ceprili, Ciedd y exhogar SER. La presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, dijo a El País que será personal de calle que está acostumbrado a trabajar con personas en situaciones “diversas y complejas”. Además se realizará un llamado para contratar al menos 40 nuevos funcionarios, todo ellos con diversos perfiles, desde educadores a técnicos de distintas áreas. El exintegrante del Directorio del Sirpa, Edgard Bellomo, dijo en su carta de renuncia que el motivo principal de su decisión fue que la directora de la institución, Gabriela Fulco, “descalifica” a los trabajadores.
“Confieso no haberme sentido parte de un equipo, ni representado en algunas de las acciones y pronunciamientos, más allá de los condenables sucesos del pasado 24 de julio. Nunca entendí inapropiado denunciar” los hechos “pero si procuré, sin éxito, la realización previa de una investigación administrativa exhaustiva interna, tan necesaria y obligatoria como la denuncia”, expresó en la misiva que fue publicada en El Observador.
“El punto determinante de mi alejamiento es que no comparto un estilo de confrontación que no es capaz de atender a otras opiniones, especialmente si provienen de aquellos a los que no se considera suficientemente calificados. La falta de capacitación puede resultar una limitante a la hora de la gestión, pero no puede ni debe ser motivo de descalificación”, sentenció.