POR 200.000 DÓLARES

Locales | 27 Ago Por tercera vez fue suspendida la primera audiencia por uso indebido del Poder Público (corrupción), previsto por la ley 17.060, que prevé penas de entre tres meses prisión y seis meses de penitenciaría y multas de entre 50 UR y 15.000 UR según sea encontrado culpable de concusión, cohecho simple o calificado, soborno o fraude. La ley además establece una pena de 30 años de penitenciaría, la máxima prevista por el Código Penal para el caso que se sumen varios delitos o se consideren situaciones agravantes.
El lunes 24 debían declarar en el Juzgado en lo Penal de Segundo Turno el exintendente Bertil Bentos, el exdirector general de Obras y actual diputado Nicolás Olivera, el exdirector general de Administración, Heber Coello, una ingeniera que trabajaba para la Intendencia y su esposo, tres empresarios y el dueño de una barraca de materiales.
La acusación presentada por Ricardo Brasesco se refiere a una supuesta “sobrefacturación millonaria de 200.000 dólares en la obra de sobre techo de las cabinas de prensa del Estadio Artigas, sobre calle Verocay”, dijo el denunciante a EL TELEGRAFO. La obra fue licitada en octubre de 2012, construida en noviembre de ese año “y rápidamente pagada en enero de 2013”.
“El metro cuadrado de una obra de esas características es de 90 dólares si no hay que hacer refuerzos de pared y de 120 si necesita refuerzos. Esta cifra me la cotizó la misma empresa que hizo la obra para la Intendencia. En esa oportunidad cobró el metro cuadrado a 282 dólares y la Intendencia la hizo aparecer en la Rendición de Cuentas a 350 dólares el metro cuadrado”, aseguró Brasesco.
El denunciante presentó el caso en primera instancia, en octubre del año pasado ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que elevó el caso a un Fiscal de Corte, que a su vez lo derivó a la Fiscalía de Paysandú. El entonces juez a cargo de la sede penal, Fernando Islas, “me tomó declaración por una hora y media”.
Posteriormente se citó audiencia para abril pasado, “pero se suspendió, probablemente porque estaba muy cerca la instancia electoral”. Luego pasó a junio y posteriormente para el 24 de agosto pasado. “Como están las cosas, no tengo muchas esperanzas de que esto se diligencie rápidamente. Entre una cosa y otra podemos llegar a fin de año y después la Feria Judicial, sin que nada ocurra. Cuando todo es tan claro e incontrastable que no merece ninguna duda”, subrayó Brasesco.
Para el denunciante esta es solo la punta de un iceberg porque “en el período pasado ha habido sobrefacturación millonaria en dólares. No tengo dudas y sí tengo mucha documentación probatoria. No ando con eufemismos ni tengo por qué hacerlo, hay acomodo con empresarios, licitaciones que no son tales y en definitiva robo del dinero del pueblo”.
No es la primera vez que Brasesco denuncia supuestos actos de corrupción en la Intendencia, pues lo ha hecho de manera reiterada en las administraciones de Jorge Larrañaga y Álvaro Lamas. “Eso llevó a que en 2002 se me hiciera denuncia por difamación e injurias. Pero ¿sabe qué pasó? Nunca se llegó ni a la primera audiencia, porque no tenían interés de que se investigara nada de lo que yo denunciaba. No hubo nunca difamación de mi parte, pero sí he denunciado cómo se han llevado la plata del pueblo”, concluyó el denunciante.