Locales | 01 Sep Si bien no está cuantificada en pesos, la morosidad de los contribuyentes con la Intendencia de Paysandú es del orden del 40% en la contribución inmobiliaria --lo que representa unos 6.000 padrones urbanos, suburbanos y rurales--, un 25% en patente de autos y camionetas --alrededor de 10.000 vehículos-- y un 70% en motocicletas --alrededor de 28.000. Para encarar el cobro, la Intendencia considera la posibilidad de tercerizar las gestiones buscando una mayor efectividad.
El director de Administración de la comuna sanducera, economista Gastón Núñez, dijo a EL TELEGRAFO que ya están identificados unos 200 grandes deudores, con los que se iniciarán los trámites necesarios para lograr el cobro de sus deudas.
“Al día de hoy tenemos una recaudación dentro de lo normal. En términos de morosidad, lo que tenemos claro es la morosidad de los automotores, que tenemos totalmente discriminada, y es alrededor de un 25%, separada de la morosidad enorme que representa la patente de rodados de las motocicletas”, sostuvo.
Según el jerarca, “en 2014 la morosidad total de los automotores fue algo superior a la media nacional que fue del 23%, que es enorme. Pero hay otro tema, y es que discriminando los automotores con las motocicletas, la diferencia es enorme, la morosidad de automotores es de las más bajas, comparando con la morosidad en motocicletas y en
contribución inmobiliaria”.

DEBEN SIN CRISIS
“Estamos en un nivel de morosidad alto en general en el país y, en particular, en Paysandú, considerando que no estamos en situación de crisis. Si fuera 2002, se entendería, pero en 2014 seguimos creciendo al 4% después de la mejor década de crecimiento en la historia del país. Y aún así tenemos que uno de cada cuatro no paga”.
Esa morosidad registrada de casi la cuarta parte corresponde “solo a autos y camionetas, no incluye vehículos de alquiler ni camiones ni ómnibus”, de los que el director no brindó cifras. Pero sí destacó la altísima morosidad de la patente de motos, que alcanza aproximadamente al 70% de las registradas, lo que según algunas consultas hechas por EL TELEGRAFO alcanzarían las 28.000 motos de las alrededor de 40.000 que están empadronadas en la IdP. Núñez aclaró que “en términos de dinero es poco, pero el problema que genera es enorme, y aún no tenemos definido qué hacer”. Además, “también hay un número de motos que ni siquiera se empadronan, y eso tendríamos que verlo con quienes las venden, y en muchos casos las empadronan y pagan solamente el primer año”. Agregó que “hay que buscar estrategias en ese sentido, porque no solo es un problema grave, sino que el retorno económico que tiene es muy bajo, porque la patente es bajísima, pero incluso así no se paga. Está claro que no es un problema de precio”, aseguró, “y si no es precio, no pasa por ajustarlo, va por otro lado. Y tenemos un problema de incentivo para los pagos. Al no estar en el registro nacional de conducir, todavía nuestro registro de multas y transmisión de las sanciones es parcial, no total”.
Dijo que esta situación con las motos “genera un problema: si se detienen y retiran, hay que ver los depósitos en que se ponen, y ver también qué se hace cuando las motos no son retiradas, porque hacer el remate es bastante complejo. Ya tenemos problemas con lo que está para atrás. Porque en la anterior administración se había hecho una selección de las motos que estaban en condiciones de ser rematadas, pero eso se paró”.
Consultado si la administración manejará algún tipo de promoción para que los deudores vehiculares se pongan al día, dijo claramente que no. “Acá no va a haber quitas, no va a haber perdonatutti y que la persona que paga en fecha sea el afectado y la persona beneficiada sea el deudor. Acá no va a haber premio al deudor, el premio va al buen contribuyente, es una decisión tomada”, sostuvo.

LA CONTRIBUCIÓN
Las deudas morosas por contribución inmobiliaria en Paysandú “están en el orden del 40%” del total, mientras que en otros departamentos está entre el 20 y el 30%, por lo que Paysandú es de las Intendencias que más morosos registra. Lo que “es un problema grande”, dijo Núñez, y “con el condimento que un montón de padrones que está manejando ahora la Asesoría Jurídica están en condiciones de exigibilidad a nivel judicial desde la pasada administración, incluso de padrones muy grandes de deudores contumaces, y eso por una decisión política no se siguió adelante. Incluso ya se había hecho la identificación de padrones y hay muchos bien individualizados, pero al llegar a la última decisión, que es la firma del intendente para el título ejecutivo, no se hizo. Y ahí hay una responsabilidad no del sistema, sino de la persona del intendente y de la administración, no había interés en llevarlo al final”. Esos padrones ya identificados plenamente con su titular, serían “unos 200, pero es una estimación mala porque en realidad puede haber muchos más que no han sido individualizados todavía”.
Sobre cuánto representaría esa deuda para la Intendencia, Núñez dijo que no tiene el número, “porque de llegar a la vía judicial, podría generarse un convenio de pago y si termina cobrándose con un remate, habría que ver si no hay otros acreedores, entonces la Intendencia no estaría primera en la fila. No sé cuánto se va a cobrar”, afirmó. Tampoco tenía el número exacto de padrones deudores, aunque los que ya estaban prontos y en condiciones de exigibilidad, con el titular plenamente identificado, son unos 200, pero pueden ser más”.

HAY 1.200 PADRONES NO IDENTIFICADOS
En el trabajo que hizo una contadora contratada por OPP durante la administración anterior para depurar el padrón y hacer coincidir fundamentalmente las bases de datos de la Intendencia y del Registro Nacional de Propiedad, se logró el reconocimiento pleno del titular actual de muchos padrones, “pero había padrones que fueron imposibles de identificar, es una zona de nebulosa que no está clara”. Por eso, se trata de más de mil docientos padrones que, al no conocerse el propietario, no hay a quién cobrarle la contribución. “Se puede intentar en términos legales ubicar al contribuyente o llamarlo para ver si ese padrón es interés de alguien, y ahí se regularizará. Aunque muchas veces en esas regularizaciones la deuda para atrás no sea exigible”, explicó.
Sobre qué pasa si no aparece dueño para ese padrón, dijo que se tratará de buscar “la solución para que eso no pase y no quede así”. Según Núñez, una de las posibles soluciones sería “crear una base donde cruzar los datos de Catastro, el Registro y la Intendencia”.
“Si se siguiera el procedimiento, se podrían identificar muchos más; y de esos que están en teoría totalmente individualizados, que son unos 200, el director de Jurídica me dijo que faltaban algunos detalles y no estaban completos”, agregó Núñez. “Si el padrón figura con deuda, no hay duda, el problema es identificar al titular del padrón”, indicó.
En cuanto a qué tipo de padrones son los deudores, urbanos, suburbanos o rurales, y por qué montos, el jerarca dijo que se maneja el porcentaje del total de padrones morosos, “dentro del 40% hay muchos padrones grandes, esa traducción hay que hacerla para el presupuesto para estimar cuánto de eso se puede recuperar”.
EL CLEARING DE INFORMES
Una de las herramientas utilizadas por la Intendencia para evitar los deudores es su registro en el Clearing. Sin embargo, el contrato se vence en diciembre. “Estamos conversando la estrategia a seguir. Estamos evaluando la forma de evitar que el contribuyente deudor pueda interceder ante la Intendencia para que esa deuda se dé de baja. Pensamos poner un agente intermedio que cobre la deuda, pero sin que la persona pueda venir a la Intendencia, como ya pasó, a pedir que se le descontara la deuda”.
Preguntado si no es una tercerización del cobro de los tributos municipales, Núñez dijo que “podría llamarse así, pero no es estrictamente. La tercerización del cobro es en realidad la venta de la deuda a una empresa, y eso no se va a hacer”. Comparándolo con el actual sistema de pago de tributos por medio de Abitab o Redpagos, por ejemplo, dijo que “es un formato de ese tipo, se verá la utilización de los mecanismos que hay”, porque “lo que pasaba era que el Clearing tuvo un muy buen desempeño, después tocó algún sector sensible y vino la orden política de no pasar más padrones deudores a la segunda instancia y se cortó. No queremos que nadie se vea tentado a interceder por un deudor; si tercerizamos el cobro, eso no será posible. Además, no ponemos ningún recurso y el mismo que hace la gestión de cobro se encarga del Clearing, solamente le pasamos el padrón para que cobre y que ellos hagan incluso los juicios ejecutivos para el cobro. Es transferirle la posibilidad de cobrar. Pero la decisión todavía no está tomada, es algo a definir”, concluyó.