Locales | 29 Ago En lugar de estar discutiendo una reforma educativa que mucho necesita el país, el planteo que se está formulando y es objeto de conflicto refiere a las remuneraciones en la enseñanza, destacó a EL TELEGRAFO el diputado del Partido Independiente, contador Iván Posada, quien dijo no estar de acuerdo con el decreto de esencialidad dispuesto por el Poder Ejecutivo, por no corresponder en este caso a un servicio esencial y resultar a la vez impracticables las eventuales sanciones a que podría dar lugar.
Posada, en recorrida por Paysandú en el marco de su actividad parlamentaria para tomar contacto con la realidad del país en cada lugar, destacó que “lamentablemente no estamos discutiendo lo sustancial, porque en una instancia presupuestaria como esta, lo que debería estar arriba de la mesa es la profunda reforma educativa que debería hacerse en la educación”.
Acotó que “este debería ser uno de los temas centrales, todo a partir del diagnóstico que teníamos cada uno de los partidos políticos sobre cuál era la situación de la educación”.
Señaló que “es notorio que se profundiza en los resultados que obtiene la enseñanza hoy la brecha social existente, porque los niños y jóvenes que nacen en hogares más carenciados tienen cada vez peores resultados educativos que los que pertenecen a otros sectores de ingresos. Eso claramente supone ampliar la brecha social, porque significa menores posibilidades para estos niños y jóvenes a la hora de insertarse en el mundo del trabajo”.
“Quiere decir que esa profunda reforma educativa, que fue objeto de acuerdo entre técnicos en materia de educación de los cuatro partidos políticos que en ese momento teníamos representación parlamentaria, debería ser el tema central de discusión en esta instancia presupuestaria”, acotó.
“En realidad solo se está discutiendo de las remuneraciones, que también deberían discutirse, naturalmente, porque está claro que los docentes no tienen un salario acorde a la importancia que tiene el sector.
Pero también esas remuneraciones deberían tener un componente en función de los resultados, porque está claro que cuando uno realiza una tarea los resultados de esa tarea –en este caso de la labor docente– deben ser evaluados, como deben serlo los resultados que se obtienen desde el punto de vista comparativo entre los distintos centros de educación”, reflexionó.

ESENCIALIDAD NO CORRESPONDE
Respecto al decreto de esencialidad aprobado por el gobierno, para Posada se agravó el problema porque hubo “un acuerdo básico entre el gobierno y los gremios de la educación”.
“Algún gremio se había pronunciado en contra, es cierto, pero otros, como la Federación Uruguaya de Magisterio, estaba analizando la propuesta del Poder Ejecutivo y las informaciones que tenemos nosotros es que ciertamente esa propuesta se consideraba por lo menos adecuada, con lo cual habría pronunciamientos positivos. Pero en medio de esto el Poder Ejecutivo, sin tener marco jurídico que lo habilite, decidió por decreto establecer que los servicios educativos son servicio esencial”.
“Creo que se ha equivocado, y eso pone a la situación en un callejón sin salida, porque es notorio que los gremios no van a dar cumplimiento a la esencialidad y si el Poder Ejecutivo adoptara las medidas que corresponde, el no cumplimiento supondría claramente destituciones. Pienso que es un camino que no se va a recorrer en ningún caso y por tanto en este callejón sin salida lo único que corresponde es que el Poder Ejecutivo deje sin efecto la medida de servicio esencial y determinar el restablecimiento del diálogo como una necesidad para tratar de resolver esta situación de conflicto”, evaluó el legislador del Partido Independiente.