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Paysandú, Miércoles 02 de Septiembre de 2015

SIGUEN DE PARO Y NO SE SENTARÁN A NEGOCIAR

Serie de paros en la enseñanza pública continúa, mientras los sindicatos aguardan levantamiento de la esencialidad

Locales | 27 Ago El Pit Cnt y los ministerios de Trabajo y Educación negociaban a última hora el levantamiento de la esencialidad este jueves, cuando se reúna el Consejo de Salarios del sector público donde se negocian --entre otros-- los aumentos para docentes y trabajadores de la enseñanza.
Los ministros Ernesto Murro y María Julia Muñoz se reunieron con el Secretariado del Frente Amplio, que se ofreció a buscar una solución en el conflicto de la educación. No obstante, los sindicatos de la enseñanza pública decidieron mantener los paros fijados para los próximos días.

EN SECUNDARIA
La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) decidió en asamblea extender hasta el próximo lunes 31 el paro en los liceos, a nivel nacional, en rechazo al decreto de esencialidad en la educación del gobierno.
El sindicato que nuclea a los docentes de Secundaria anunció que no se sentará a negociar con el gobierno mientras se mantenga el decreto y el próximo domingo se realizará una asamblea para analizar la marcha del conflicto, en caso de no lograr avances con el Poder Ejecutivo. Tanto la Fenapes como la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) aclararon que el viernes 21 no firmaron un acuerdo en el Ministerio de Trabajo (MTSS), tal como se ha planteado desde el gobierno, sino un acta de preacuerdo para bajar a los distintos ámbitos de la enseñanza. Por lo tanto, consideran que no están incumpliendo con lo acordado.
En la reunión en el MTSS se fijó una nueva fecha de negociación el lunes 31 de agosto, no obstante, en la asamblea efectuada el domingo 23, la Fenapes resolvió solicitarle al Poder Ejecutivo que adelante las negociaciones y así obtener un margen de negociación. Como respuesta se emitió el decreto de esencialidad tras el Consejo de Ministros el lunes 24.
El presidente de la Asociación de Funcionarios de la Enseñanza Media de Paysandú (Afempay), Horacio Acuña, dijo a EL TELEGRAFO que la Asamblea General de Delegados (AGD) “rechazó enfáticamente el decreto de esencialidad en la educación y aclaró que la Fenapes no firmó ningún acuerdo ni convenio con el Poder Ejecutivo, por lo tanto, nunca transgredió ninguna negociación”. En tal sentido, recordó que así “continuarían las movilizaciones y las AGD resolvieron los paros hasta el 31 de agosto, que es plazo que tiene el Poder Ejecutivo para la presentación de su mensaje presupuestal y el ingreso al Parlamento”, al tiempo que volverán a reunirse el domingo 30.
Consultado acerca de las declaraciones del ministro de Economía, Danilo Astori, quien sostuvo que durante la última década el presupuesto de la ANEP creció 122% y el salario docente se incrementó un 64% en términos reales --si se lo compara con todos los salarios que en los últimos diez años aumentaron un 47%--, Acuña reconoció tal ampliación, “pero está lejos de contemplar las necesidades de consumo de los trabajadores y de establecer una meta que es un piso conformada por el 6% del PBI para la educación”.
De acuerdo con el dirigente, el ministro realiza una presentación “muy inteligente” de las cifras. “En realidad hay que hablar de porcentajes y en términos de la economía operativa del país o lo que significan las inversiones y en ese aspecto, los trabajadores consideran que no es suficiente”, precisó.
Paralelamente, Afempay resolvió en asamblea “acatar las resoluciones de la AGD, acompañar el paro establecido por el Pit Cnt y la marcha resuelta por la Intergremial de Estudiantes”, adelantó a EL TELEGRAFO la dirigente Zully Fernández. Entre otras medidas, anunciaron “la posibilidad de dictar contracursos o clases de apoyo y extender una ayuda económica a los afiliados que lo necesiten, a raíz de los descuentos por las paralizaciones”.

EN UTU
El Consejo Nacional de Delegados de Afutu determinó “un paro de 24 horas y acompañar el paro parcial del Pit Cnt. Por otro lado, esta es la última resolución nacional, porque se parará hasta que el Ejecutivo retire el decreto de esencialidad”, informó a EL TELEGRAFO la dirigente Lourdes Pintos.
Pintos recordó que aún no consideraron el convenio, pero “aparentemente todo indica que no habrá acuerdo en algunos puntos”, no obstante “se tratará el lunes a las 14 en la próxima asamblea de delegados y allí se conocerá la posición de Afutu con respecto al preconvenio”, que se presentó a los distintos sindicatos “para refrendar o no”.
La delegada de Afutu enfatizó que los sindicatos darán marcha atrás con las medidas de paro si el gobierno “baja el decreto de esencialidad” que “en vez de dividir alos sindicatos, logró una unión de las estructuras y este rechazo se observó en la masa de afiliados”.

EN PRIMARIA
La Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu), filial Paysandú, resolvió acatar el paro de 24 horas que se extenderá hoy, “con una concentración a las 11 en Plaza Constitución, con la organización del Plenario del Pit Cnt y a las 17.30 participaremos en una marcha hasta el Liceo Nº1 con los estudiantes”, resumió la dirigente Laura Dessimoz.
Por otro lado, el sábado 29 participarán en la reunión de la mesa representativa de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), con la presencia de la totalidad de los delegados “para analizar la marcha del conflicto y el paro de este jueves”. Dessimoz consignó que rechazan “de plano la resolución del Poder Ejecutivo”, en tanto “la esencialidad no tiene un fundamento legal y es contraria a los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que regula la utilización de esta medida. Además, significa imponer restricciones al derecho de huelga, reconocido en la Constitución, y es un acto de imposición unilateral que no crea el clima adecuado que debe imperar para arribar a un acuerdo”, concluyó.

PARO PARCIAL DEL PIT CNT
La Mesa Representativa Nacional del Pit Cnt resolvió un paro parcial de 9 a 13, en rechazo a la instrumentación del decreto de esencialidad “porque entendemos es inconstitucional y en caso de no arribar a un acuerdo, haríamos la denuncia correspondiente a la justicia nacional e internacional, fundamentalmente en la OIT”, dijo el dirigente Álvaro Guigou.
Explicó que rechazan esta medida adoptada “por un gobierno que se supone progresista y de izquierda, algo que en Uruguay no ocurría desde la década del 70'”, al tiempo que sugieren “a los sindicatos de la enseñanza que acepten la propuesta del Ejecutivo y simultáneamente al levantamiento del decreto de esencialidad, depongan las medidas de paro e instalen la mesa de negociación colectiva a partir de este viernes”.
La concentración se realizará a las 11 en Plaza Constitución y en caso de lluvia se trasladará al local de Adeyom, con lectura de un documento que rechazará el decreto de esencialidad y una parte oratoria a cargo de representantes del Plenario. Guigou resaltó a EL TELEGRAFO que “el gobierno tiene libertad para accionar tal como crea conveniente, pero para el Pit Cnt sería una equivocación tremenda de este gobierno, si decide adoptar medidas represivas contra cualquier trabajador de la enseñanza. Con el acatamiento de las medidas de paro no está en riesgo la contención del alumnado, en tanto las escuelas y liceos se mantienen abiertos”.

DECRETO DE ESENCIALIDAD
El profesor de Derecho Constitucional Ruben Correa Freitas explicó a Subrayado que, una vez firmado el decreto, el Ministerio de Trabajo tiene cinco días para comunicar a los trabajadores cuáles son exactamente los servicios esenciales que deben mantener. Si los docentes deciden no presentarse a trabajar, “en primer lugar, no van a cobrar sus salarios. Y luego el Poder Ejecutivo definirá los caminos a seguir”, y señaló que “la consecuencia extrema es que puedan ser destituidos de sus cargos”.
De todos modos, Correa Freitas aclaró que en su experiencia este tipo de decretos lo que habilitan normalmente es a la negociación y la conciliación. “Entre otras medidas, el Ministerio de Trabajo puede convocar a que los docentes se manifiesten a favor o en contra de la huelga por voto secreto”, agregó el especialista.
Correa Freitas aclaró que “los docentes tienen alternativas a seguir” y ejemplificó que pueden recurrir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es la que decide la legitimidad de la medida. Además, pueden plantear un recurso de revocación del decreto y eventualmente llevar la cuestión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Incluso se puede realizar una acción de amparo, que es una medida más rápida para que la Justicia se expida sobre la legitimidad de la acción del gobierno, explicó el profesor de Derecho Constitucional.
Por su parte, la especialista en negociaciones colectivas Verónica Raffo dijo que no hay nada que limite los servicios que puedan ser decretados como esenciales por el Poder Ejecutivo. Señaló a El Observador que en la Constitución no están limitados los servicios que pueden llegar a ser declarados esenciales. “No hay una limitación desde el punto de vista constitucional uruguayo sobre cuáles son los servicios que se pueden declarar esenciales”, declaró.
La esencialidad de un servicio fue regulada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se describen como esenciales aquellos servicios vinculados con la salud, la vida o la seguridad de las personas, por lo que, si se acata a la definición más estricta, no cabría la esencialidad en la educación. Sin embargo, la especialista indicó que esa lectura se ha ido amoldando a las necesidades de la sociedad.
“La realidad es que la OIT ha ido evolucionando en todos estos años respecto a qué consideramos un servicio esencial. Hay servicios que no son esenciales naturalmente, pero que sí son considerados esenciales por el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos de OIT: ciertos servicios públicos que no serían esenciales en esa clasificación tan restrictiva, pero que tengan importancia trascendental o utilidad pública, también se pueden considerar servicios a los que el Estado les puede pedir un servicio mínimo y que tenga que haber continuidad”, explicó.
Raffo señaló que, en caso de que esos servicios se vean afectados, “el Estado se tiene que ocupar de que esos daños, que influyen de manera tan trascendental sobre los terceros, sobre la población en general, no sean tantos y no afecten a tanta gente”.


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