Nacionales | 03 Sep La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) tendrá la potestad de “controlar y supervisar” que se cumplan las leyes de tránsito y seguridad vial. Para eso contará con la Policía Nacional de Tránsito, que absorberá a la Policía Caminera, según informó el portal 180. Esta nueva policía funcionará como una dependencia de la Guardia Republicana, que absorberá a la Policía Caminera, y tendrá recursos del Ministerio del Interior. Las modificaciones fueron establecidas por el Poder Ejecutivo en la ley de Presupuesto.
“Teníamos una carencia muy grande en los controles. La presencia activa de los agentes de tránsito para fiscalizar el cumplimiento de las normas es fundamental y en la medida que haya una policía nacional que articule los controles, habrá un antes y un después. Tenemos un período crítico los fines de semana, donde fallece el 40% de las personas involucradas en siniestros de tránsito fatales y en ese período las tasas de espirometrías se cuadruplican y quintuplican, o sea que no hay controles y esa será una de las primeras metas que vamos a establecer para la Policía Nacional de Tránsito, que se va a articular con los cuerpos inspectivos departamentales”, declaró el presidente de la Unasev, Gerardo Barrios.
La Republicana tiene un programa de Seguridad Vial y este año intensificó los procedimientos. En los primeros seis meses del año, requisó 5.667 motos porque presentaron irregularidades y detuvo a 715 personas. Al momento de realizar la inspección, no solo se tiene en cuenta el estado de la moto, también se realizan controles de alcoholemia al conductor. Se hicieron 6.607 alcoholimetrías, de las cuales 738 resultaron positivas.
Las nuevas potestades de la Unasev se establecen en los ar-tículos que van del 35 al 39 en la ley de Presupuesto. El organismo mantiene su junta de tres miembros –presidente, vicepresidente y secretario general– que podrán ocupar su cargo por cinco años y solo podrán reelegirse por un período más. Pero también se crea la Junta Nacional de Seguridad Vial, integrada por los subsecretarios de los ministerios de Transporte y Obras Públicas, del Interior, de Salud Pública y de Educación y Cultura, un integrante del Congreso de Intendentes y la Unasev. La secretaría general de esta junta será ejercida por el presidente de la Unasev y su funcionamiento será establecido en la reglamentación, que se debe elaborar.
“La Junta Nacional de Seguridad Vial posee como cometidos el de asesorar, recomendar, proponer las acciones y los planes de control para el efectivo cumplimiento de las normas de seguridad vial, dentro del ámbito de sus respectivas competencias”. También se crean “regiones de seguridad vial”, para mejorar la “eficiencia y eficacia” de la aplicación de la política en todo el país.
Con la creación de esta junta, la Unasev puede incidir en la fiscalización. “Controlar, supervisar y generar los mecanismos para el cumplimiento de las leyes nacionales de tránsito y seguridad vial en todo el territorio nacional a través del Ministerio del Interior”, son los nuevos objetivos de la Unasev.
“Vamos a tener una junta a nivel del Poder Ejecutivo, al más alto nivel, para garantizar el cumplimiento de la ley. También la propia ley de Presupuesto establece una estructura nacional que la vamos a armar en este período y nos va a permitir trabajar en este país. Esos dos componentes, los cambios de estructura y lo que la nueva ley de tránsito tiene nos va a permitir actuar en todo el país. Ya no vamos a estar nada más que exhortando a que las cosas se hagan de tal o cuál manera, sino que vamos a tener la posibilidad de supervisar que finalmente se realicen”, sostuvo Barrios.
La Unasev tiene una reunión pendiente con el Congreso de Intendentes para informar los cambios. Las autoridades sostienen que esto no elimina las autonomías departamentales y sus cuerpos de fiscalización que son los inspectores de tránsito.

SECUNDARIA LEVANTÓ HUELGA
La Asamblea de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo resolvió, en una reunión realizada en el club Sudamérica, levantar la huelga y retomar las clases.
Hoy se volverán a dar lecciones en los liceos, poniendo fin a un conflicto que se extendió durante semanas, según informó El País. Los maestros levantaron la huelga el martes, dos días después de que el gobierno quitara el decreto de esencialidad en la enseñanza, por lo que se esperaba que el sindicato de profesores hicieran lo mismo.
Por otra parte, la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Trabajo del Uruguay (Afutu) también resolvió levantar la huelga que habían comenzado el 21 de agosto. En la asamblea hubo 160 votos a favor de dar por terminada la medida, 45 en contra y 20 abstenciones; hoy retoman las clases. Los docentes y funcionarios de UTU tampoco aprueban la propuesta salarial del gobierno y volverán a reunirse en asamblea el 9 de setiembre.

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AFECTADO
El abastecimiento del combustible peligra debido a las medidas de huelga efectuadas por choferes de camiones de transporte de combustible en La Tablada, según informó la Asociación de fleteros transportistas de combustibles líquidos, informó El Espectador.
La asociación manifestó a través de un comunicado que “existe un convenio vigente en el sector, por lo que no corresponde hacer correcciones ni modificaciones salariales en estas fechas y cualquier acuerdo fuera del mismo realizado bajo estas presiones es manifiestamente ilegal”.
En ese convenio “se estableció que las partes acuerdan que en caso de conflicto, antes de adoptar medidas de acción gremial de cualquier tipo los involucrados agotarán las instancias de diálogo y negociación a los efectos de encontrar soluciones al mismo”. Sin embargo, indicaron, eso no se ha llevado a cabo.
“Nuestra institución declara que es totalmente ajena a esta situación y no promueve ni participa de ninguna manera en la referida huelga, deslindando toda responsabilidad por los perjuicios que pudiera causar y exhorta a los promotores a desistir de estas acciones desestabilizadoras y realizar los servicios en forma normal”, concluyó.

JUEZ DE PAZ PROCESADO POR COBROS ILEGALES
El juez de paz de Conchillas fue procesado y se determinó su prisión domiciliaria por supuestos cobros ilegales de impuestos para la realización de trámites gratuitos o de bajo costo en casamientos, informaron fuentes judiciales a la agencia EFE.
Además, un funcionario del juzgado se encuentra en régimen de prisión preventiva por participar en estos actos de concusión, nombre legal que recibe el hecho de que un funcionario público cobre, en beneficio propio, más de lo que corresponde por la realización de una de sus tareas.
La investigación de los hechos comenzó tras la denuncia contra este último por parte de un hombre que se iba a casar con su pareja y al cual le exigieron unos 5.700 pesos por gestiones administrativas cuyo precio no supera los 500 pesos, informó el Poder Judicial.
Según detalló la sentencia, la jueza encargada del caso solicitará la revisión de los matrimonios oficiados por el Juzgado de Paz de Conchillas en los últimos cinco años para “probar el hecho denunciado y determinar desde cuándo” se realizaban estas maniobras fraudulentas, explicaron fuentes judiciales.
La condena de los dos procesados puede llegar hasta los 12 meses de prisión y acarrear una sanción económica. Las bodas realizadas no serán declaradas nulas dado que cuando el juez de paz las oficiaba, actuaba en calidad de funcionario del registro civil, organismo que no ha iniciado ningún proceso de revisión de estas uniones.