Locales | 30 Ago En las últimas horas a diario EL TELEGRAFO le llegó una citación de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura (Dinacia), a través de su Junta de Infracciones para en un plazo máximo de tres días apercibirse de una denuncia que efectuara ALUR contra esta empresa periodística.
La razón de la denuncia de la empresa integrante del Grupo Ancap (94% de la estatal uruguaya y 6% de Petróleos de Venezuela) radica en las fotografías y videos tomados en junio pasado que dan cuenta de los daños sufridos tras el derrumbe parcial de un galpón de la recién inaugurada --por segunda vez-- planta de Nuevo Paysandú, hecho que no había sido informado por la empresa.
La notificación enviada a EL TELEGRAFO establece:
“Cítase a tomar vista del expediente Nº 857/15 en el plazo de tres días hábiles conforme a lo establecido en el decreto 500/91 de 27/09/91, el cual refiere a registros fotográficos tomados desde un drone y publicados en el diario EL TELEGRAFO el día 21 de junio del corriente, según denuncia efectuada por la empresa ALUR ante la Dinacia. Asimismo solicitamos se informe a esta Junta las especificaciones técnicas del drone utilizado (tales como peso, dimensiones, etcétera), nombre y demás datos personales del propietario del drone así como el nombre y demás datos personales de quien operó el mismo en la fecha mencionada”.

DECRETO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Llama poderosamente la atención que la Dinacia explícitamente cite al Decreto 500/91 para pedir que EL TELEGRAFO se dé por enterado, cuando ese decreto es del Poder Ejecutivo, que en su sección I, artículo 1 establece con toda claridad que “las disposiciones de este decreto alcanzan al procedimiento administrativo común, desenvuelto en la actividad de los órganos de la Administración Central y a los especiales o técnicos en cuanto condigan con su naturaleza”.
Por tanto, EL TELEGRAFO, como empresa privada, no puede quedar comprendido dentro del mismo. De hecho, surge la duda si ALUR puede invocarlo porque esta empresa también se rige por el derecho privado, aunque el 94% es propiedad del Estado. No obstante, asumiendo que sí lo pueda hacer, sería conveniente que cumpliera con lo establecido en el artículo 4 de la misma sección que establece: “La Administración está obligada ajustarse a la verdad material de los hechos, sin que la obliguen los acuerdos entre los interesados acerca de tales hechos ni la exima de investigarlos, conocerlos y ajustarse a ellos, la circunstancia de no haber sido alegados o probados por las partes”.
EL TELEGRAFO no solo está convencido que lo que ha publicado es un material de interés periodístico y, por lo tanto, relevante para la ciudadanía, así como demuestran en imágenes incontrastables la realidad de los hechos, sino que ha usado las herramientas tecnológicas con que se cuenta para lograr el material que de otra manera, hubiese permanecido oculto.
Asimismo, resulta tan claro que el Decreto 500 no aplica a una empresa privada, como que no lo hace el Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera). También es cierto que se trata de un decreto que exclusivamente tiene valor de obligación para la Administración Central. Ni siquiera las intendencias están obligadas a regirse por el mismo, más allá de lo cual prácticamente todas lo han asimilado y lo utilizan.

EL DERRUMBE
El 20 de junio pasado, basándose en fuentes fidedignas, EL TELEGRAFO publicó la información que se había producido un derrumbe en uno de los galpones de ALUR, en su planta de Nuevo Paysandú, hecho ocurrido el martes 16. Al no haber informe oficial del siniestro, se decidió realizar un vuelo sobre el lugar, con un drone propiedad de la empresa, con el cual ya se han hecho varios trabajos periodísticos durante el más de un año desde que fuera adquirido en plaza. Así se determinó que la información era correcta y que efectivamente había ocurrido un derrumbe de grandes proporciones en el depósito de alimento animal. Se tomaron fotografías y se confeccionó un video, que acompañaron la información publicada al día siguiente, el 21 de junio y fuera colgado en la web de EL TELEGRAFO.
Se determinó, en la investigación periodística, que la rotura había sido provocada por la caída de un conducto elevado de gran peso que transportaba el alimento animal hacia el galpón. No solo no había habido información oficial a la prensa --nexo con la población-- sino que peor aún, del derrumbe no se dio comunicación al Destacamento de Bomberos y tampoco el Pit Cnt local fue informado, aun cuando potencialmente podrían haber resultado heridos o hasta fallecido trabajadores en el incidente, dado la magnitud del daño que produjo, tal como se puede apreciar en las imágenes. En tanto consultado por EL TELEGRAFO, el dirigente local de Federación Ancap, Víctor Garaventa, expresó que “nos enteramos por la prensa porque no tenemos una vinculación directa (con ALUR, que opera bajo régimen privado). No sabemos lo que realmente pasó y nos sorprende --como a todos-- que una obra nueva haya colapsado. Por suerte, no hubo heridos, si no la empresa se las hubiese visto negras”. Aunque de todas formas, extrañamente no hubo reclamos sindicales de ninguna parte a pesar del riesgo al que estaban expuestos los trabajadores; así como tampoco intervino de oficio ningún fiscal.
Los empleados de ALUR, por otra parte, no pudieron brindar información puesto que Ancap y ALUR exigen confidencialidad y prohíben expresamente que estos aporten cualquier tipo de datos a terceros sobre lo que ocurre en la planta, aun cuando el hecho era de interés público, en la medida que se trataba de un defecto de construcción en una planta muy recientemente inaugurada.
Fue solo mediante el dron de EL TELEGRAFO que pudo apreciarse claramente la magnitud de los daños provocados por el derrumbe parcial en el depósito. La estructura metálica había sido pre armada en China y trasladada al Uruguay lista para ser instalada, y fue una de las últimas obras antes de empezar a producir.

LA LEGISLACIÓN
El vuelo de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), conocidos como drones, según recoge la 23ª edición del Diccionario de la lengua española, derivado por asimilación del inglés drone, que literalmente significa zángano, está regulado por la resolución 291/014 de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), aprobada hace apenas un año. El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, los denomina UAV, manteniendo la denominación del inglés, Unmanned Aerial Vehicle, y como Dispositivos Aéreos Operados a Distancia.
La resolución fue adoptada considerando “que la Organización de Aviación Civil Internacional tiene previsto emitir normas y métodos recomendados (Sarps; Standard and Recommended Practices) para este tipo de actividad a partir del año 2018” y que “a nivel regional el LAR 91 Operación e Aeronaves refiere única y concretamente a ‘Aeronave pilotada a distancia (RPA)’, realizando referencias a los mismos en los Apéndices K y M respecto de los requisitos para utilizar estas aeronaves, no estando contemplados otros tipos de dispositivos”.
Divide a los drones en tres categorías: Menores, Medianos y Mayores. Los primeros son aquellos con un peso menor a 25 kilos (entre los que se incluye precisamente en que utiliza EL TELEGRAFO). Los medianos son aquellos dispositivos de entre 25 kilos y 260 kilos de peso. Y los mayores, los que superan este último peso.
Para todos --más allá que queda sobreentendido que resulta absolutamente imposible en el caso de drones de un kilo y medio, como el de EL TELEGRAFO-- se establece la prohibición “del transporte de pasajeros”. También se prohíbe “las operaciones internacionales, el vuelo en áreas prohibidas o restringidas, el vuelo sobre áreas pobladas o concentraciones de personas, el vuelo en zonas de tráfico de aeropuertos y aeródromos”.
Los dispositivos menores no requieren “registro, certificado de aeronavegabilidad, licencia, autorización o permiso para el operador” y no pueden operar “en espacios aéreos controlados o en la zona de tráfico de aeródromos, salvo autorización otorgada por la autoridad ATM (Control de Tránsito Aéreo).
EL APARATO
El dron de EL TELEGRAFO es un cuadricóptero DJI Phantom 2, de 1,3 kilos de peso y un largo diagonal de 350 milímetros. Con 22 minutos de autonomía, el vuelo es controlado por control remoto inalámbrico. Cuenta con GPS, compas y acelerómetro para estabilizar y posicionar el dron, con seguridad en el aire.
También cuenta con un software que en casos de emergencia, tales como agotamiento de la batería o pérdida de señal hace que el aparato retorne al lugar de despegue, volando veinte metros más alto que la altura de vuelo en la que se encontraba y aterrice de manera segura.
El dron está equipado con una cámara fotográfica GoPro Hero 4, con base estabilizada, transmisor de video y un sistema integrado (chip) que superpone los datos de vuelo en la imagen de video (altura, dirección, posición sobre la horizontal, distancia, velocidad de ascenso o descenso, estado de la batería, etcétera).
El transmisor del control remoto cuenta con un receptor de video y pantalla LCD, y un amplificador de señal de RF de salida que permite volar el dron a una distancia superior a los tres kilómetros.
CÓMO SE HIZO EL VUELO
El vuelo sobre la planta de ALUR se hizo desde la esquina noreste del predio, con el operador en la calle, manteniendo en todo momento alcance visual. La zona del siniestro se sobrevoló a una altura de entre 55 y 70 metros, tomando fotografías y video. El vuelo tuvo una duración total de 15 minutos, tal y como puede certificarse en el video subido al portal de videos YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=cHcPFoUpWFM). El sigilo fue tal que aunque había un par de obreros trabajando sobre una grúa, estos no se percataron del vuelo del dron.

LA IMPORTANCIA PERIODÍSTICA
A todas luces queda claro la trascendencia de lo realizado, y por varios motivos. El primero, provocó que finalmente ALUR, ante lo incontrastable de las imágenes emitiera un comunicado --aunque por demás escueto-- dos días después de la publicación. En el mismo aceptó todo lo publicado por EL TELEGRAFO, no desmintió nada en absoluto.
En tanto, la construcción de la planta ha sido -y es- cuestionada por sobrecostos. Recientemente, el director de Ancap (e integrante del directorio de ALUR), Diego Labat, aceptó estos hechos y aunque no fue concluyente porque dijo que aún no había escuchado las razones de los gastos, estos parecían excesivos.
Con eso en escena, resultó claro que para determinar el verdadero daño provocado en una planta nueva, era necesario utilizar toda la tecnología de la que se dispone actualmente. De hecho, las fotos y videos del siniestro pusieron en evidencia, con toda claridad, que hubo riesgo real para los trabajadores, lo que está configurado en la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que establece penas para las empresas y sus responsables que incurran en esa figura del delito penal.
Pero además, era necesario determinar la realidad de lo ocurrido después que la planta tuviera dos inauguraciones, con la presencia del presidente en un caso y del vicepresidente en el otro, de dos administraciones diferentes, cuando en ninguno de los casos la obra está totalmente terminada.
El 15 de octubre de 2014 el entonces presidente José Mujica inauguró la planta de bioetanol pero esta no podía producir, se dijo, hasta fin de año. En ese acto, EL TELEGRAFO utilizó su dron y paradójicamente su producción de fotos y videos fue elogiada por al menos uno de los directores de Ancap.
El 24 de abril, el vicepresidente Raúl Sendic --quien en la administración anterior se había desempeñado como presidente de Ancap-- realizó una segunda visita-inauguración de la planta, con dos días de actos.
A esto hay que sumar que las pérdidas sufridas por Ancap han sido una y otra vez cuestionadas, al punto que hasta el propio Frente Amplio aceptó la integración de una Comisión Investigadora.
Por tanto, lo realizado por EL TELEGRAFO no parece otra cosa que cumplir a cabalidad con su deber, asumido hace ya 105 años, que no es otro que buscar la verdad --incómoda a veces-- y publicarla.
Claramente, la denuncia de ALUR contra EL TELEGRAFO atenta contra la función periodística y el sagrado derecho de la ciudadanía a la información de calidad.

TODOS QUIEREN USAR DRONES
Los drones son hoy por hoy un gadget popular. Como ocurre con todo lo que es tecnología, lo que hace tan solo unos años era solo accesible para grandes empresas y el gobierno, hoy está al alcance de todos. De hecho, existen en el mercado drones “de juguete” –pero que igualmente cumplen su función— por valores inferiores a los 100 dólares en Uruguay. Y uno ya más “profesional” se puede adquirir desde los 600 dólares en adelante.
En Paysandú hace ya bastante que se vienen usando, al punto que durante la 48ª edición de la Semana de la Cerveza del año 2013 hubo al menos tres trabajando en el predio, entre ellos el de EL TELEGRAFO. Y nunca hubo denuncias de ningún tipo por el uso de drones en Paysandú, incluso cuando en el sitio de YouTube de EL TELEGRAFO hay videos tomados sobre las plantas de Ancap y ALUR en los últimos 10 meses.
El Ejército Nacional evalúa incorporar drones para utilizarlos en las misiones de paz de las Naciones Unidas en las que participa Uruguay. En tanto, en el ámbito civil El Correo evaluó en 2013 el uso de drones para el transporte de correspondencia a zonas alejadas, para reducir costos y aumentar la eficiencia pues llegar con vehículos terrestres provoca demoras en el servicio.
En Estados Unidos, Amazon anunció que utilizará aviones no tripulados para la entrega de sus pedidos a partir de 2018, lo que generó un enorme debate sobre las leyes que pueden regular su uso. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) indicó que este año comenzó a considerar la temática haciendo reuniones con expertos. El objetivo es establecer reglamentaciones para este tipo de aeronaves.
En la Expo Melilla 2015, el agrónomo y biólogo Daniel Dupré, en una conferencia, destacó que el uso del dron puede facilitar la toma de decisiones a nivel de campo. Como gerente de VANT, empresa multinacional con experiencia en telecomunicaciones, dijo que se puede realizar control sanitario y otros manejos en agricultura de precisión, prevención de incendios forestales, planos altimétricos y proyectos ambientales.